Jaime Dussán Calderón maneja desde el piso siete de una oficina en el norte de Bogotá una de las entidades más técnicas del país, encargada de administrar las pensiones de 6,8 millones de colombianos y punta de lanza de una de las reformas más ambiciosas del presidente Gustavo Petro: la pensional, que se discutirá desde el próximo martes en el Senado.
Cuando no está trabajando en su despacho es usual verlo por los pasillos del Congreso, los mismos que recorrió como senador durante 16 años. Se mueve con facilidad entre las comisiones, entra a los debates, saluda y se sienta a conversar con los congresistas en sus curules. En más de una ocasión se le ha visto inquieto en plenarias donde se discuten temas que incluso no tocan a Colpensiones, como es el caso de la reforma a la salud.
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Su figura toma relevancia no solo por el momento político que rodea la discusión de las reformas, sino también por el contenido en sí de la pensional; de aprobarse el proyecto, que entra a segundo debate, la entidad que preside Dussán pasaría a controlar cerca del 90 % de los ahorros para la vejez de los colombianos: todos los trabajadores cotizarían en Colpensiones hasta los tres salarios mínimos.
Expertos se preguntan si la entidad está preparada para recibir la llegada masiva de afiliados —se habla de un incremento del 261 %, según la misma Colpensiones— y para hacerse cargo de un fondo que podría acumular $100 billones de ahorro. Además, congresistas y empleados de la misma Colpensiones —que este año tiene un presupuesto para gastos de $1,6 billones y 2.500 trabajadores oficiales— plantean dudas sobre el poder que tendría Dussán, al que cuestionan por su preparación para el cargo, su perfil político, los cambios que ha generado con su administración y las dudas que envuelven la contratación. Todo, eso sí, él lo refuta.
La ruta de Jaime Dussán a Colpensiones
Dussán es un educador huilense que en los 80 y 90 se abrió paso en la política nacional como secretario general y después presidente del principal sindicato de maestros, Fecode. Luego saltó al Senado, donde estuvo entre 1994 y 2010. Desde ese momento su carrera ha estado vinculada al Polo Democrático, partido del que ha sido presidente y secretario general.
En su pasado académico aparece la sombra de una cuestionada institución en la que se tituló como abogado en 2013, la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, la cual Dussán nunca relaciona en sus hojas de vida o perfiles públicos. Se trata de una organización con la que hoy en día ni siquiera es posible comunicarse para consultar por sus programas de estudio.
En 2016 quedó bajo la lupa de la Fiscalía y el Ministerio de Educación por numerosas irregularidades, entre esas el ofrecimiento de programas no autorizados, como el de una carrera de derecho que se dictó en la cárcel La Picota y graduó a un grupo de 22 personas, entre ellas varios exparamilitares que pagaron cerca de $25 millones. En esa lista aparecen, entre otros, alias “Diego Vecino”, “El Águila” y “Don Antonio”.
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Al final, la Fiscalía le imputó cargos a varios de los directivos de IDEAS e incluso la entonces rectora, Ana Cristina Pedraza, llegó a estar capturada. En este punto llama la atención que uno de los fundadores de esa universidad es Jairo Tapias Ospina, exsenador que coincidió con Dussán en su último periodo en el Capitolio, entre 2006-2010.
Con la bandera del Polo, Dussán ha hecho campaña por políticos como el fallecido y condenado Samuel Moreno, la ahora senadora Clara López, el excongresista Jorge Robledo y, finalmente, el propio presidente Gustavo Petro, con quien no siempre tuvo una buena relación. De hecho, en 1998 Petro le pidió al Consejo de Estado quitarle la investidura a Dussán como congresista debido a presuntas irregularidades en el fondo que maneja las pensiones de los profesores.
Lo que pasó durante los últimos 25 años es una incógnita, lo único claro es que el presidente Petro, señalando que hubo algunos “encuentros y desencuentros”, posesionó el 2 de diciembre de 2022 a Jaime Dussán como presidente de Colpensiones, agregando que se trata de un “homenaje a la vida de una persona que ha luchado desde el frente sindical”.
