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¿Debido a cuáles hechos anunció indagaciones preliminares para establecer si miembros de las fuerzas del Estado están involucrados en asesinatos de líderes sociales?
Se escuchan voces de la ciudadanía sobre presuntos nexos entre algunos poderes, autoridades locales y actores armados ilegales en los territorios en donde la presencia del Estado es muy débil y en donde han ocurrido asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Es una situación que no se puede aceptar. La Procuraduría va a actuar con rigor para disciplinar a todo funcionario público que viole la ley y contribuya, por acción u omisión, a la crisis que vivimos. Es claro que el país espera resultados.
Si usted toma esa decisión, debe ser que tiene indicios más o menos serios sobre algunos uniformados…
Vamos a indagar sobre todas las denuncias de las organizaciones sociales, líderes amenazados y familiares de las víctimas. Le estamos pidiendo a la comunidad que rompa el muro del miedo y la intimidación, y denuncie. No es hora de callar. La Procuraduría seguirá escuchándolos y atendiéndolos tanto en el nivel central como en los territorios. El gran reto del Ministerio Público es acabar con la impunidad. Por ello hemos designado, en el marco de la Directiva 002, a agentes especiales en cerca de 250 procesos penales en los que la víctima es un líder o un defensor de derechos humanos.
Usted dijo esta semana que existe la posibilidad de que grupos armados ilegales estén reclutando a miembros de la Fuerza Pública. ¿En qué basa esta hipótesis?
Esa preocupación se expresó en la Casa de Nariño: en la reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) del pasado martes, el fiscal puso el tema de la eventual cooptación, por parte de actores armados ilegales, de agentes del Estado en algunas regiones. El presidente Santos ordenó iniciar acciones concretas para impedirlo y se refirió, además, a la importancia de la competencia disciplinaria de la Procuraduría en estos casos. No dudamos del profesionalismo de nuestra Fuerza Pública y sus avances en la garantía de los derechos humanos, pero no hay que desconocer el riesgo de que algunos de sus miembros, al igual que otros agentes del Estado, puedan ser cooptados. Todavía en Colombia hay territorios en que la ley es impuesta por individuos que, con fusil en mano, intimidan, corrompen con dinero manchado de sangre y estimulan la inacción u omisión de quienes deben defender la vida, honra y bienes de los colombianos. Hay que romper esos ciclos. La barbarie no puede ser nuestro futuro.
Quiere decir que la preocupación por el presunto involucramiento de agentes del Estado en asesinatos de líderes sociales no es sólo de la Procuraduría…
Como dije, sobre la eventual cooptación de agentes del Estado por las organizaciones criminales hubo un reconocimiento en el informe de la Fiscalía. Eso llevo al presidente a dar instrucciones claras, a las instancias disciplinarias de las Fuerzas Militares y de Policía, para que determinen lo que puede estar sucediendo en unas regiones. Por supuesto, también se refirió a la función de la Procuraduría que encaja en este tipo de investigaciones. Y, además, recibimos solicitud de intervención por parte de organizaciones de derechos humanos.
Entonces, ¿por qué el ministro de Defensa parece estar tan molesto con la Procuraduría y con los medios de comunicación que publican las posibles relaciones de unos uniformados con los homicidios de líderes sociales? ¿Le preocupa la exasperación que él muestra?
No. No tengo ninguna preocupación, porque nosotros no hemos hecho acusaciones particulares sobre agente del Estado alguno. Lo que dijimos es que estamos en la fase de indagación preliminar a la cual me obliga la ley, dada la gravedad de unas denuncias.
A pocas horas de asesinada la lideresa de Cáceres (Ant.) Ana María Cortés, se dijo que ella estaría vinculada al Clan del Golfo como sugiriendo que había sido asesinada por enfrentamiento entre mafiosos. ¿Cómo establece la Procuraduría la verdad de los hechos en una zona tan conflictiva como la del bajo Cauca?
