En momentos en los que el Gobierno Nacional aún hace frente al escándalo de contratación protagonizado por los esposos Karen Váquiro y Andrés Mayorquín, este martes el presidente Iván Duque sancionó la Ley de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción que, entre otras, levanta el velo corporativo de compañías para enfrentar a quienes pretenden lucrarse con recursos públicos.
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Según establece la iniciativa, el velo corporativo se levantará cuando se cuente con “serios indicios de que la acción u omisión de una persona jurídica pueda determinar que existen casos de corrupción que ponen en riesgo los recursos públicos”. Adicionalmente, aplicará cuando una persona jurídica promueva o se encuentre en estado de insolvencia o liquidación, y ponga en riesgo el resarcimiento del patrimonio público afectado.
En ese sentido, Duque sostuvo que la nueva norma una de las herramientas “más novedosas y fuertes” enfrentar la corrupción. “Hoy se marca un hito histórico. Hoy ya no solamente están vivas las herramientas para enfrentar a quienes pecan por la paga, sino también a quienes pagan por pecar, con un elemento adicional: por primera vez en la lucha contra la corrupción en Colombia se establece una herramienta que permite sancionar a las personas jurídicas y levantar el velo corporativo de las personas jurídicas que se prestan para actos de corrupción”.
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El jefe de Estado destacó que la iniciativa permite aplicar sanciones para que personas jurídicas “nunca más vuelvan a contratar con el Estado”, y también para que se atribuyan responsabilidades a gestores y directivos de las empresas que se presten “para ese horrendo contubernio de la corrupción”.
En esa línea, Duque sostuvo que la norma permite también fortalecer la capacidad sancionatoria que tiene la justicia y consagra herramientas para la extinción de dominio y la enajenación temprana de bienes mal habidos producto de la corrupción. “La Ley define quiénes son los beneficiarios finales de los actos de corrupción y permite que podamos ir, eslabón por eslabón, hasta llegar a las torres de control de la criminalidad y que por esa vía haya sanciones ejemplarizantes”.
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La ley también tendrá lugar cuando la afectación de intereses patrimoniales de orden público se haya generado por explotación o apropiación de bienes o recursos públicos en beneficio de terceros. Por otro lado, se habilita la enajenación temprana de bienes afectados con medidas cautelares con fines de comiso, con el objetivo de facilitar su monetización y administración.
La norma plantea también el desarrollo de programas de transparencia y ética empresarial de obligatorio cumplimiento para todos los sectores, así como fortalecer proyectos educativos institucionales en los colegios. En ese sentido, se crea el sistema de detección y alerta temprana para combatir el incremento patrimonial injustificado por parte de servidores públicos y conocer a los beneficiarios finales de los contratos.
En línea con el principio del Estado abierto, Duque señaló que se trabaja en un documento Conpes para facilitar un gobierno transparente y abierto el escrutinio de todos sus procesos de contratación. “Esto también requiere el fortalecimiento de las bases de datos relacionales para que en tiempo real se pueda identificar la cantidad de contratos y la idoneidad para su ejecución. Pero también nos permite detectar de manera oportuna carruseles de contratación o lo que es aún más grave: contubernios o inclusive, acuerdos de camarilla, para que entre contratistas haya un favorecido que reparta parte de sus utilidades a quien se prestó para ello”, precisó.
La ley se sanciona en momentos en los que el gobierno Duque hace frente al escándalo Mayorquín-Váquiro. La pareja se convirtió en el foco de la escena pública cuando se destapó el ascenso de la servidora, quien pasó de trabajar en un banco a obtener millonarios contratos con el Estado, dos de ellos con Presidencia, mientras su esposo fungía como el asesor mano derecha de María Paula Correa, jefa del gabinete del presidente Iván Duque. La polémica cobró tal magnitud que fue la propia Correa y Víctor Muñoz, director del Dapre, los que salieron a rendir cuentas sobre el asunto y a anunciar que Mayorquín se había separado de su cargo.
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También, que las investigaciones se estaban adelantando para definir si hubo tráfico de influencias, aprovechamiento de información privilegiada (pues ambos desempeñaban el mismo cargo en diferentes entidades), y otras faltas por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que la pareja habría violado.