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La tarde del 27 de mayo pasará a la historia como el día en que la FARC hizo su primer debate de control político. Este se llevó a cabo en la Comisión Primera del Senado y fue convocado por el congresista Julián Gallo para examinar las demoras, avances y dificultades del Acuerdo de Paz, y la estigmatización y asesinato de líderes sociales y excombatientes farianos.
Pasadas las 3 de la tarde, Gallo dio inició a la sesión. A la discusión asistieron los congresistas Antonio Sanguino (Partido Verde), Alexander López (Polo Democrático), Roy Barreras y Armanado Benedetti (la U), Gustavo Petro (Colombia Humana), Paloma Valencia y María Fernanda Cabal(Centro Democrático), Luis Fernando Velasco (Liberal), Temístocles Ortega (Cambio Radical), e Iván Name y Angélica Lozano (Partido Verde).
Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz citado al control político; Fabio Espitia, fiscal general delegado; y Martha Mancera, directora de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía, arribaron a la hora indicada. Alfonso Negret, defensor del pueblo, se excusó por no poder asistir, mientras que Emilio Archila, consejero para la Estabilización y Consolidación, llegó a las 3:38 y a las 3:45 lo hizo Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior.
“Es necesario desaparecer la estigmatización como forma de persecución, cosa que sirve de piso para quienes accionan con las armas. Se está haciendo común que quienes firmamos la Paz se nos estigmatice y calumnie. Se ha incentivado el odio por la ideología política y eso es una violación del Derecho Internacional Humanitario. Por eso, nos llama la atención que desde el gobierno Nacional no se diga nada al respecto. Si el Estado y el gobierno no pueden garantizar la vida, entonces no pueden llamarse una nación legítima”, dijo el senador y excomandante de las FARC.
Así mismo, reclamó por la "inoperancia" de los prorgamas de la política de protección a líderes, que se derivan del Acuerdo de Paz.
“Hemos preguntado sobre el presupuesto y el gobierno no ha asignado un rubro específico ni una planta de personal específica para varios de los 27 programas estipulados en el Acuerdo, como el Sistema de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Cngs), el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, entre otros”, manifestó.
A partir de ahí, las intervenciones de los funcionarios en el debate concibieron una retahíla de cifras y pruebas para dar cuenta de que habían respondido al cuestionario enviado por Gallo y que, en efecto, sí se está llevando a cabo la construcción de una paz estable y duradera, como dicta el pacto por la terminación del conflicto.
Martha Mancera se refirió a las nuevas formas de investigación de crímenes que les exigía la creación de la Unidad para el Desmantelamiento, de la cual es directora desde noviembre de 2017, y en ese sentido dio sus resultados: “Hemos logrado el esclarecimiento del crimen en 67 de los 132 casos en los que la víctima es un excombatiente. En cuanto a las tentativas de homicidio, tenemos 16 casos y hemos avanzado en 7; y de 34 casos en los que familiares de excombatientes son los afectados, hemos esclarecido 18. En este último estamos trabajando para llegar a sentencias sancionatorias. Esto lo hemos hecho en menos de un año y con una planta de 85 personas”.
Sobre la pregunta de quién está detrás de los crímenes contra exguerrilleros, Mancera dijo que 29 hechos victimizantes los han perpetrado las disidencias de las Farc, ocho han sido por autoría del Clan del Golfo, siete casos por parte del ELN, cinco por el EPL y dos por los Caparrapos. “La Unidad de Desmantelamiento ha encontrado que en un 79% del total de los casos los ataques a excombatientes han sido efectuados por una organización criminal. Hay violencia generalizada y tenemos que establecer cómo se hará la judicialización”, dijo su directora.
Por su lado, el comisionado Miguel Ceballos retomó las opiniones sobre la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada para posibilitar el ejercicio de la política. Sobre este punto, Gallo y otros senadores expresaron que desde su creación en febrero de 2017 hasta la fecha dicha comisión solo ha sesionado una vez. ¿Por qué? Ceballos respondió que aunque eso es cierto, han “continuado ese ejercicio en reuniones en regiones como Popayán, Montelíbano y Cúcuta”. Y le recordó a los asistentes que esa es una instancia creada para el “diseño y seguimiento de la política pública”, por tanto “no es la responsable de la seguridad de los líderes sociales”.
Además, dijo que varios de los programas para la protección de líderes sociales no se han desarrollado porque “está en proceso de diseño la política nacional de protección de líderes y lideresas”. Según el comisionado, estará lista en menos de dos meses.
El punto teso del debate vino luego de la intervención de la ministra del Interior. Pese al cuestionario que le entregó Gallo con los temas centrales de la discusión, Nancy Patricia Gutiérrez se tomó casi 20 minutos para dar lo que ella llamó un “contexto” sobre los incumplimientos de excomandantes farianos como es el caso de “Iván Márquez” y “El Paisa” y, en ese sentido, demostrar que quien “sí ha cumplido” ha sido el gobierno Duque.
