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Una alianza de organizaciones ciudadanas de diferentes regiones del país, dedicada a ejercer vigilancia por la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a atender la emergencia por el nuevo coronavirus, reveló este viernes que se han celebrado más de 11.600 contratos por cerca de $2 billones durante la pandemia. El análisis permite inferir que, después de gastos de alimentación y ayudas para población vulnerable, figuran los contratos de adquisición de bienes y servicios para salud.
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La alianza, conformada por siete organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Transparencia por Colombia, revisó la contratación pública realizada a nivel nacional, con énfasis en el gasto público en Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá durante el 16 de marzo (cuando se decretó por primera vez el estado de emergencia) y el 25 de mayo.
Entre otras, se evidenció que el mayor gasto en todo el país ha sido la compra de alimentos, por valor de $155.000 millones. Le siguen los gastos logísticos, de promoción de políticas de aislamiento, atención de adultos mayores, entregas de kits, entre otros, por $109.000 millones. Luego están los gastos administrativos, por $103.000 millones, y contratos de adecuación e infraestructura, por $97.000 millones.
Finalmente, en quinto lugar, aparece la categoría de servicios de salud, por un monto de $91.000 millones, y en sexto lugar equipo médico, accesorios y suministros, también por $91.000 millones. “Los recursos se están destinando prioritariamente a gastos de alimentación y ayudas para población en condición de vulnerabilidad. Los contratos de adquisición de bienes y servicios para salud representan una proporción menor”, concluyen.
Se alerta además que, además de que sigue predominando la contratación directa justificada en la urgencia manifiesta (46 % de los contratos, por $1,2 billones), aumentó el número de financiadores de campañas que recibieron contratos de emergencia: se identificaron en total 117 de ellos.
“Si bien esta relación no representa automáticamente una inhabilidad o incompatibilidad, se alerta sobre esta situación. El monto de las contribuciones hechas a campañas por estos contratistas es superior a $4.700 millones, mientras que el valor de los contratos que reciben es aproximadamente tres veces mayor, ascendiendo a $12.500 millones”, señalan las organizaciones.
Por otro lado, en las siete regiones priorizadas se concluyó que, juntas, concentran la tercera parte del valor total de la contratación por COVID-19 del país. En total, se revisaron 2.995 contratos registrados en estos lugares, por $592.000 millones. “La mayor parte de los contratos se han firmado bajo modalidad directa (2.279), principalmente bajo las causales de urgencia manifiesta (1.375) y contratos interadministrativos (88)”, explicaron.
La mayor concentración de recursos en las siete zonas está en servicios políticos y de asuntos cívicos, que incluye la contratación de ayudas humanitarias, adecuación de infraestructura física de coliseos y adquisición de dotación biomédica. No obstante, la única excepción en este patrón se encuentra en el Valle del Cauca, donde el contrato más alto tiene por objeto el suministro de respiradores.
“Los contratos asociados a equipos médicos es la segunda categoría más importante de toda la contratación de los siete territorios, y la categoría de servicios de salud está en quinto lugar del gasto”, agregan.
Sin embargo, la alianza alegó que se presentaron alertas sobre diferencias de precios entre los insumos contratados y los precios en el mercado de estos elementos. Otro aspecto identificado en la revisión en estos territorios es la falta de claridad o coherencia entre el objeto contratado y la razón social del contratista.
La alianza está conformada por las organizaciones Por una Cali más Transparente y Participativa; Comité Transparencia por Santander; Cordupaz; Corporación Cívica de Caldas; Corporación VIGÍA Cívica de Pereira; FUNCICAR, y Transparencia por Colombia.