6 Sep 2018 - 2:15 a. m.

Asesinato de líderes sociales, un debate que estaba en deuda

Los partidos de la oposición pidieron cuentas al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y la Fiscalía, entre otras entidades, sobre las acciones que se han tomado para defender la vida de los defensores de derechos humanos en el país.

-Redacción Política

La representante Ángela María Robledo fue una de las citantes al debate.  / Prensa Cámara
La representante Ángela María Robledo fue una de las citantes al debate. / Prensa Cámara

Las curules que estaban vacías en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes, durante del debate de control político que fue citado por el asesinato de líderes sociales en el país, fueron llenadas de manera simbólica por la multitud que se aglomeró en la Plaza de Bolívar para rechazar esas expresiones de violencia. El debate estaba pendiente y en la tarde de este miércoles las voces se hicieron escuchar, desde todos los partidos, para rechazar las acciones que han dejado más de 300 líderes sociales en Colombia desde enero de 2016.

Una de las promotoras del espacio político, la representante Ángela María Robledo, señaló que era innegable la condición de sistematicidad en los asesinatos a líderes sociales en las regiones del país, y que existían patrones claros que permitían identificar este tipo de crímenes. Robledo calificó la frecuencia de los asesinatos como un exterminio. “Casi 500 líderes asesinados, que nos digan si eso no es un exterminio”, dijo la representante.

A su turno, María José Pizarro, de la Lista de la Decencia, también habló de la desaparición de una generación, un hecho con el que la sociedad y la democracia colombiana “pierde enormemente”. “Nos hemos demorado 20 o 30 años, en las circunstancias más adversas, para que líderes y lideresas se pudieran forma en la defensa de los territorios, de sus comunidades, del agua, de la tierra, de la vida. (…) Surgieron nuevos liderazgos (…) Soy hija de un hombre (Carlos Pizarro Leongómez) que fue asesinado a los 38 años. Treinta años después, su hija puede estar aquí hablándoles a ustedes desde el respeto profundo y la dignidad”, dijo la congresista.  

Vea la discusión sobre líderes sociales en la plenaria de la Cámara

Ese ese mismo sentido, el representante David Racero mencionó que había riesgos para la vida de los defensores de derechos humanos en Norte de Santander, Arauca, la región del Catatumbo, Nudo del paramillo, la Cordillera Centra, Cauca, Tumaco, La Macarena, el Caguán y Putumayo. “Según la Fiscalía, hay 1.300 personas amenazadas. Dependiendo de las acciones que se tomen les podemos salvar la vida”, anotó.

Durante el debate, el representante Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarcá, de la FARC, señaló que no se podía “reeditar el genocidio de la Unión Patriótica” ni revivir la combinación de todas las formas de lucha. Una moción que fue secundada por la senadora Aída Avella, sobreviviente del genocidio político en contra de la Unión Patriótica (UP): “Hoy siento lo mismo que sentí hace 25 años, cuando nos asesinaban todos los días en todas las esquinas (…) Tengo que decir que he vuelto a revivir noche terribles, cuando nos llaman de cualquier departamento a decirnos que acaban de asesinar a alguien, y tengo que decir delante del Congreso que se cumplen con los mismo métodos, hacen las mismas cosas que hacían hace tanto años”.

Avella insistió en que hay una sistematicidad que llega a todo el territorio nacional y que “hay listas para matar a los líderes sociales”. “Me duele que los líderes sociales, la gente que está agrupando en los territorios las inquietudes, los que defienden a sus comunidades, son el blanco de las amenazas”, dijo la senadora.

El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, aseguró que el debate sobre la sistematicidad se ha dado durante tantos años y que no se podía dudar de que los asesinatos contra líderes sociales tenían una esencia política. “Que no nos metan los dedos en la boca. Quienes siguen asesinando a los miembros de la UP son actores que tienen intereses políticos (…) Son asesinatos sistemáticos y generalizados. Son crímenes de lesa humanidad. Pido desde esta tribuna que la justicia en Colombia declare de una vez por todas que lo de la UP es un genocidio político”, señaló Cepeda.

