Durante la audiencia pública, señalaron cómo gracias a la ya histórica cooperación con Estados Unidos, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo ha avanzado notablemente. Los cultivos ilícitos y la producción de drogas en Colombia han cedido y el llamado terrorismo está más cerca que nunca de una derrota final. Frente a un panorama tan optimista, la pregunta gruesa brilla por su obviedad: ¿por qué si todo está funcionando tan bien es entonces necesario profundizar aún más la cooperación con Estados Unidos?
Fueron varias las contradicciones que emergieron y se hizo confuso el objetivo que el Gobierno colombiano persigue con esta negociación. Mientras el general Padilla volvió a decir que en materia de la lucha contra la guerrilla estamos muy cerca del final, el canciller Bermúdez informó que el Gobierno colombiano está negociando el uso estadounidense de las bases por un período de 10 años. ¿Al fin qué? ¿Por qué se está autorizando un período tan largo? ¿El cumplimiento de qué tipo de objetivos justifica la escogencia de este lapso específico?
Ahora bien, difícilmente se puede cuestionar la legalidad del procedimiento y mucho menos se trata, como lo sugirió el embajador Brownfield, de devolverse a nociones trasnochadas de soberanía en las que cualquier presencia extranjera es nociva a priori. En estos puntos el Gobierno tiene razón: el acuerdo estará eventualmente amparado por el derecho internacional y el nacional y no es, ni mucho menos, un caso de intervención soterrada.
Dicho esto, dos hipótesis —no necesariamente excluyentes— pueden explicar la decisión y ambas son igualmente preocupantes. De un lado, el problema de fondo podría ser que la política del actual Gobierno hacia Estados Unidos esté fundamentada en una premisa casi irracional de acuerdo con la cual, no importa cómo ni cuándo, más siempre es mejor. Es casi un caso de adicción: entre más ayuda se obtiene de Estados Unidos, más se necesita y, por supuesto, nunca es suficiente. Como cualquier otra adicción, el ‘consumo’ de la ayuda estadounidense sólo incrementa los niveles de dependencia y obstaculiza un análisis serio de los costos y beneficios de esta profundización en la cooperación.
El Gobierno puede estar calculando que obtendrá beneficios al permitir el uso de las bases por parte de la potencia del norte. Al profundizar la alianza militar con Estados Unidos, el Gobierno colombiano puede estar pensando que ello contribuirá a lograr finalmente la puesta en marcha del TLC, o que el país mejorará su posición de fortaleza frente a un vecindario cada vez más hostil. Las dos razones parten de equivocaciones grandes. Para empezar, en política exterior estadounidense y por razones burocráticas, las alianzas en materia de seguridad no se traducen automáticamente en arreglos en otras áreas (como la del comercio). Así que si esta es la apuesta, tiene pocas probabilidades de funcionar.
Y en cuanto a los vecinos, no se necesita un análisis político demasiado sofisticado para saber que una decisión como esta sólo va a terminar de polarizar los ánimos políticos en la región. Justo cuando la base de Malta se cierra gracias a una decisión del presidente Correa en Ecuador —apoyada en un referendo—, Colombia abre negociaciones para autorizar el uso estadounidense de al menos tres de sus propias bases militares. El momento no podía ser menos propicio ni más elocuente.
En el mundo de las relaciones internacionales, cada intento por mejorar la seguridad de un Estado es siempre interpretado por los otros Estados como una amenaza a su propia seguridad. Mucho más cuando, como en este caso, las razones que se esgrimen son tan poco claras. Puede que, como lo sugirió el canciller Bermúdez, el acuerdo termine por mejorar la seguridad de todos en el área y contribuya a derrotar el narcotráfico y el terrorismo. Pero, con certeza, la región no verá con buenos ojos el muy particular método que el Gobierno colombiano ha escogido para lograr este objetivo.
* PhD. Profesora de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.