Arranca plan de sustitución de cultivos ilícitos

El programa no cobijará a los cultivadores que hayan sembrado después del 10 julio de 2016 / Foto: Archivo

Cuando Gobierno y Farc firmaron el acuerdo final de paz, en noviembre del año pasado en el Teatro Colón (centro de Bogotá), el presidente Juan Manuel Santos dejó claro al país que con el texto pactado “tenemos, por primera vez, la oportunidad de darle una solución estructural al problema de los cultivos ilícitos”. No se trataba de una apuesta menor, si se tienen en cuenta las cifras entregadas recientemente por el Ministerio de Justicia –en su reporte anual- que reflejan que hubo un incremento de cultivos ilícitos del 39%, entre el 2014 y el 2015.

Por eso, incluir dentro de la agenda de negociaciones de La Habana un punto dedicado exclusivamente a la solución al problema de las drogas ilícitas no fue una decisión al azar. Para ello, se acordó –entre muchas otras cosas- darle vida a un programa integral que, en conjunto con la comunidad, permitiera dar los primeros pasos para lograr una Colombia libre de drogas.

Se empezó, eso sí, por darle un nuevo enfoque. Para los consumidores, por ejemplo, se constituyó en un problema de salud pública y, para el caso de los campos sembrados con drogas ilícitas, surgió el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS-. Este jueves, justamente, Gobierno y Farc arrancaron con ese plan que será liderado por la Alta Consejería para el Posconflicto, que dirige el exministro Rafael Pardo.

El objetivo, según informó el alto consejero, es sustituir en el primer año de implementación del programa unas 50 mil hectáreas en  – de las casi cien mil cultivadas con drogas ilícitas- en 40 municipios de los departamentos más afectados. Entre ellos, Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Caquetá y Cauca.

“En lo relacionado con la línea productiva de sustitución participan los campesinos para definir, con base en los suelos y climas, los cultivos que se van a desarrollar. Hay, en todo caso, un grupo sólido de asistencia técnica de más de 600 expertos agropecuarios para determinar en cada sitio qué es lo apropiado, pero uno de los productos puede ser el cacao”, informó Pardo. Pero el programa no cobijará a los cultivadores que hayan sembrado después del 10 julio de 2016, fecha en la que se puso en marcha el esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos entre el Gobierno y las Farc, en Briceño (Antioquia).

Remuneración a los pequeños cultivadores

Las actividades relacionadas con la sustitución de cultivos ilícitos serán correspondidas con una remuneración para quienes, de manera comprometida, se vinculen a este programa. La advertencia es clara: los campesinos tendrán que cumplir con las obligaciones que adquieran con el Estado, empezando por abandonar de manera inmediata los cultivos de uso ilícito.

Dicha remuneración establece que las familias comprometidas con el programa recibirán $1.000.000 mensuales de remuneración por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario, hasta por 12 meses para campesinos con cultivos o sin cultivos de uso ilícito.

$1.800.000 para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez, como cultivos de pancoger y cría de especies menores.

$9.000.000 por una sola vez, para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros.

“A partir del segundo año, para asegurar a las familias mejores ingresos y condiciones de vida dignas, el Gobierno invertirá por familia, hasta $10.000.000 en proyectos productivos y sufragar mano de obra.  Se creará una línea de crédito especial”, informaron Gobierno y Farc.

Es de recordar que, según el Gobierno, la suspensión de aspersión con glifosato, el precio del dólar, el aumento de cultivos en zonas ahora cultivables por el cambio climático y la siembra en zonas protegidas fueron algunos de los factores que han influido en el aumento de hectáreas sembradas con drogas ilícitas.