La verdad es, precisamente, lo que hay que determinar, y es trabajo que debe realizar la Procuraduría. El ministro de Defensa dio unas declaraciones que generaron mucho malestar en las organizaciones sociales y los sectores de la opinión pública. En este tipo de situaciones debe haber mayor responsabilidad de los funcionarios públicos en sus afirmaciones. La Procuraduría rechaza la estigmatización de los líderes sociales y está atenta a disciplinar a quienes insistan en esa práctica.
¿Incluiría en las investigaciones disciplinarias a senadores que han instigado dudas sobre los motivos por los que se asesina a los líderes sociales, en sus cuentas de Twitter y otras redes sociales?
Nadie puede celebrar la muerte de otro colombiano, ni estigmatizar ni instrumentalizar a las víctimas para ganar réditos electorales. Hay que rechazar el aprovechamiento electoral. La Procuraduría insiste en la necesidad de sensibilizar a los colombianos sobre la labor que cumplen los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Quienes disparan, buscan asesinar un proceso comunitario, decapitar un sueño, dejar acéfala la democracia local y condenar el país a la barbarie. Celebro que los medios de comunicación estén promoviendo el repudio al asesinato de los líderes y defensores. Si Colombia se moviliza, inmovilizará a los asesinos.
Usted les hizo un llamado a alcaldes y gobernadores para que asuman responsabilidad institucional en casos que impliquen la seguridad de líderes sociales. ¿Significa que los mandatarios regionales se han desentendido y se limitan a esperar a que el nivel central del Gobierno actúe?
Así es. Es indispensable la articulación de las autoridades locales y departamentales con las nacionales en la protección de los líderes y defensores de derechos humanos. Es una obligación de todos los funcionarios públicos actuar de manera preventiva y no reactiva. La Procuraduría conmina a las autoridades territoriales a que asuman esta tarea y la incluyan en sus planes de gobierno. Precisamente, en los próximos días expediremos una circular reiterando los alcances de la Directiva 002 para que alcaldes y gobernadores, entre otras autoridades, cumplan con sus obligaciones en este campo y se atengan a las responsabilidades disciplinarias frente a las omisiones en que incurran en la defensa de la vida de los líderes sociales.
¿Asumirá, entonces, la Procuraduría una nueva línea de investigación contra funcionarios que se hagan los locos frente a la protección de los líderes comunitarios de sus regiones?
Los mandatarios departamentales y municipales han sido ajenos, en su mayoría, al asesinato de líderes sociales, como si no fuera con ellos. Eso es inaceptable. Como le he dicho, esos mandatarios responderán por acción o por omisión en caso de mantenerse indiferentes frente a esta crisis humanitaria.
Varios medios reportaron, desde el momento en que ocurrió el homicidio de Ana María Cortés que ella había denunciado, meses atrás, presuntos hostigamientos de la policía local. ¿Este será uno de los casos que atenderá la institución que usted lidera?
Esa es una delicada denuncia pública que la Procuraduría se toma con mucha seriedad. Nuestra obligación es indagar a fondo hechos como este para que no quede duda del compromiso de la Fuerza Pública con la protección de la sociedad, los derechos humanos y la salvaguardia de la democracia. En este caso en particular, con base en la gravedad de lo informado por los medios, hemos abierto indagación preliminar al comandante de la Policía de Cáceres. Vamos a trabajar de manera acelerada para esclarecer los hechos. Es nuestra obligación indagar cuando se presentan denuncias de este calibre, lo cual no supone juicios sobre la responsabilidad de ningún agente del Estado. Un equipo de la entidad recopilará pruebas y testimonios en el territorio.
Si resulta cierto que las bandas del narcotráfico reclutan a la policía que custodia los pueblos y a los militares desplegados en las regiones, significaría que los habitantes de esos sitios están cercados entre delincuentes y autoridades. ¿Cómo hará la Procuraduría para investigar en lugares en donde nadie puede hablar?
