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Las finanzas del Gobierno no cuadran, el presupuesto general está desfinanciado en $12,5 billones. Es tal la preocupación que el presidente Juan Manuel Santos anunció un apretón en los gastos por $1 billón, reduciendo desde publicidad, viáticos y celulares, hasta gasolina y escoltas. Esta preocupación coincide con la denuncia del senador Antonio Navarro, de la Alianza Verde, quien señaló que el país está dejando de recibir más de $2 billones por excesiva complacencia con las empresas dedicadas a la explotación minera y de hidrocarburos.
Para Navarro, es evidente que el Gobierno pretende tapar los huecos a través de reformas tributarias que podrían no ser necesarias si se les cobran impuestos a quienes realmente están ganando y tienen con qué pagar, es decir, a las empresas que explotan recursos no renovables y a las cuales el Estado les descuenta lo que pagan de regalías a la hora de pagar el impuesto de renta. De este modo tributan mucho menos.
Se trata de un asunto técnico y complejo que golpea las finanzas. Una empresa se asocia con el Estado para explotar recursos y, como contraprestación, debe pagar regalías, que son la compensación por la afectación que puede generar la extracción de productos de minería e hidrocarburos. Estas corporaciones también tienen que pagar el impuesto de renta de acuerdo con las ganancias. Pero, por una interpretación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), incluyen lo pagado en regalías como costo de producción, reduciendo las ganancias y pagando mucho menos impuesto de renta.
La explicación que da Navarro aclara el panorama. “Es como si uno entra a un bar, paga la entrada (cóver), que es el derecho a estar en el sitio, y luego, al momento de pagar la cuenta, pidiera que se le descontara lo que canceló para ingresar. Una cosa es la entrada y otra el consumo”. Según el congresista, por esa interpretación que la DIAN hace del decreto, el país perdió $2,8 billones en 2012.
Para Navarro, se trata de un decreto inconstitucional, pues va en contravía de la sentencia C-1071 de 2003, que señala: “En términos económicos y ecológicos, las regalías que el Estado puede cobrar por la explotación de recursos privados, tienen su fundamento en la necesidad de corregir y compensar algunas de las externalidades negativas que se producen como consecuencia de la explotación de recursos no renovables (…) por supuesto, además de las anteriores, la regalía que pagan los particulares por la explotación de recursos estatales puede tener un fundamento adicional, que es inadmisible constitucionalmente, como lo es la contraprestación por la explotación de un bien del Estado”.
El Gobierno sostiene que no se puede hacer ese cambio en la fórmula para el pago del impuesto de renta, porque “desestimularía la inversión extranjera”. Navarro, con su acostumbrado espíritu conciliador, pidió una fórmula intermedia, pero también abrió la posibilidad de demandar. Lo que dejó claro es que “estoy seguro de que Cerrejón no se va a ir, primero nos vamos nosotros. Tampoco lo hará la Drummond, que hasta paramilitares pagó”.