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El aumento del número de muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, en una dinámica de violencia que sigue afectando principalmente a las zonas rurales del país. La necesidad de acelerar el progreso en la implementación de proyectos productivos de generación de ingresos para los y las excombatientes. Y avanzar en la tarea de “consolidar la paz”, ya que persiste la incertidumbre sobre cuestiones como las garantías jurídicas.
Son, a grandes rasgos, las preocupaciones que se expresan en el Tercer Informe al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia, que será presentado hoy en Nueva York por parte del representante especial del Secretario General y Jefe de la Misión, Jean Arnault. En este se ofrece un balance de los avances de la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno y la desmovilizada guerrilla de las Farc, en los puntos 3.2 y 3.4, así como las lecciones aprendidas y las recomendaciones para continuar con la consolidación de lo pactado.
Los puntos en mención se refieren, respectivamente, a la reincorporación económica, social y política de los excombatientes, y a las garantías de seguridad para ellos, sus familias y las comunidades más afectadas por el conflicto.
De entrada, el documento hace un reconocimiento al “liderazgo y la determinación del presidente Juan Manuel Santos y de los dirigentes de la Farc en avanzar con la implementación del Acuerdo”. Y destaca que las elecciones que se realizaron recientemente en el país, tanto a Congreso como a Presidencia, fueron las más pacíficas e inclusivas que se hayan celebrado en décadas.
En este sentido, señala que el secretario general de la ONU, António Guterres, aplaude la intención del presidente electo, Iván Duque, “de trabajar para remediar las divisiones existentes entre los colombianos y reitera el firme compromiso de continuar el acompañamiento a Colombia en la consolidación de los avances en materia de paz y en el logro de la reconciliación después de tantos años de conflicto”.
Precisamente, en lo que tiene que ver con los crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, se resalta la “indignación y repudio de la sociedad colombiana contra esta ola de asesinatos” y se destaca la importancia del “pacto de rechazo a la violencia”, suscrito por el mismo presidente Santos; quien será su sucesor, Duque, así como las instituciones estatales más importantes y los partidos políticos.
“El secretario general destacó algunos avances en las medidas previstas en el Acuerdo de Paz dirigidas a encarar la violencia en las zonas de conflicto, tales como la creación del Programa integral de seguridad y protección para las comunidades, las organizaciones, los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos, y las medidas adoptadas en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El secretario general señaló que estas medidas se encuentran en distintas etapas de implementación y enfatizó la importancia de fortalecerlas”, consigna el informe.
Sobre el tema de la reincorporación y la implementación de proyectos productivos de generación de ingresos para los desmovilizados, se habla del decreto promulgado el 4 de mayo, que da acceso a la propiedad de tierras a excombatientes organizados en cooperativas y del hecho de que el Consejo Nacional de Reincorporación ha iniciado el proceso de adquisición de tierras para seis proyectos productivos.
“Si bien la vía hacia la adquisición de tierras por parte de excombatientes ya se ha definido, el reto es concretar el acceso a la tierra en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y otros asentamientos. El secretario general también subraya la importancia de vincular estrechamente las actividades de reincorporación con el desarrollo local”, agrega el texto.
La tarea, dice la ONU, es ahora “consolidar la paz”, por lo que ante las dudas e incertidumbres que puedan existir por los retrasos en la misma implementación en temas jurídicos, políticos y de seguridad, plantea que se hace necesario devolverles a quienes han dejado las armas la confianza en el futuro, lo cual se logra a partir de que las instituciones cumplan con sus compromisos según el Acuerdo y les proporcionen oportunidades socioeconómicas.
Finalmente, se reconoce que en las zonas rurales, los excombatientes, campesinos, soldados, agentes de policía, empresarios, dirigentes religiosos y víctimas, entre otros, estén dejando de lado los enfrentamientos del pasado y propiciando las bases de un consenso nacional más amplio y los cimientos de la reconciliación en el país. “El Secretario General invita a las autoridades, las instituciones, las fuerzas políticas y la sociedad civil a que se mantengan firmes en ese propósito”.