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Este nombramiento incluso levantó ampolla en las filas del Polo, donde voces como la de Carlos Carillo, exconcejal de Bogotá, —quien también ha dicho que Dussán es el “dueño” del partido y no tiene la experiencia necesaria para el cargo que ocupa hoy— denunciaron que la decisión no fue consultada con las bases. En respuesta a ese cuestionamiento, Dussán le dijo a este diario que fue “propuesto por el señor presidente de la República a la Junta Directiva de Colpensiones”.
En la última puja interna del Polo, Dussán demostró su fuerza al lograr incluir entre los primeros tres puestos de la lista del Pacto Histórico al Concejo de Bogotá a su hija, Rocío Dussán, quien efectivamente resultó electa el pasado 29 de octubre de 2023. Quienes conocen de cerca las movidas de este sector aseguran que Dussán, junto al exsenador Alexander López Maya —hoy director de Planeación Nacional— y al polémico Álvaro Argote —expresidente del partido que renunció por una investigación sobre presunto acoso laboral y sexual— se han consolidado como líderes de ese movimiento político de izquierda.
“Masacre laboral” en Colpensiones
La noticia de la llegada de Jaime Dussán a Colpensiones generó grandes expectativas entre los trabajadores sindicalizados de la entidad porque, según explicaron, su pasado en Fecode lo hacía ver como un “negociador ideal”. Pocos días después de su posesión, el nuevo presidente se reunió con ellos; entre abrazos y chistes les preguntó qué hacía falta para mejorar la entidad. La pronta reunión, sin precedentes, confirmó sus apuestas: la dirección estaba en manos de un aliado.
La luna de miel, sin embargo, duró poco. El Espectador habló con los dos sindicatos más grandes de la entidad —Sintracolpen, que representa a 980 empleados, y Colpeunidos, con 412 trabajadores, de los 2.500 empleados oficiales que tiene la entidad— que manifestaron su inconformidad con la administración de Dussán. El descontento radica, principalmente, en los despidos sin justa causa, pero también en la falta de diálogo para poder acordar condiciones óptimas de trabajo.
Las relaciones se han deteriorado tanto que, en agosto de 2023, Colpeunidos envió una carta al jefe de Estado y a su ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, para pedir la renuncia del presidente argumentando, entre otras cosas, que su administración estaba sacando personas capacitadas para darles puestos a personal sin conocimientos técnicos. En el documento, el sindicato aseguró que algunos de los nuevos trabajadores dijeron ser contratados porque “algún familiar es amigo del presidente Dussán”.
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La organización, además, denunció que en la actual administración ha aumentado la contratación de trabajadores misionales e incluso que personas sin experiencia entran ganando mejores sueldos que quienes llevan más de una década en la entidad. “Aquí todo el mundo que he nombrado es gente buena”, responde Dussán.
En su momento, una de las contrataciones cuestionadas fue la de Paola Palmariny, quien inicialmente entró a la vicepresidencia de seguridad y riesgos empresariales, un cargo asociado con la prevención del riesgo de fraude, corrupción y lavado de activos, pero meses después pasó a la vicepresidenta comercial y de servicio al ciudadano. Palmariny, considerada mano derecha de Dussán, estuvo en el Ministerio de Trabajo durante el Gobierno del expresidente Iván Duque, fue candidata al Senado por el Partido de la U en 2014 y, en general, ha ocupado cargos políticos.
El efecto de los despidos los reflejó la Procuraduría en un informe de septiembre de 2023 en el que señala que, en nueve meses (diciembre-agosto de 2023), la entidad pagó $1.226 millones por concepto de indemnizaciones. Por esta razón, el órgano de control habló de una “masacre laboral” y advirtió por la congestión en los procesos, incluyendo 71.402 casos pendientes por decidir, de los cuales 18.385 tenían términos vencidos.
El Ministerio Público afirmó que el retiro de funcionarios con experiencia técnica podría aumentar los retrasos en las decisiones de prestaciones económicas y recordó que, en 2015, cuando se levantó el estado de cosas inconstitucionales en Colpensiones, había 11.063 solicitudes vencidas. Si bien los trabajadores defienden que la entidad está funcionando, pese a los cambios, no confían en la administración actual. “Reforma sí, Dussán no”, es una de las frases de Sintracolpen a propósito del trámite de la pensional.
