Así quedó la ley de víctimas

Tal y como lo quería el Gobierno, la ley de víctimas, aprobada en tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara —al proyecto le resta un debate en plenaria—, reconoce a las víctimas del Estado, pero sólo parcialmente. Siguiendo una directriz del ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, la bancada uribista impuso sus mayorías para establecer que los afectados por la violencia estatal puedan acceder a la reparación, pero por la vía judicial, y no la administrativa, como lo proponía la oposición. Además, se determinó que únicamente a través de una sentencia judicial ejecutoriada puede ser resarcida esta clase de víctimas.

En concepto del representante liberal y ponente de la iniciativa, Guillermo Rivera, el retroceso más claro entre la propuesta inicial y lo que resultó finalmente aprobado se encuentra en que el monto de la reparación que pueden recibir las víctimas cuando acuden a la reparación judicial es de 40 salarios mínimos —unos 18 millones de pesos—. Rivera dice que de esa manera los afectados quedan “peor de lo que estaban” si se tiene en cuenta que actualmente la legislación deja a consideración de los jueces las compensaciones en dinero.

Igualmente, el llamado estatuto de las víctimas restringe la definición de víctima a aquellas que hayan sufrido el menoscabo de sus derechos con anterioridad al día en que entre en vigencia la ley. Es decir, el proyecto deja por fuera a quienes resulten afectados de ahora en adelante. El Gobierno estableció, además, un límite de dos años a las víctimas o a sus beneficiarios para acceder a todas las medidas de reparación.

Asimismo, como eventuales victimarios del Estado se reconoce sólo a los miembros de la Fuerza Pública, hecho que fue rechazado por varios grupos de víctimas presentes en el recinto de la Comisión Primera, quienes se quejaron de que de esa manera quedan por fuera los posibles atropellos de cualquier otro funcionario.

Por esas modificaciones, y otras, la Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales pidió que la propuesta fuera archivada por, según ellos, ir en contravía de las consideraciones de más de cinco mil víctimas que participaron en nueve audiencias regionales.

En igual sentido se pronunció Rivera, quien calificó de “perversa” la actuación de los congresistas del Gobierno. “Legislaron en contra de los derechos de las víctimas”, aseguró. El parlamentario de oposición, sin embargo, se negó a opinar “en caliente” si pedirá o no el archivo de la iniciativa, que la otra semana será discutida por la Cámara de Representantes en pleno.

Por su parte, el Gobierno, en cabeza del Ministro del Interior, defendió el texto aprobado diciendo que se trata de “un proyecto serio y responsable con las víctimas, que se ajusta totalmente a la realidad del país”. La aseveración contrasta con las opiniones expresadas al término de la sesión por varios congresistas, incluidos algunos uribistas, quienes afirmaron que se trata de una ley “muy alejada” de los estándares internacionales.