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Atendiendo el llamado del Palacio de Nariño, los representantes aprueban a esta hora en cuarto debate la nueva Ley de Vivienda, con la cual el gobierno del presidente Juan Manuel Santos espera construir y entregar 100.000 viviendas gratuitas a los colombianos más pobres.
Aunque algunos de los artículos han sido aprobados en bloque, otros han suscitado todo tipo de polémicas entre los congresistas. Como forma de solución, han pasado varias proposiciones entre las que sobresale la concesión de subsidios a las madres comunitarias.
Los representantes también incluyeron en el proyecto la obligatoriedad de cumplimiento de las leyes de sismorresistencia para los nuevos proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS), así como la potestad a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) de autorizar la prestación del suministro de agua potable en un periodo de entre tres y seis meses.
Sin embargo, uno de los artículos que más polémica ha generado es el quinto, donde se regula la financiación de proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Ante el alto riesgo de que organizaciones inescrupulosas puedan aprovecharse de este tipo de construcciones, la representante Alba Luz Pinilla, del Polo Democrático, impulsó una proposición con la cual las constructoras que contraten con el Estado deberán presentar, como requisito, el certificado de Cámara de Comercio en donde se avale que tienen, como mínimo, dos años de constitución.
Ésta y las demás proposiciones (ocho en total) han sido aprobadas por los representantes, que a esta hora continúan votando el proyecto de ley. De ser aprobado, pasará a conciliación y, después, a sanción presidencial.