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Una decisión en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sacudió el panorama político: con una votación de seis a tres, el órgano determinó que la campaña Petro violó los topes electorales en 2022. Una ola de reacciones, tanto desde la oposición como el Pacto Histórico, le siguió, pero lo cierto es que los focos están sobre la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que tiene pendiente decisiones sobre esa misma organización.
Más de un año tardó el órgano que encabeza el magistrado Cristian Quiroz (Alianza Verde) para tomar una decisión y, para muchos, la Comisión no ha avanzado en las pesquisas. La mirada se posa sobre el triunvirato investigador: Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (La U).
En un lapso de cerca de un año se mantuvieron las investigaciones frenadas, pero la semana pasada se realizaron procedimientos en la sede de Colombia Humana, partido que fundó el mismo mandatario, y el CNE para recolectar pruebas. Y ahora, con la decisión de ese mismo órgano encima, no son pocos los llamados para seguir avanzando en esa indagación.
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Como lo reveló El Espectador en la edición de este viernes, se está elaborando un borrador y en él se detalla la posibilidad de que la campaña sí hubiera violado los topes electorales. La duda se mantiene, en todo caso, sobre la responsabilidad que se le podría atribuir al jefe de Estado.
¿Qué falta? La comisión deberá recibir la providencia del CNE. A partir de allí, se espera que las cosas avancen más rápido y, según conoció este diario, eso podría seguir extendiéndose el próximo año.
¿Qué han dicho desde el gobierno Petro?
Este mismo viernes, el mandatario volvió a pronunciarse sobre la decisión a través de su cuenta de X. Como lo hizo en las últimas horas, volvió a hablar sobre el conjuez Majer Abushihab, el voto definitivo en el CNE para la mayoría que respaldó la ponencia. Aseguró que “el CNE no puede ya [darles] garantías electorales”.
“Ninguno de los puntos que llaman sobretopes y, en cuyo proceso ni siquiera leyeron nuestra defensa, son sobretopes. Lo único positivo de esta investigación, es que la misma oposición no pudo encontrar un solo aporte que puedan llamar del narcotráfico o ilegal”, aseguró. Y agregó: “La campaña por la Asamblea Nacional Constituyente arranca y necesita su firma y mayorías en el Congreso”.
Que nos sancione el abogado de Fico es inaceptable.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 28, 2025
El CNE no puede ya darnos garantías electorales. Sanciona mi campaña para no dar personería jurídica al movimiento político más grande de Colombia.
Ninguno de los puntos que llaman sobretopes y, en cuyo proceso ni siquiera… https://t.co/FmZP6ays2z
La vicepresidenta Márquez también habló al respecto. Por la misma vía, indicó que “oposición está desesperada buscando cómo detener la continuidad del cambio”.
“Como la supuesta financiación ilegal de la campaña no existió, ahora pretenden incriminarme valiéndose de conversaciones sin fundamento entre personas que hoy están en la criminalidad. He sido clara en responder esa infamia; yo no soy como muchos de la ultraderecha que, pretendiendo adueñarse del poder, hicieron alianzas con grupos al margen de la ley para ganar y quedarse en él”, indicó, en referencia a las revelaciones de Noticias Caracol sobre los supuestos diálogos entre dos fichas del Gobierno y las disidencias de Calarcá, en lo que ella aparece mencionada.
¿A quién sanciona la decisión del CNE?
Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña, como Lucy Aydee Mogollón –entonces tesorera–, y María Lucy Soto, quien fue la auditora, tendrán que pagar conjuntamente una multa que asciende a los COP 6.000 millones. Los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, que integraron la coalición del Pacto Histórico, fueron castigados con una sanción cercana a los COP 600 millones.
Los ponentes Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal) argumentaron que donativos de Fecode, el sindicato de profesores, y la Unión Sindical Obrera (USO), de Ecopetrol, no fueron computados e influyeron en la superación de topes en primera y segunda vuelta.
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Además, el pago a 30.256 testigos electorales durante las dos fases electorales, que costó más de COP 900 millones, no fue reportado dentro de los informes de ingresos y gastos de esta campaña. Tampoco lo fueron las cuentas en aspectos de publicidad, pues se halló una disonancia entre las facturas entregadas durante las pesquisas y las reportadas al órgano electoral.
La ponencia también señaló que hubo un aprovechamiento de recursos desde la campaña al Congreso del Pacto Histórico, que lideró el hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, permitiendo la adquisición de bienes y servicios relacionados con plataformas, equipos y productos de tecnología que se usaron en la primera vuelta presidencial. Finalmente, también se habría alterado información de forma “sistemática” de algunos viajes de campaña presidencial. La ponencia dio muestra de que se omitieron reportes de gastos por más de COP 1.200 millones de pesos en transporte a los que el equipo de campaña sustentó como posibles errores en valores establecidos en la contratación inicial.
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