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El próximo martes, el gobierno del presidente Gustavo Petro deberá responder ante el Congreso por la presunta relación entre altos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y del Ejército con la narcodisidencia de “Calarcá Córdoba”. En efecto, en la plenaria del Senado se aprobó este martes, con 45 votos a favor y 10 en contra, un debate de control político para que desde el Ejecutivo se den explicaciones sobre las infiltraciones reveladas el pasado domingo por Noticias Caracol.
Este 2 de diciembre, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez; el director de la DNI, Jorge Lemus, y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, deberán acudir a la plenaria para explicar sobre la presunta infiltración de información de inteligencia contra las disidencias a “Calarcá”. De acuerdo con los informes revelados, estarían relacionados en el caso el general Juan Miguel Huertas, cabeza de comando de Personal del Ejército, y Wilmar de Jesús Mejía, director de Inteligencia de la DNI.
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Durante el consejo de ministros de este martes, el presidente Petro ordenó que se realice un examen forense a los chats revelados en los que estarían las pruebas de esas infiltraciones. “De acuerdo a eso, tomaremos decisiones, no antes”, apuntó. Y agregó: “debo tratar de que sea la verdad la que guíe mis decisiones”. Previo a ello, el jefe de Estado había salido en defensa de Huertas y de Mejía e, incluso, aseguró que los informes de inteligencia habrían sido filtrados por la Central de Inteligencia de Estados Unidos, poniendo en duda su validez.
El primer pronunciamiento de Petro sobre el tema fue el lunes pasado, casi 24 horas después de que se conociera la información. En ese momento, afirmó: “Siempre tienen la misma fuente de un periodista que consideraba muy serio. La fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo a los intereses del gobierno de su país en todo el mundo”.
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Mientras tanto, desde la oposición también exigen respuestas. Además de la propuesta del debate de control político, impulsada en su mayoría por la bancada del Centro Democrático, también ha habido voces de congresistas que han pedido la colaboración, precisamente, de Estados Unidos para esclarecer la situación. En esa línea, las congresistas María Fernanda Cabal y Lina María Garrido enviaron una petición al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidiendo la ayuda de Washington en la investigación de los hechos y además solicitaron que incluyan en la lista Clinton a la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
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