Con alertas, pasó a segundo debate la reforma a la justicia

La Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate una nueva reforma a la justicia que está enfocada, principalmente, en cambiar las condiciones para la elección de magistrados de las altas cortes, fiscal general, procurador y contralor.

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La iniciativa le quita al Consejo Superior de la Judicatura la función de conformar ternas para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado y determina que sean estos los que elijan a sus togados a través de convocatoria pública de méritos.

La justificación para proponer esto es para “fortalecer la autonomía de las cortes y la participación de profesionales competentes y experimentados, cuya evaluación por parte de las cortes, a las que aspiran pertenecer, permita seleccionar al mejor candidato posible”, se lee en la ponencia.

Para el representante del Polo, Germán Navas Talero, esto no es una reforma, sino una acomodación para que se elijan a los amigos y cercanos. “Aquí están modificando la nómina de la justicia, cómo elegir a sus amigos y copartidarios en esos cargos, cómo abrir la brecha para que puedan llevar a sus amigos, pero a la ciudadanía no”, dijo en la discusión Navas Talero.

Entre otros temas que fueron alertados fue el traslado de competencias de la Corte Suprema de Justicia a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para la investigación y juzgamiento de fiscal, procurador y contralor.

“Aquí todos sabemos la absoluta inoperancia de la Comisión. La reforma es una auténtica ruptura del orden democrático, entre otras cosas, porque busca darle más poder a la inoperante Comisión de Acusaciones, siempre garante de la impunidad”, escribió el representante liberal, Juan Carlos Losada.

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Así mismo, la iniciativa pretende reducir los requisitos para la elección de fiscal, procurador, contralor y registrador, y exigir otras competencias, como en temas gerenciales y administrativos.

Para el representante César Lorduy, de Cambio Radical, partido que encabeza la reforma, esto se trata de valorar experiencia complementaria y adicional. “El cambio de requisitos no son sustanciales sino complementarios”, dijo.

Por su parte, la representante verde, Juanita Goebertus, cuestionó el proyecto y destacó que, en vez de una reforma, “lo que se busca es bajar el nivel de administración de justicia”.

Al proyecto le restan siete debates, que deben surtirse antes del 20 de junio de 2022.