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Este martes sigue la contrarreloj del Congreso para surtir el trámite de la ley de sometimiento que el gobierno de Abelardo de la Espriella presentó ante el Legislativo con mensaje de urgencia. La plenaria de la Cámara fue llamada a seguir discutiendo el texto tras una discusión en esta corporación, este lunes 2 de noviembre, en la que se dio una polémica por un supuesto vicio de trámite. Esta corporación, en la tarde de ayer, negó la proposición del Pacto Histórico para archivar el texto y votó positivamente la ponencia positiva del documento en dos ocasiones, a cargo del representante ponente Daniel Briceño (Centro Democrático).
Este martes, desde las 9:00 a. m., tanto la plenaria del Senado como de Cámara están llamadas a seguir la discusión sobre el articulado del texto. La estrategia “espejo” de discutir de forma simultánea un articulado ya resultó en un error durante el debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, lo que obligó al gobierno De la Espriella a expedir el documento vía decreto y terminó en la salida del exministro de Interior, Rodrigo Lara.
Ahora, esta discusión se da sin nuevo el minInterior, Alejandro Ordóñez, quien no ha hecho presencia en el Capitolio. Quien sí estuvo en la discusión de Cámara de Representantes fue Fabio Valencia Cossio, exministro de Interior y Justicia durante el gobierno Uribe, quien, según fuentes de El Espectador, sería un articulador del gobierno De la Espriella en el Legislativo. También hizo presencia el minJusticia Iván Cancino, quien estuvo a cargo de la cartera política tras la salida de exministro Lara de La Giralda.
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La premura con la que se realizar el trámite legislativo responde a que el texto tiene fecha límite para surtir este proceso y pasar sanción presidencial: el 4 de noviembre. Este día se vence la vigencia de la Ley de Orden Público que pretende modificar este texto, que es la base jurídica con la que el gobierno De la Espriella espera materializar su estrategia de sometimiento criminal y darle fin a la política de “paz total” que se desarrolló en la anterior administración. En el Senado, la última sesión de la plenaria tuvo mayorías a favor del Gobierno, incluida la presencia de hasta cuatro congresistas del Pacto Histórico, que si bien votaron en contra del proyecto, permanecieron en sala para evitar una ruptura del quórum.
La polémica se dio pues desde la bancada opositora afirmó que en la primera votación de la ponencia positiva del texto no se realizó el debate ni la sustentación del ponente Briceño, por lo que se habría viciado el trámite. “No solo no se sustentó la proposición con la que terminaba el informe de ponencia, porque el señor ponente (Daniel Briceño) no intervino, sino que congresistas estábamos pidiendo el uso de la palabra para deliberar y no se no dio”, advirtió el representante Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde). La primera votación, sin la intervención del ponente oficialista, terminó aprobando la ponencia con 90 votos a favor y 44 en contra. El minJusticia Cancino señaló que fue "extremadamente garantista" con la oposición en medio del debate de la ley de sometimiento, además, Cancino reiteró que no hay vicios de trámite en este proceso.
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Después de múltiples señalamientos de vicios de trámite, la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde) solicitó formalmente la reapertura la votación de la ponencia positiva del documento para “salvar la constitucionalidad del proyecto”. La Mesa Directiva de la Cámara, liderada por su presidente Nicolás Barguil (Partido Conservador), abrió la votación sobre la reapertura de la votación del informe de ponencia, que se votó positivamente con 95 votos a favor y 3 en contra.
Después de esta votación, el representante Briceño rindió la sustentación de la ponencia positiva y se dieron varias réplicas por parte de la bancada opositora. Tras la discusión, que habría evitado un vicio de trámite en el análisis de constitucionalidad del texto, se volvió a aprobar la ponencia positiva con 99 votos a favor y 39 en contra. Ahora, las plenarias del Congreso están en una contrarreloj para aprobar el articulado del documento que modifica y prorroga la Ley de Orden Público antes de su fecha límite.
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