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Luego de las diferencias de los textos aprobados por Cámara de Representantes y Senado de la República sobre el proyecto de justicia virtual, las dos corporaciones se pusieron de acuerdo en la conciliación e incluyeron en el texto final, que pasará a sanción presidencial, la jurisdicción penal dentro de la regulación de la virtualidad.
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“En el día de hoy se ha logrado la gran transformación y revolución que necesitaba la justicia colombiana. Acaba de salir del Congreso de la República el proyecto de ley que establece como regla general la virtualidad en todas las audiencias, en todas las jurisdicciones, en todo nuestro país”, destacó Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas.
El énfasis sobre todas las jurisdicciones (penal, civil, administrativo, etc.) es necesario, pues hubo dificultades en incluir la justicia penal virtual en el primer debate en comisiones primeras y en la plenaria de la Cámara. Por el contrario, en Senado corrigieron el error en la ponencia para segundo debate y se incluyó este tema en el texto aprobado.
Por las diferencias entre Cámara y Senado, la iniciativa tuvo que pasar a conciliación. En este proceso, se acordó adoptar el documento de Senado y no dejar de lado a la jurisdicción penal de la virtualidad.
“A partir de ahora las audiencias, como establecen los artículos 4 y 96, que dicta la ley de administración de justicia, y ahora esta nueva ley en materia penal continuarán realizándose de manera virtual, a excepción si se requiere la práctica de un testimonio presencial, un juez puede decretar que esa audiencia se haga presencial, pero quienes no puedan o no desean asistir a la misma podrán estar conectados de manera virtual”, explicó Bernate.
Para contexto: La justicia virtual y la premura para que sea ley.
La transición a la justicia virtual fue acelerada por la pandemia del COVID-19 y las medidas de contención del virus que se decretaron e impedían la vida social y laboral de forma presencial. Ese decreto cesaba en efectos el pasado 5 de junio, por lo que la rama judicial, el Gobierno y algunos parlamentarios presentaron diferentes proyectos para reglamentar la virtualidad.
Los reparos sobre la justicia penal virtual redundaban en que la virtualidad podía afectar el principio de inmediación, que obliga a tener contacto directo con la prueba y los testimonios para determinar su veracidad. No obstante, el Colegio de Abogados Penalistas insistió en la necesidad de reglamentar la virtualidad en esta jurisdicción, pues esta forma de trabajo ha permitido la descongestión de procesos dilatados por las dificultades de todos los involucrados confluyan en lugar, día y hora en una audiencia.
“Empieza una nueva era de la justicia”, recalcó el presidente del Colegio de Abogados Penalistas. El proyecto ahora pasará a sanción presidencial para ser una realidad.