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Al preguntarle a Dussán por casos particulares, sostuvo que quienes han salido de la entidad no han ejercido bien sus funciones, e hizo un recuento de otros funcionarios en cargos clave que vienen desde el gobierno anterior. Aseguró que el 95 % de los funcionarios que estaban, permanecen. Sobre Palmariny, dijo que tiene experiencia y que está “curtida” en el sector público y que, como en ese caso, tras renuncias o despidos ha nombrado personas capaces. “Todos los funcionarios son técnicos, aquí no hay funcionarios políticos”, precisó.
Y agregó: “En la vida nadie es necesario y nadie es imprescindible. Por supuesto que un nuevo gobernante que llega tiene que tener su equipo. Ese cuento de que son técnicos es pura paja, a mí no me van a echar esos cuentos pendejos”.
En el ámbito laboral, Dussán ha enfrentado otras acusaciones. En 2015 fue señalado de agredir a un escolta y recientemente un juez, mediante tutela, le ordenó reintegrar a su puesto a Iveth Carmén Aristizabal, jefa de Relacionamiento y Comunicaciones de Colpensiones, quien había denunciado acoso laboral contra tres personas, incluyendo al presidente de la entidad, ante el comité de convivencia. La decisión señala que es razonable inferir que la denuncia (que había sido archivada por el comité) fue determinante para su despido.
Rastreo a la contratación en Colpensiones
Desde que Jaime Dussán llegó a Colpensiones, la entidad ha puesto en marcha cerca de 370 procesos contractuales, varios de los cuales han terminado bajo la lupa de congresistas, veedores y órganos de control. La lista la encabeza el más cuantioso de todos, que es por más de $72.000 millones para el servicio de atención multicanal o contact center.
La ganadora del jugoso contrato, adjudicado en noviembre de 2023, fue Unión Temporal MZ-2023 (Millenium BPO e Inversiones William Zuca) que, a pesar de haber sido rechazada en dos oportunidades, el 9 y el 31 de octubre, por no cumplir con todos los requisitos, se vio beneficiada por una serie de adendas y al final por el concepto de una firma de abogados externa que asesora a Colpensiones y determinó, 24 horas después del último rechazo, que los oferentes estaban habilitados y acreditados para participar.
En diálogo con este diario, Dussán aseguró que no hay irregularidades y que “lo único cierto es que yo hice un nuevo sistema tecnológico muy importante”. Según él, ese contrato es el más relevante que ha firmado y tiene como fin facilitar la comunicación entre la entidad y sus afiliados.
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Sin embargo, en el Congreso, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, también llamó la atención por el valor del servicio. Según explicó, en 2020 se contrató el contact center junto a otros dos servicios por $41.000 millones, por lo que no se entiende cómo solo uno de esos elementos costó los $72.000 millones en 2023. El presidente Dussán, por su parte, respondió que a la entidad han llegado muchas preguntas sobre el tema, que “parecen escritas por la misma persona del Centro Democrático” y que él puede decir tranquilamente que el señalamiento “no es cierto”.
De acuerdo con funcionarios de la entidad, otro contrato que preocupa es el de los $39.000 millones del alquiler, hasta 2028, de seis pisos de un edificio en el centro financiero de Bogotá, uno de los cuales alberga la oficina de Dussán. Los sindicatos denunciaron que mientras a ese lugar se trastearon el presidente y sus colaboradores más cercanos, el resto está hacinado en dos edificios, uno en la calle 72 y otro en la calle 100, que carecen de un buen mobiliario y otras condiciones.
A todo esto se suman los cuestionamientos al incremento de personal en misión o contratado por empresas temporales. Según la senadora Valencia, entre 2019 y 2022 el número de estos trabajadores no superaba los 540, pero en 2023 llegó a 763. Ella lanzó la alerta sobre un contrato de $51.000 millones que se suscribió con ese objetivo, que no es el primero, pero se diferencia de los anteriores en que apenas garantiza la misión por seis meses y no por un año completo, como venía sucediendo.
