Sobre las 2:30 de la tarde inició, este miércoles, una inspección en el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizada por el triunvirato de representantes de la Comisión de Acusaciones que llevan el caso de la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022: Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe y Wilmer Carrillo. La intención de los congresistas es conocer la totalidad del expediente que tiene el tribunal electoral respecto al mismo tema.
Según pudo determinar este diario, el propósito de los representantes con la visita es conocer la totalidad del expediente, que comprende unos 7.000 folios, sobre la financiación de la campaña presidencial para conocer si hubo violación a los topes de recursos. Luego de redactar el acta de inicio de la inspección, los asesores de los representantes se quedaron en las oficinas del CNE digitalizando los folios.
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Entre las pruebas que esperan conocer, estaría la información del traslado de la Corte Suprema de Justicia en el caso de los vuelos contratados por Ricardo Roa (presidente de Ecopetrol) y Guillermo Alfonso Jaramillo (ministro de Salud) cuando estaban al frente de las cuentas de la campaña. De acuerdo con la información que ha trascendido, habrían contratado los servicios de una aerolínea para la movilidad de los candidatos al Congreso, pero al final los vuelos los habría utilizado el entonces candidato Petro.
Con esto, el proceso que seguiría en la Comisión de Acusaciones es la redacción del proyecto de auto, que podría ser inhibitorio o proponiendo la apertura de investigación al presidente Petro, en caso de que encuentren méritos para que así sea. El proceso, dijo una persona enterada a El Espectador, podría tardar unos dos meses. Pero, ante la cercanía del receso legislativo, a partir del 17 de diciembre hasta el 15 de febrero. Así las cosas, no se conocería sino hasta mediados del primer semestre de 2026.
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En el interín se vendría, además, una importante decisión. Para la Sala Plena del CNE del próximo 13 de noviembre, se espera que los magistrados del tribunal voten el expediente en el que se señala a la campaña del presidente Petro de haberse volado el tope de recursos por más de COP 3.500 millones.
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