Gutiérrez reiteró que es el Ministerio del Interior el que coordina y lidera “la formulación de la política integral para la protección de líderes”. Y dijo que de las 24 visitas que han hecho a los territorios ella ha asistido a 12 para verificar con las autoridades y los líderes las dificultades de la protección. En el tiempo restante expresó que, por un lado, la Unidad Especial de Protección se encuentra “en proceso de reingeniería, lo que ha llevado a acotar la respuesta para la protección individual y colectiva. Sin embargo, de las más de 7.000 personas protegidas, dijo que más de 4.000 son líderes sociales.
Por el otro, señaló que el Plan de Acción Oportuna (PAO), instrumento creada por su cartera en noviembre de 2018 para la protección de líderes sociales a través de la intervención en los territorios (y que no hace parte del Acuerdo de Paz), “no pretende quitarle vigencia alguna a la otra institucionalidad”.
Y, a continuación, retomó la importancia de las Fuerzas Militares en la protección de los líderes. “El fenómeno corresponde a la disputa territorial de grupos ilegales. En medio del fuego cruzado por el narcotráfico queda la población civil. Ahí el ejército entra a diezmar esos grupos como corresponde. Esta no es una batalla del Estado contra los desmovilizados. Respetamos la Constitución así no compartamos algunas cosas, pero tenemos el propósito de garantizar la seguridad de toda la población”, concluyó.
A partir de ese momento, la ministra del Interior pocas veces volvió a levantar la cara. Escuchó las inconformidades de los asistentes con la mirada hacia su computador. Entre ellas, la de Franklin Castañeda, delegado de la sociedad civil para la Comisión Nacional de Garantías.
Castañeda lanzó duras críticas sobre la poca maniobra del gobierno Duque para desarrollar las herramientas dadas en el Acuerdo para combatir los grupos armados. “Para desmantelar las organizaciones al margen de la ley el acuerdo estipuló 27 componentes. Solo 10 han sido creados y se encuentran funcionando, aunque de una forma lenta, desarticulada y sin presupuesto. Y en muchos casos, los enfoques han cambiado,”, dijo.
Así mismo, el delegado manifestó que el Ministerio del Interior y el Gobierno tienen una “enorme” deuda con lo pactado en el Acuerdo. “En 94 municipios donde impera la violencia deberíamos tener a estas alturas programas de protección a comunidades y no los tenemos. Y hoy, cuando están asesinado a los líderes y a pobladores debemos reconocer que obedece a que la medida establecida en La Habana no está en funcionamiento. Eso habla de una amplia deficiencia del Estado que, teniendo las herramientas, no las usa”.
Y, en cuanto a la Comisión Nacional de Garantías, Castañeda expuso que desde hace meses debía estar lista su propuesta pública, pero aún no existe. “¿Cuántos muertos tendremos más para que la Comisión presente la política? Ha faltado liderazgo y han faltado oídos para escuchar a los delegados”.
Las reacciones políticas
Sin duda, luego de las palabras de Castañeda, las reacciones de los senadores de la oposición se fueron lanza en ristre en contra de la ministra del Interior. Entre los primeros que opinó estuvo Roy Barreras. El senador de la U no solo aprovechó para felicitar a Gallo y a Castañeda por sus aportes, sino que examinó el discurso de Gutiérrez.
“El discurso de la ministra no es de mala fe, pero sí responde a una ideología. Hizo referencia a la palabra “diezmar” como capacidad del Estado, legitimando así la cultura de matar. Más allá de la seguridad, deberíamos construir una sociedad de derechos, donde la vida sea el primero de todos. El tema de la protección a líderes sociales no es por falta de liderazgo (como lo dijo Castañeda). Es por desinterés, y eso es mucho peor”, Expresó Barreras.
Por su lado, Iván Name, en un intento por utilizar la parodia en el recinto, calificó “sin querer” a la ministra del Interior como la ministra de “la guerra”, y dijo que discursos como el de ella “avalaba la violencia”.
Seguidamente, Alexander López expresó su inconformidad con la intervención de la ministra Gutiérrez. “Yo hubiera querido escuchar a una mujer no gritando ni leyendo, sino planteándole al país cómo va a cumplir con la Constitución. Lamento que la ministra no respondiera el cuestionario del senador Gallo. No se refirió a más nada que a justificar por qué están asesinando a líderes sociales”.
Por su parte, Temístocles Ortega, de Cambio Radical, expresó que lo que se ha hecho no ha sido suficiente ni eficaz, y dejó una pregunta abierta: “¿Qué hace falta para que la protección a líderes sea posible?”.
Contraria a las demás opiniones, Paloma Valencia manifestó que lamenta mucho el asesinato a líderes sociales, sin embargo, pidió claridad en el debate porque, a su parecer, “no es una matanza sistemática a excombatientes de las Farc”. “Los asesinatos a líderes cobijan a todas las fuerzas políticas y como lo dicen están generando la impresión de que son muertes auspiciadas por las Fuerzas Militares”.