Los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirán este martes, a partir de las 8:00 de la mañana, en una nueva sala plena para abordar una agenda que incluye la decisión de sancionar o no a la campaña del Pacto Histórico en 2022 por posible violación del tope de gastos en más de $3.500 millones.
Como lo contó este diario, la ponencia que se va a votar, de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, plantea que sí hubo una violación de topes electorales que superaría los $3.500 millones de pesos si se suman los gastos de la primera y segunda vuelta presidencial. Es por esto que con la decisión están en juego varias sanciones económicas contra los protagonistas de la campaña.
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El nombre que más llama la atención es el de Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, y en 2022 gerente de la campaña. Ese último rol lo hace el principal responsable de las posibles irregularidades en el proceso, por lo que sería él quien pagaría la multa más alta, esto sin contar que una posible aprobación de la sanción podría impactar en su futuro en la petrolera.
Roa, junto a Lucy Aydee Mogollón (tesorera) y Mary Lucy Soto (auditora), podrían pagar cerca de $596 millones por la posible violación de topes en ingresos y gastos de la campaña ganadora en 2022. El proyecto de resolución también plantea la sanción a otros directivos y a partidos como Colombia Humana y la Unión Patriótica, que conforman la coalición del Pacto Histórico que llevó a Petro y a Francia Márquez al poder en 2022.
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Sobre Colombia Humana y la Unión Patriótica, el documento dice que ambas colectividades deben responder de manera individual con una multa de $583 millones por “tolerar” la mencionada violación de topes electorales. Según la ponencia, dicha multa debe ser descontada del monto de financiación estatal en el siguiente desembolso que autorice el CNE a los partidos.
Cabe recordar que, a mediados de septiembre, los magistrados del CNE aplazaron la votación sobre este expediente por una recusación contra el magistrado Álvaro Hernán Prada, uno de los ponentes del caso. Para varias figuras de izquierda, Prada tendría comprometida su imparcialidad porque, además de su cercanía con la oposición del Centro Democrático, ha hecho declaraciones en la que ha “dado concepto sobre la materia objeto de investigación”.
No se puede perder de vista que en este caso ya hay una recusación avalada contra la magistrada Alba Lucía Velásquez, ternada por el Pacto Histórico, luego de que ella no se declarara impedida por conocer detalles de la campaña, resaltando que fue testigo electoral vinculada a esta colectividad. Su salida del proceso restó un voto para los intereses del Gobierno, pero se podría presentar un “equilibrio” si se avala la recusación contra Prada
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