De acuerdo con la propuesta del Gobierno, ¿cuáles son los beneficios de la ley?
El concepto de reparación que trae la ley es un concepto integral, porque no sólo habla de reparación económica, sino de una satisfacción para las víctimas. Habla de una restitución moral y de indemnización económica, es decir, una visión integral de reparación. Ahora, en el tema del universo de las víctimas, que ha sido muy debatido dentro del Gobierno, de acuerdo con esos mismos parámetros integrales se reconoce la responsabilidad de agentes del Estado como victimarios, siempre y cuando haya un juicio previo. De esta manera se está protegiendo y defendiendo el debido proceso y la presunción de inocencia.
¿No es eso ir en contra de los postulados internacionales de reparación, como dicen las mismas víctimas?
Es un punto polémico e insisto en que el Gobierno reconoce que deben ser reparados aquellos que sean víctimas de crímenes del Estado siempre y cuando se haya llevado a cabo un proceso judicial y se haya dado un fallo definitivo. El otro punto importante es el de la vigencia. El Gobierno colombiano, en una decisión que no tiene antecedente en el mundo, busca que la ley se aplique no sólo a las personas que hayan sido victimizadas con anterioridad a la entrada de su vigencia, sino que también busca proteger y reparar a aquellas víctimas que se generen después.
La oposición dice que es preferible que la ley se hunda...
Estamos buscando todos los caminos para encontrarnos con las otras posiciones planteadas. Nuestra responsabilidad es sacar adelante esta ley y ni el Gobierno ni la coalición van a dejar que se desmejore la situación de las víctimas de los agentes del Estado. Queremos decirle al país que el proceso de reparación de las víctimas comenzó ya hace varios años en Colombia. A finales de este mes se va a reparar a 12.000 familias con un presupuesto de $200.000 millones.