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25 Jan 2022 - 12:03 p. m.

Colombia, estancada durante una década en la lucha anticorrupción

Transparencia Internacional reveló el Índice de Percepción de la Corrupción 2021, en el que Colombia ha obtenido calificaciones entre 36 y 39 puntos durante 10 años. De acuerdo con la organización, las elecciones de este año ofrecen nuevas oportunidades para salir del estancamiento.
El estancamiento de Colombia en el ranking reitera la necesidad de revisar a fondo los esfuerzos de lucha contra la corrupción.
El estancamiento de Colombia en el ranking reitera la necesidad de revisar a fondo los esfuerzos de lucha contra la corrupción.
Foto: Yuri Arcurs

Transparencia Internacional reveló este martes los resultados de su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021. De acuerdo con la ONG, el ranking estuvo marcado por la pandemia de Covid-19, debido a que la emergencia sanitaria “ha abierto las puertas para que los gobiernos amplíen aún más su poder, oculten información al público y eliminen derechos”. Por ese motivo, el índice muestra que 154 países han disminuido o no han logrado un progreso significativo en la lucha contra la corrupción, de manera especial durante los últimos diez años.

De acuerdo con el informe, casi ningún país puede vanagloriarse de mejoras importantes en los últimos diez años en los que se lleva publicando el índice, puesto que la gran mayoría apenas han registrado avances o incluso han retrocedido en la clasificación que se elabora cada año. Una de esas naciones estancadas en temas anticorrupción es Colombia, que obtuvo 39 puntos sobre 100 en el IPC, ubicándose en el puesto 87 entre 180 países evaluados. Vale recordar que la clasificación toma 0 como corrupción muy elevada y 100 significa ausencia de corrupción.

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Otros países de la región, como Venezuela y países de América Central, registraron retrocesos alarmantes, según Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, porque “los líderes corruptos apuntan contra activistas y consolidan su poder, al tiempo que se atacan los derechos de la prensa, la libertad de expresión y la libertad de asociación”.

¿Cómo se obtiene la calificación? Tras un análisis que combina datos de encuestas y evaluaciones (ocho fuentes en total) producidas por organismos internacionales, consultorías privadas de análisis de riesgos y centros de pensamiento reconocidos a nivel mundial. La percepción que las fuentes tienen sobre el grado de corrupción en el sector público se sintetiza y siempre se considera que una calificación por debajo de 50 puntos expone niveles de corrupción muy serios.

En el caso de Colombia, la calificación se mantiene estancada. Desde hace una década, el país ha obtenido calificaciones entre 36 a 39 puntos, lo que quiere decir que no registra variaciones estadísticamente significativas. En el ranking que se reveló este martes Colombia pasó del puesto 92 (IPC 2020) al 87, debido a la caída de cinco países que antes se encontraban con una calificación mayor: Argentina, Lesoto, Turquía, Guyana y Marruecos.

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Colombia, que comparte calificación con países como Etiopia, Surinam, Tanzania, Kosovo, Vietnam y Macedonia del Norte, solo supera a México y a Turquía entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En la región, los cinco países mejores calificados son Canadá (74), Uruguay (73), Chile (67), Estados Unidos (67) y Barbados (65). Los peores, Guatemala (25), Honduras (23), Haití (20), Nicaragua (20) y Venezuela (14).

Y a nivel global, los cinco mejores países calificados en el mundo son Dinamarca y Nueva Zelanda con 88 puntos sobre 100, seguidos por Finlandia, Singapur y Suecia, con 85. Los peor calificados son Yemen (16), Venezuela (14), Siria (13), Somalia (13) y Sudán del Sur (11).

Implicaciones y recomendaciones en Colombia

Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, explicó que el estancamiento en temas anticorrupción se suma al impacto que genera este flagelo en el país, y aseguró que las elecciones legislativas y presidenciales de este año ofrecen nuevas oportunidades para avanzar en la materia. “En 2022 debemos elegir a quienes demuestren mayor integridad en el manejo de lo público, propongan medidas de lucha contra la corrupción serias y alejadas de discursos facilitas de campaña, y se comprometan con resultados concretos. Colombia puede superar la corrupción bajo un liderazgo decidido y el concurso de toda la sociedad”.

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Más allá de lo que pueda originarse de las elecciones, los 10 años sin avances significativos en la lucha contra la corrupción plantean la necesidad de revisar la estrategia del país, teniendo en cuenta algunos patrones identificados por la Comisión de Expertos Anticorrupción, la radiografía de la corrupción 2016-2020 elaborada por Transparencia por Colombia y el informe del Observatorio Ciudadano de Corrupción.

Algunos de esos patrones son las formas de corrupción con altos niveles de conocimiento, recursos e influencia para afectar decisiones y presupuestos públicos; usar dinámicas político-electorales para acceder al poder y, así, desviar recursos, alimentar el clientelismo y manipular regulaciones, en muchos casos bajo la presión o la colaboración de actores privados o criminales; la captura del sistema de control y de justicia para favorecer la corrupción y la impunidad; vacíos normativos e institucionales, incumplimiento de normas y excesos de control, y graves afectaciones a derechos humanos que generan daños que no son reparados a las víctimas de corrupción.

Para Transparencia por Colombia, los avances en la lucha anticorrupción deberían enfocarse en buscar cómo renovar la confianza ciudadana en las instituciones, además de brindar mayor apertura, acceso a información pública y transparencia en el uso de recursos públicos. Además, propone que desde Presidencia se incorporen enfoques más innovadores y agresivos para luchar contra esta problemática en los sectores más afectados (defensa, educación, salud, vivienda), y que el Congreso que se elija el próximo 13 de marzo se comprometa con una agenda anticorrupción basada en reformas de fondo en materia de contratación pública.

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