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En plenaria del Senado de la República quedó aprobado el proyecto de ley, de la Alianza Verde, que pretendía que fueran eliminadas las marcas de Gobierno que cada mandatario, tanto el presidente como los alcaldes y gobernadores, proponen en su cuatrienio y para el que invierten dinero en diseño de logos, publicidad y material. Los representantes Carolina Giraldo y Cristian Avendaño, ponentes del proyecto, aseguraron que esos cambios en cada período le costaban al país unos $2 billones anuales.
Lo que pretende esta iniciativa legislativa es que haya una única identidad visual para las entidades —que también incluye ministerios, Fuerzas Militares, Fiscalía, Procuraduría y Congreso— para que con la llegada de nuevos directivos o mandatarios no haya cambios en esa identidad visual. “La idea es que el país no se vea obligado a invertir millonarias sumas, en cambio, de papelería, logos y distinciones propias”.
La senadora Angélica Lozano, que ha liderado el proyecto desde el Senado, dice que esta iniciativa busca hacer realidad la necesidad de tener gobiernos más austeros y que no haya gastos en cambios de publicidad, logos e identidad corporativa.
El proceso que sigue es que el Congreso concilie el proyecto y, después, el presidente lo sancione como ley de la República. La iniciativa legislativa busca que se reduzcan los costos en papelería, colores, eslogan, chalecos, lapiceros, vasos y todo el material que, cada cuatro años, debe cambiarse por la nueva marca de Gobierno de cada mandatario.
Cristian Avendaño, representante ponente del proyecto, calificó como “vagabundería” el hecho de que “algunos funcionarios públicos no les guste la comunicación gráfica que tiene su entidad, no les importa rescatar la identidad cultural e histórica de sus territorios y derrochan plata del presupuesto. Plata de ustedes, de sus impuestos, para enaltecer su imagen personal o la de sus partidos o movimientos políticos”.
El documento que fue radicado en el Congreso explica que, a partir de la sanción de la ley, las entidades tendrán que ajustar su identidad visual “dentro de los seis meses siguientes a partir de la entrada en vigencia de la ley”.
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