La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, se pronunció en la mañana de este lunes sobre el secuestro de al menos 18 uniformados que se encontraban haciendo operaciones contra las narcobandas que operan en ese departamento y que terminaron en poder de civiles y, según palabras de la funcionaria, retenidos de forma ilegal.
La situación se registró en la región conocida como Carmen de Atrato y lo que se sabe es que los miembros del Ejército Nacional estaban realizando operaciones contra el ELN, estructura criminal ligada al narcotráfico que junto a las disidencias y el Clan del Golfo también tienen presencia ilegal en estos territorios.
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“El Ejército Nacional ha denunciado formalmente ante la Fiscalía el delito de secuestro sobre 18 de nuestros soldados, quienes se encontraban desarrollando una operación contra el GAO ELN en inmediaciones del Carmen de Atrato. El resguardo indígena La Puria también ha emitido comunicaciones controvirtiendo la denuncia, pero aportando pruebas que dan cuenta de la efectiva retención ilegal de los uniformados, así como su armamento”, precisó la Gobernadora.
Y agregó: “En este momento se desarrolla consejo de seguridad extraordinario con presencia de Ejército, Policía, Fiscalía, Defensoría, Procuraduría, Alcaldía del Carmen de Atrato, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa”.
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De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, los hechos afectaron a 18 soldados que estaban desarrollando operaciones contra las narcoestructuras en Chocó.
“Fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena, mientras desarrollaban operaciones legítimas contra el cartel del Eln”, precisó el funcionario. En este departamento se tienen previstas, entre tanto, las zonas en las que el Clan del Golfo se agruparía de cara a su proceso en medio de la paz total con el presidente Gustavo Petro.
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El jefe de la cartera señaló que las operaciones militares, precisamente, “tienen como propósito proteger a la población civil, en especial a las comunidades indígenas, frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia, así como dar respuesta a las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo”.
El Gobierno se encuentra haciendo verificaciones en el territorio junto a organismos humanitarios para lograr la liberación de estos 18 uniformados. Además, se encuentran analizando acciones que reviertan estas situaciones, pues no es la primera vez que este tipo de casos se registran en diferentes partes del país.
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