A la discusión se unió el representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, quien resaltó que debía haber cero tolerancia contra este tipo de violencia, tanto del Congreso como del Gobierno y las entidades del Estado: “Quiero dejar este principio, mío y de mi partido: ninguna ideología, de izquierda o de derecha, es una justa causa para hacerle daño a un ser humano. No podemos tolerar que las ideologías sigan diciendo que aquí se justifica acabar con la vida de un ser humanos. Esto nos debe unir a todos”.

Respuesta del Estado

Al debate fueron citados, entre otros, los ministerios del Interior y de Defensa, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Durante su intervención, Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, subrayó que la situación de seguridad de los líderes sociales era un asunto de gran preocupación para el Gobierno Nacional. Explicó que hay disparidad en las cifras que tienen las diferentes instituciones del Estado porque depende desde qué estado se tomen. Por ejemplo, según las cifras de la Policía Nacional, entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2018 han ocurrido 51 homicidios de líderes sociales que han sido avalados, además, por el sistema de las Naciones Unidas.

“El Estado ha reaccionado para proteger a los líderes que están amenazados. Entre el 18 de diciembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018 se han generado 71 alertas tempranas en 23 departamentos y 119 municipios. Hay una alerta cada 3,5 días”, explicó la ministra. Entre las acciones realizadas entre 2017 y 2018 señaló que se han realizado 90 sesiones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), que han derivado en la implementación de medidas de protección para 9.745 líderes sociales.

“Hay esquemas con vehículos blindados, convencionales, hombres para protección, apoyo de transporte individual, apoyo fluvial individual, chalecos blindados, botones de apoyo”, anotó Gutiérrez.

De igual forma puso sobre la mesa los problemas de financiación que hay en la Unidad Nacional de Protección (UNP): “Para 2017, la UNP tuvo presupuesto de 634.000 millones de pesos. En 2018 cerrara con 693.000 millones y se pidió una adición presupuestal de 83.00 millones para terminar la vigencia de 2018. Se han solicitado a Hacienda, para 2019, 850.000 millones y se prevé que para 2021 pase el billón de pesos”. En conclusión, lo que el Gobierno busca es que desarrolle una política pública en materia de derechos humanos.

Durante su intervención, el ministro de Defensa Guillermo Botero entregó cifras sobre capturas y encarcelaciones y sugirió que se necesitaba mayor efectividad de la justicia. Botero expuso las 21 tipologías de líderes sociales que se han identificado, una variable que, según el ministro, hace sumamente difícil el trabajo de la UNP. “El hecho de que sea difícil no quiere decir que no estamos gastando todos los recursos”, dijo Botero. Aunque fue confrontado por Ángela María Robledo, quien le reclamó por no mostrar acciones específicas destinadas a la protección de los defensores de derechos humano, Botero respondió que quienes cometían los crímenes eran delincuentes y que la lucha contra la delincuencia, sobre todo en las zonas de mayores amenazas, era parte de su protección.

Por su parte, la vicefiscal María Paulina Riveros, quien fue al debate en representación de la Fiscalía, explicó las modificaciones que ha habido en la estrategia de investigación de los asesinatos contra líderes sociales. Por ejemplo, dijo que una aproximación a la judicialización en estos casos requería de la inversión del sistema de investigación penal en el país.

“La hipótesis de la defensa de los derechos humanos era la última. Hemos invertido, de manera que la primera hipótesis sea la defensa de los derechos humanos. Es decir, que una vez tenemos conocimiento de un homicidio de un defensor, tenemos como primera hipótesis la labor de la defensa de los derechos humanos, que la causa del homicidio fue ese ejercicio”, explicó.

Entre las cifras dadas por Riveros, la Fiscalía ha investigado 32.000 homicidios en los últimos tres años, con un porcentaje de esclarecimiento de apenas el 20 %. Sin embargo, destacó que en cuanto a los crímenes en contra de líderes sociales esa cifra alcanzaba el 50 %.

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