La medida de emergencia económica anunciada por el gobierno del presidente Gustavo Petro ya tendría sus primeros obstáculos por parte de la oposición. Desde el Centro Democrático del expresiente Álvaro Uribe Vélez se estaría promoviendo una tutela con la que se pueda poner freno a esta política mientras la Corte Constitucional realiza el estudio de fondo.
Según manifestó el líder natural de ese partido, “la protección de los derechos ciudadanos no le puede aplicar la vacancia. Por eso ante la vacancia de la Corte Constitucional debería proceder la Tutela". Las palabras de Uribe llegaron luego de que el alto tribunal estimara que no reanudaría actividades ni tendría sesiones extra para el estudio de esta medida adoptada por la Casa de Nariño.
Es más, el exmandatario insistió que este “es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de Enero y mientras tanto el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso”.
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Es más, varios congresistas de esta bancada ya iniciaron los estudios jurídicos para proceder con la tutela. Con ella, buscarían que no entraran en vigencia los decretos que están pendientes de publicación en el Ministerio de Hacienda y en la Presidencia para la reglamentación de la emergencia económica. Con ella buscarían, según señala el presidente Petro, recaudar recursos a través de mayores impuestos a los “megarricos de Colombia” para financiar el presupuesto del próximo año.
El objetivo del Ejecutivo se postraría en cerca de los COP 16,3 billones que no fueron aprobados en una ley de financiamiento en el Congreso y que se hundieron a instancias de las comisiones económicas (terceras y cuartas). Según el Presidente, ese faltante de recursos afectaría para proyectos de inversión social. Además, ante el llamado de diversos sectores por recortar el funcionamiento, el jefe de Estado aludió que no podrían hacerlo, pues estos recortes llegarían del sector educación y salud.
Ahora bien, en el Congreso la medida entrará en estudio, o por lo menos bajo la lupa del control político. En medio, el sector del uribismo ya propuso la tutela, con la que se pueda suspender la vigencia de esos decretos que siguen en construcción por parte de la cartera en cabeza del ministro Germán Ávila.
En ese sentido, la candidata al Senado por ese partido, María Clara Posada, señaló que “durante la vacancia judicial, la acción de tutela se configura como el único mecanismo eficaz e inmediato para evitar que el Decreto de emergencia económica petrista produzca efectos irreversibles sobre derechos fundamentales". Además, remarcó que “negar la procedencia de la tutela en ese escenario generaría un vacío de protección contrario al carácter garantista de la Constitución de 1991″.
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Al respecto de estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro respondió. Primeramente aseguró que “Uribe y su amigo Duque, nos llenaron de reformas tributarias, la de Carrasquilla la derrotó el pueblo, y todas, sin excepción se trataron de IVA al consumo popular, exoneraron más a los más poderosos”.
Aunque resaltó que sus reformas eran “contrarias” a las de Uribe, “en las otras reformas tributarias que presenté, aún con mayor progresividad que la de Ocampo, es decir apuntaban a un recaudo de impuestos a los más ricos del país, simplemente, usted expresidente Uribe, con la institucionalidad que aún controla, pues gobernó casi todo lo que llevamos de este siglo, no permitió aprobarlas en el Congreso”.
“Usted no quiere que los megarricos de Colombia, el 0,6 % de la población colombiana, no pague un centavo en el 2026, después que el solo gobierno de Duque les entregó 70 billones en subsidios y provocaron que se disparará el déficit primario. Esos subsidios se financiaron con deuda pública expresidente”, agregó el jefe de Estado.
Finalmente, en su mensaje insistió en que Uribe “busca que la inmensa mayoría de la ciudadanía, le pagué, a través de la deuda pública, los subsidios entregados por ustedes a los megarricos y crea un nuevo subsidio de decenas de billones de pesos al poner una tasa real de interés por encima de la tasa real de crecimiento económico”.
El choque Congreso-Gobierno
En medio de esta disputa sobre la conveniencia de la declaratoria, una nueva contienda entre el Legislativo y el Ejecutivo se ha librado, con motivo, especialmente, de la independencia de esta rama para hacer control sobre la medida. Según estimó el presidente del Congreso, Lidio García, el Senado está en condiciones para estudiar el llamado, pues compete a un hecho ya negado en esa corporación. De hecho, en las sesiones extraordinarias de este viernes, esa corporación podría iniciar discusión al respecto.
No obstante, la respuesta por parte de varios minitros desató un nuevo choque en las altas esferas del poder. En primera instancia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Congreso no puede sesionar con este fin, pues la ley quinta se los impide. “El Congreso solo podrá iniciar el estudio del estado de emergencia económica cuando el Gobierno haya enviado el informe de la declaratoria y sus medidas, según dicen el artículo 215 de la Constitución y el artículo 48 de la Ley 137 de 1994, y aún no se ha enviado ese informe”, dijo.
De otro lado, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, manifestó que el presidente del Senado no conoce la norma que rige al Congreso, la ley Quinta de 1992, pues estaría inhibido de citar extras para el estudio de este llamado. Además, sobre García aseguró que es “un títere del titiritero mayor César Gaviria hablando de autonomía del Congreso. De liberal no tiene ni un pelo".
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