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Este jueves tampoco hubo una decisión de fondo en el expediente que investiga a la campaña Petro por presunta violación de topes electorales en el Consejo Nacional Electoral (CNE). De los siete magistrados que estaban presentes en la sala, cinco votaron a favor de la ponencia que buscaba sancionar a las principales figuras de la campaña y a los partidos que hacen parte de la coalición del Pacto Histórico, dos votaron en contra.
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Como en el CNE una mayoría se completa con seis votos, la decisión pasará a conjueces. Ni la magistrada Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) ni el magistrado Álvaro Echeverry (Colombia Justa Libres) estuvieron presentes, pues la primera fue recusada, mientras que el segundo se declaró impedido para votar.
La mayoría se completa con seis de nueve votos de los magistrados que integran la sala, pero teniendo en cuenta que Velásquez y Echeverry no participaron, la decisión recaía en los siete magistrados restantes.
Los magistrados que votaron favorablemente fueron Maritza Martínez (Partido de la U) y Alfonso Campo (Partido Conservador). La magistrada Fabiola Márquez (Pacto Histórico) fue por el “no”, lo que dejó dos votos “al aire”: los de Altus Baquero (Partido Liberal) y Cristian Quiroz (Alianza Verde).
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Fue justamente Quiroz quien rompió la mayoría, por lo que la decisión quedó 5 a 2 pasó a manos de conjueces. El expediente llegará a manos de Jorge Iván Acuña y Majer Abushihab, postulados por Márquez y Prada, respectivamente, para que decidan. Eso podría tardar todavía unas semanas.
De acuerdo a la ponencia radicada en agosto de este año, se concluyó que existieron violaciones a los topes de financiación de campaña de Petro, los cuales habrían sobrepasado los 3.000 millones de pesos.
Entre las sanciones se contempla una sanción a los partidos políticos Unión Patriótica y a Colombia Humana por más de 580 millones de pesos. Además de una multa de 6.000 millones de pesos al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue el gerente de campaña de Petro. Así como multas a la tesorera Lucy Mogollón y la auditora Lucy Soto.
Cabe aclarar que el CNE está en la facultad para investigar y sancionar a Petro por violaciones a los topes de campaña en calidad de candidato presidencial e imponer sanciones administrativas; sin embargo, no está en la facultad para removerlo del cargo, puesto que esta recae en el Congreso de la República.
Las violaciones a los topes de campaña se relacionan con dinero que no habría sido declarado en medio de las dos vuelas presidenciales de Petro. Algunos de estos recursos corresponden a ciertas donaciones recibidas de varios sindicatos como Fecode (COP 500 millones) y la Unión Sindical Obrera, USO (COP 600 millones) y a préstamos de partidos políticos el Polo Democrático por COP 500 millones y fondos de la campaña del Pacto Histórico para el Senado por más de COP 200 millones.
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