Desde hace tres meses se viene gestando un malestar dentro de la Cancillería por los ingresos que reciben los funcionarios en embajadas y consulados en el exterior. Aunque desde hace años los sindicatos del Ministerio de Relaciones Exteriores han solicitado un aumento en la asignación básica mensual, el problema que ahora amenaza con desembocar en un plan tortuga en las sedes diplomáticas tiene que ver con la prima de costo de vida, que desde abril ya disminuyó hasta en un 13 %.
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Los ingresos de los servidores públicos diplomáticos y administrativos, según el decreto 2348 de 2014, tienen tres componentes: la asignación básica mensual, la prima especial y la prima de costo de vida. Esta última se calcula con base en los multiplicadores de costo de vida establecidos por la Organización de las Naciones Unidas mediante la “Circular Consolidada de Ajuste por Destino” y se paga en dólares estadounidenses. ¿Cuál es el inconveniente de hacer el cálculo de esta manera? Que este año la ONU aumentó el salario de sus trabajadores, pero redujo la cifra del multiplicador, lo que produjo un efecto en el bolsillo de los funcionarios colombianos en el exterior.
La afectación salarial, que en algunos casos llega al 13 %, compromete seriamente la posibilidad de que los funcionarios puedan sostener su vida en el exterior. En ciudades de Europa, por ejemplo, algunos funcionarios se han quejado ante la Cancillería que dirige Laura Sarabia sobre la imposibilidad de cubrir los costos de vivienda, pues mientras sus ingresos disminuyeron en cerca de 1.000 euros, el valor del arriendo ronda los 2.000 euros mensuales.
Las quejas, sin embargo, van más allá de la reciente reducción. Algunos funcionarios aseguran que, incluso antes del ajuste, los salarios ya eran bajos frente al costo de vida local. Citan el caso de Milán (Italia), donde el salario promedio ronda los 4.000 euros al mes, mientras que el personal administrativo colombiano gana apenas la mitad. Con el nuevo recorte, perderían otros 400 euros al mes, lo que –dicen– podría hacer insostenible su permanencia en las sedes diplomáticas.
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Aunque desde enero se planteó la necesidad de modificar la manera en que se calcula la prima de costo de vida, El Espectador conoció que este lunes la Función Pública emitió un concepto favorable para hacer el cambio. La demora ya afectó la nómina de abril, y los funcionarios esperan que, si el proceso avanza con mayor rapidez, no se vea comprometido el pago de mayo. Pero todavía falta el concepto de la cartera que dirige Germán Ávila (Hacienda) y, posteriormente, la expedición de un decreto que debe firmar la Presidencia.
En negociaciones anteriores, la prima especial estuvo congelada entre 2014 y 2020. A partir de ese año comenzó a incrementarse de forma progresiva: en 2014 incrementó en un 3 % y el año pasado alcanzó un 9 %. Sin embargo, la asignación básica mensual, otro de los tres componentes salariales, se mantiene estática desde hace más de 10 años, sin que hasta ahora se haya logrado un ajuste. Esas negociaciones sobre la asignación básica se llevan a cabo cada dos años.
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En paralelo, las mesas de trabajo nacionales para negociar el salario de quienes componen la planta interna de la cartera ya fueron instaladas hace dos semanas y en ellas participan representantes del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, Función Pública y Planeación Nacional. El decreto que establece los incrementos salariales usualmente se expide entre junio y julio, y, en caso de aprobarse un aumento, este se aplicaría de manera retroactiva.
La semana pasada, el Gobierno presentó su primera propuesta de incremento salarial para los funcionarios en Colombia. Las centrales sindicales habían solicitado desde el principio un aumento del 5 % más el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La oferta inicial fue de 1,3 %, una cifra que, según algunos sindicalistas, representa la mejor oferta de arranque en los últimos 12 años. En años anteriores, las propuestas iniciales habían sido mucho más bajas, en rangos de 0,3 % o un punto.
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Todo esto se da en momentos de otras tensiones relacionadas con el nombramiento de embajadores, a raíz del caso de Guillermo Reyes ante Suecia. La semana pasada, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declarara la nulidad del decreto que había nombrado al exministro de Transporte porque supuestamente no tenía la experiencia profesional necesaria para desempeñar las funciones del puesto ni demostró el dominio de un segundo idioma, el presidente Petro reaccionó.
“Aunque siempre he acatado la decisión judicial debo manifestar mi desacuerdo con ella. El Presidente, como jefe de Estado, tiene el derecho constitucional de dirigir las relaciones exteriores de Colombia, ese derecho no debe ser vulnerado”, dijo el jefe de Estado.
De momento, han empapelado las embajadas y consulados con letreros de colores que dicen frases como “No más atropellos en contra del servicio exterior colombiano” y “la defensa de los intereses de Colombia y nuestros ciudadanos en el exterior requiere condiciones laborales dignas”. Sin embargo, los funcionarios no descartan darle paso a una suerte de plan tortuga en lo referente a los trámites si no hay avances pronto.
Por ahora, el fin de semana pasado arrancó el examen de ingreso a la carrera diplomática. Mientras tanto, los funcionarios esperan que el ajuste en la prima de costo de vida y las negociaciones salariales de este año permitan aliviar parte de la presión económica. Desde Cancillería aseguraron que este lunes se le envió al Ministerio de Hacienda el concepto técnico de Función Pública para que de su concepto presupuestal antes de que Petro pueda firmar el decreto.
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