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El Programa Nacional de Sustitución Integral de los Cultivos de Uso Ilícitos (PNIS) sigue en marcha con el Gobierno de Iván Duque. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, a septiembre de 2018 se contabilizaron 87.431 familias que se acogieron al plan, de las cuales, 4.270 entraron tras la posesión de Duque.
De ese total de familias, el 61% ha recibido el primer pago, de $2.000.000, tras sustituir sus cultivos de uso ilícito, y el 40% ya los percibieron todos. Además, una de cada tres familias cuenta con asistencia técnica para avanzar en los proyectos productivos (preparación de la tierra, capacitaciones).
Los dineros recibidos, también, varían de acuerdo a los proyectos productivos que las familias quieran atenerse. Para quienes quieren impulsar iniciativas autosostenibles y de crías de especies menores en sus terrenos, recibirán solo una vez $1.800.000; mientras que la piscicultura y avicultura se les otorgará $900.000.
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Por otro lado, quienes no se dedicaban al cultivo, sino a la recolección de coca, que representan 8.865 personas dentro del programa, recibieron ya la asignación monetaria por un valor de $12.000.000.
Entre otros datos que arroja la Fundación Ideas para la Paz está el total de hectáreas sustituidas hasta septiembre de 2018. En total se contabilizan 24.891 frente a las 1.175 que se registraron a septiembre de 2017.
Y de ese total de hectáreas sustituidas a fecha de este año, 6.495 se erradicaron en los dos meses de Gobierno de Duque.
Sin embargo, estos avances no se ven reflejados en Tumaco, municipio con el mayor número de hectáreas en el país. De las más de 19.000 hectáreas que se registran en la zona, solo se han erradicado 1.324.
Otro tema preocupante, es que la tasa de homicidio en las zonas de incidencia de erradicación voluntaria ha aumentado en un 48% con relación al mismo período de 2017. Esto se debe a las amenazas que han recibido los líderes cocaleros que defienden el programa.
Por ejemplo, en la nueva administración de Gobierno, se registra que los municipios con más tasa de homicidio son Tumaco (Nariño), con 28; Montelíbano (Córdoba), 12; y El Tambo (Cauca), 11.
Esta situación también ha derivado en movilizaciones campesinas en contra del asesinato de quienes adelantan la sustitución voluntaria y denuncias colectivas por temas de extorsión a compañeros que se han atenido al programa.
Son varios los desafíos del Gobierno y más si asume la decisión de retomar la asperción con glifosato en los terrenos, pues los campesinos se oponen a esta medida. Por otro lado, hay que esperar a que la administración ponga en marcha el plan que contrarrestaría los asesinatos a líderes sociales (en los que también se cuentan a los líderes campesinos que están acogidos por este programa).
Asimismo, son varias las quejas de gobernadores, como las del mandatario de Nariño, Camilo Romero, que manifiestan que el Gobierno les ha incumplido y las familias siguen a la espera de que el Estado haga el acompañamiento pertinente e integral para la sustitución de cultivos de uso ilícito.
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