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Un grupo de firmantes de paz que componían el antiguo secretariado de las Farc solicitó al gobierno de Abelardo de la Espriella conocer detalles sobre el futuro del cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 durante su administración.
Entre los excombatientes que firmaron la carta están Rodrigo Londoño Echeverry, Pastor Alape Lascarro, Julian Gallo Cubillos, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Rodrigo Granda Escobar, Jaime Alberto Parra Rodríguez, quienes solicitan a la nueva administración claridad sobre la política de implementación en estos cuatro años, detalles sobre los cambios que propone a la arquitectura institucional planteada en el acuerdo, así como posibles reformas a la Jurisdicción Especial para la Paz.
A través de un derecho de petición de 16 páginas, los firmantes sustentan sus dudas en una serie de preocupaciones fácticas y jurídicas.
La primera de ellas son los anuncios de reformas en la nueva administración que plantearon la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la supresión de dependencias en la Presidencia (incluyendo la eliminación de 229 cargos) y el traslado de funciones de la Unidad de Implementación a un nuevo “Comisionado Nacional de Seguridad”. Además, se contempló la posible fusión o eliminación de entidades fundamentales como la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Exigen los estudios técnicos, jurídicos y fiscales que justifiquen las declaraciones del presidente sobre la eliminación del Comisionado de Paz o la reestructuración de la Unidad de Implementación. Además, solicitan las actas, diagnósticos y documentos que se elaboraron durante el proceso de empalme gubernamental respecto a la paz.
Por ello, pidieron detallar las medidas que se adoptarán para garantizar la vida de los firmantes y los esquemas de seguridad en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Indagan a su vez, si se activarán instancias clave como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Subdirección Especializada de la UNP, el Cuerpo Élite de la Policía o el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP).
Los firmantes advierten que el 31 de diciembre de 2026 vencen los decretos que amparan el acompañamiento psicosocial y el apoyo económico básico para la reincorporación, sin que se conozca un decreto de prórroga. Asimismo, señalan vacíos normativos para respaldar los esquemas de seguridad de los firmantes a cargo de la UNP y para prorrogar la reincorporación a largo plazo.
Tras el anuncio del ministro de Justicia, Iván Cancino, de realizar una revisión rigurosa de los plazos y del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aclarando que la política de la administración entrante no es prorrogar el mandato de esta jurisdicción. Pidieron conocer si la nueva administración planea presentar proyectos de ley, actos legislativos o decretos para modificar la estructura, competencias, autonomía o duración de la JEP.
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El documento le recuerda al nuevo gobierno que la Corte Constitucional determinó que este cumplimiento es un referente obligatorio de validez y rige durante tres periodos presidenciales completos (hasta 2030). Bajo el principio de progresividad y no regresividad, el Gobierno no puede usar su margen de apreciación para desmontar unilateralmente capacidades institucionales ya consolidadas para la paz.
A través de 16 solicitudes concretas, los firmantes piden al Gobierno Nacional información oficial, documentada y verificada sobre la política general de implementación (2026-2030). Por ello, exigieron conocer cuáles serán las medidas concretas, entidades responsables, presupuestos y mecanismos de seguimiento para garantizar el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz y del Plan Marco de Implementación (PMI).
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Entender mejor la nueva arquitectura institucional, a partir de los datos de qué dependencia y funcionario asumirá la coordinación de la implementación del Acuerdo, especificando su nivel jerárquico, funciones y presupuesto. También piden saber qué entidad rendirá cuentas ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI) y el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).
Quieren conocer si se mantendrá la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y si el Gobierno de Abelardo de la Espriella planea prorrogar los instrumentos normativos y de apoyo económico/psicosocial de largo plazo que expiran a fin de año.
Conozca aquí el derecho de petición:
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Por Nicolás Torres García