Por todo esto, en el Congreso ya camina una propuesta de la senadora para llevarlo a un debate de control político, al igual que una solicitud de investigación disciplinaria ante la Procuraduría, que actualmente está en etapa de recolección de pruebas. Dussán asegura que responderá todas las inquietudes, pero hace una aclaración: “Yo no soy sujeto de control político, los ministros de Estado, sí; yo puedo ser invitado al Congreso y con muchísimo interés asistiré”.
Además, Dussán se desmarcó del trámite político de la reforma pensional. Dijo que es la ministra de Trabajo la encargada del tema y que él, que “tiene bastante simpatía con todos los sectores del Congreso”, habla con los senadores y representantes para aportar datos y contribuir al debate. “Ellos me piden explicaciones y esa es mi obligación”, agregó.
Ahora que regresan al Congreso las discusiones de las reformas, lo más seguro es que Jaime Dussán refuerce el equipo del Gobierno para buscar los apoyos necesarios en cada plenaria y bancada. El ministro del interior, Luis Fernando Velasco, y la recientemente posesionada directora del Dapre, Laura Sarabia, ya avanzan en esa tarea y tienen la misión de fracturar los partidos con la burocracia como as bajo la manga. En esto, según diversas fuentes, jugará un papel relevante el presupuesto que actualmente tiene Colpensiones ($1,6 billones para gastos en 2024) y los 2.500 cargos que suma en su planta oficial.
Jaime Dussán responde a sus cuestionamientos
Hay denuncias de despidos en la entidad de funcionarios con experiencia técnica que fueron reemplazados por cuotas políticas, ¿qué responde?
Los que se han ido es porque no son buenos en sus funciones. En la vida nadie es necesario y nadie es imprescindible. Por supuesto que un nuevo gobernante que llega tiene que tener su equipo. Ese cuento de que son técnicos es pura paja, a mí no me van a echar esos cuentos pendejos. Aquí todo el mundo que he nombrado es la gente buena. Del anterior Gobierno venía el vicepresidente de Régimen Prima Media, la vicepresidenta de corporativa, la vicepresidenta de BEPS, el vicepresidente de Riesgos. El 95 % los directivos venían del anterior Gobierno.
Lo quieren citar a un debate de control político en el Congreso por algunos contratos polémicos, ¿cuál es su posición?
Yo no soy sujeto de control político. Yo puedo ser invitado al Congreso, si me citan conforme al reglamento del Congreso asistiré y les daré el informe técnico que piden en esa referencia. Les puedo responder que no es cierto.
¿No son ciertos los sobrecostos?
Nada de lo que preguntan es cierto. Lo único cierto es que yo hice un nuevo sistema tecnológico muy importante en Colombia. La empresa que contratamos de contact center ganó la licitación limpiamente, es una empresa que tiene 25 años de experiencia en Colombia.
¿Cuál es su versión sobre la denuncia de acoso laboral de Iveth Aristizábal?
Ese es un problema que resolverán jueces. No me meto en ese tema porque ella ha hecho unas denuncias que no son ciertas y en este momento está en los juzgados, yo soy abogado y respetuoso de las instituciones.
¿Usted se considera un representante del Polo Democrático en el Gobierno?
Fui propuesto por el señor presidente de la República a la Junta Directiva de Colpensiones que me nombró por unanimidad en el cargo que estoy ejerciendo. Este es un cargo técnico. Seguramente, el señor presidente me postuló por mi pequeña experiencia como conocedor de los temas pensionales de Colombia desde que era presidente de la Federación colombiana de educadores, congresista durante cinco periodos y eso me da alguna validez para trabajar en esta bonita tarea.
¿Qué opina de los cuestionamientos por su posible falta de experiencia para el cargo?
Nadie me ha probado la ineficiencia. Si yo fuese deficiente, no habrían pasado 103.000 colombianos a Colpensiones, no habríamos ahorrado $3 billones que devolvimos al presupuesto nacional, no tendríamos a Colpensiones como una de las empresas más importantes de Colombia, no tendríamos la felicidad de todos los funcionarios que nos aplauden todos los días los estímulos que les damos.
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