Avanzó en segundo debate el proyecto que crea la Jurisdicción Agraria y Rural

Las ocupaciones ilegales de tierras se han incrementado. En el centro de la disputa están comunidades indígenas, negras y campesinas, principalmente de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

En Plenaria de Cámara de Representantes, ayer superó su segundo debate el proyecto que crea la Jurisdicción Agraria y Rural, que sería una herramienta importante para dar cumplimiento al primer punto del Acuerdo de Paz de 2016 y buscar salidas al problema de tierras en Colombia.

Al debate asistió el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien señaló que “debemos seguir construyendo entre todos esa Colombia más pacífica, con acceso de los excluidos a las posibilidades de ejercer sus derechos creando un mecanismo legal y tranquilo de resolver esos conflictos que tanta sangre y dolor nos han causado”, expresó sobre el proyecto gobiernista.

La ponencia del proyecto fue sustentada bajo la premisa de que los conflictos agrarios se han resuelto de forma “dispersa jurisdiccional, normativa y administrativa (jueces civiles, jueces de tierras, jueces del trabajo). Se avanza y retrocede, sin llegar a todo el territorio ni resolver problemas, se genera un escalonamiento de la violencia”, señaló el coordinador ponente del proyecto, el representante Gabriel Becerra Yañez (Pacto Histórico).

Por su parte, la representante conservadora Delcy Isaza se centró en la necesidad de establecer un enfoque diferencial de género en la jurisdicción, señalando que la mujer rural es población vulnerable que sufre discriminación, exclusión y violencia, por lo que se necesita “un enfoque diferencial desde la justicia para la protección de sus derechos. Existe una desigualdad real en la propiedad de la tierra, en la zona rural, el 36,3% de los predios rurales con único propietario pertenece a mujeres”.

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Así las cosas, de ser aprobada, la iniciativa crea la “Corte Agraria Rural”, que sería un tribunal a la par de las altas cortes del país como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, entre otros, y buscará dar solución a los conflictos de tierra en Colombia a través del acceso a la justicia.

Será “el máximo tribunal de la jurisdicción agraria y rural, cuya estructura y funcionamiento será definido en la ley. Se compondrá de un número impar de magistrados, garantizando su conformación paritaria”, dice el texto.

El debate más fuerte se dio al rededor de los recursos con los que será financiada esa jurisdicción. “Nos acaba de decir el señor ministro que no han hecho cálculos claros sobre cuánto le va a costar al país esta jurisdicción. Yo estoy preocupado que piensen que se están aprobando proyectos cuando no se sabe exactamente cuánto le va a costar a erario. Como lo dice el presidente, estamos entrando en un año complicado”, señaló Andrés Forero (Centro Democrático).

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Al respecto, el representante liberal Julián Peinado dijo que “no es posible que los representantes se estén adelantado a lo que se tiene que establecer en una ley estatutaria. Lo que estamos discutiendo es la modificación de la Constitución Política: ¿acaso tenemos que hablar desde ya en la Constitución de temas presupuestales?”, dijo.

Igualmente, buena parte del debate se ocupó sobre si incluir los conflictos ambientales como competencia de esa jurisdicción. Ese fue un tema que abanderó el representante Juan Carlos Losada (Partido Liberal), quien argumentó que “es absolutamente imposible separar los temas ambientales de los rurales. Dice la Procuraduría en un informe que el Estado no debe ignorar los asuntos éticos y ambientales en la adjudicación de baldíos”.

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