Es una prueba ácida para la institucionalidad y para la capacidad de coordinación del Estado en la lucha contra la impunidad y en la derrota de los enemigos de la democracia. Hay que romper el muro de silencio que los violentos han impuesto durante décadas. La paz llegará cuando la Constitución rija en todo el territorio, la ley sea para todos y la justicia no sea sólo una palabra escrita en los libros. La gran reforma a la justicia va más allá de la arquitectura de las altas cortes: debe superar el déficit de justicia territorial que afecta la garantía de los ciudadanos de las regiones más olvidadas, de contar con ese derecho.
Si la Procuraduría tiene documentos preliminares sobre los homicidios de líderes sociales, ¿se pueden aislar los motivos por los que se asesina a estos voceros de sus comunidades?
Hay una sobredosis de diagnósticos y un déficit de soluciones. Hay diferentes estudios que identifican los lugares donde se mata, a quiénes se mata y por qué los matan. Lo que no está claro es por qué no se avanza en la lucha contra la impunidad en estos crímenes, aunque la Fiscalía ya muestra los primeros resultados concretos. Y sigue sin responderse la pregunta de por qué los colombianos se han mantenido, durante tanto tiempo, impasibles frente a esta tragedia, pese al despertar ciudadano que ya se está notando. Es evidente que hay un reclamo generalizado para identificar a los autores intelectuales de los homicidios. La Procuraduría presentó el estudio “Violencia sistemática contra defensores territoriales en Colombia”. Pero lo que la sociedad reclama es cero muertes y la garantía de que el país no caerá de nuevo en un abismo de la violencia.
Cuando usted y el informe al que alude relacionan “la sistematicidad en el asesinato de esa población”, refiriéndose a los líderes comunitarios, ¿qué alcance le da a esa afirmación? Pregunto porque tanto el Ejecutivo como la Fiscalía han dicho que no existe un plan general para asesinar a voceros, sino que se trata de casos individuales sin conexión entre sí…
La sistematicidad a la que me refiero tiene que ver con los homicidios a los líderes de tierras y con la forma como se pretenden revertir los avances en los procesos de restitución de los predios que reclaman sus comunidades. El caso más dramático, y que marca un patrón de eliminación de estos líderes, es el de Temístocles Machado, en Buenaventura, por su gran trabajo de varias décadas para garantizar el derecho a la tierra de los pobladores del Pacífico.
De otro lado, ¿la Procuraduría tiene indicios de que estén siendo asesinados líderes comunitarios que integraron la campaña de Petro como activistas o como veedores?
Nuestro compromiso es actuar para garantizar la vida de todos los colombianos, independientemente de su militancia política. Como lo señalé antes, abrimos indagación preliminar en el caso del comandante de Policía de Cáceres por las denuncias sobre la muerte de la líder de la campaña presidencial que usted menciona. Igual haremos en todos los casos en que se atente contra los liderazgos sociales y políticos en cualquier parte del país. Aquí no hay intocables. Nadie tiene licencia para matar. Hay que actuar con contundencia para impedir que la polarización y el odio llenen de nubarrones la democracia colombiana.
Hace algunos días fueron asesinados tres agentes del CTI en zona rural de Tumaco. Poco después, el comandante y subcomandante de Policía de Puerto Valdivia, en la misma zona. ¿No tiene usted la impresión de que hay una espiral creciente de violencia en las regiones, en las últimas semanas?
Tan grave como el asesinato de los líderes sociales, es la masacre de agentes del CTI en Nariño y de policías en Puerto Valdivia, Antioquia. La mayor presencia del Estado en espacios que eran tierra de nadie supone retaliaciones de los actores armados ilegales. En igual forma, los liderazgos sociales, a nivel territorial, constituyen la mayor piedra en el zapato para los intereses delictivos de esos mismos grupos. Por eso hay que cerrar filas con el fin de frenar la máquina de guerra que el crimen organizado pretende reiniciar.