Congreso debate el martes si derecho al agua es fundamental

El proyecto que busca modificar la Constitución para que el derecho al agua quede incluido en la lista de los derechos fundamentales sigue su curso en el Congreso de la República. Este martes será debatido en segunda vuelta, en la plenaria del Senado, el sexto de ocho debates.

La iniciativa pretende ratificar, como la ha dicho en algunas ocasiones la Corte Constitucional, que el derecho al agua, con prevalencia para el consumo humano y su función ecológica, tenga protección constitucional. Es decir, será priorizado y garantizado para los colombianos, y podrá ser reclamado a través de la acción de tutela.

La propuesta, según sus autores, también busca proteger los ecosistemas de páramo, porque su afectación puede afectar el derecho al ambiente sano y el derecho al agua, ya que son zonas de influencia de nacimientos, acuíferos y estrellas fluviales.

El Ministerio de Hacienda ha expresado su preocupación frente a este proyecto de acto legislativo. Esta cartera cree que los recursos del presupuesto del país no son suficientes para cubrir con los costos que generaría esta iniciativa. El ministro dice que si se aprueba, habría una contingencia para el Estado porque cualquier persona podría exigir el derecho a agua de manera inmediata vía tutela. Eso tiene un efecto: “la imposibilidad de dar cumplimiento inmediato a las órdenes judiciales que demanden el acceso al agua para el consumo humano, teniendo en cuenta que corresponde a un servicio público que requiere de recursos y la implementación de políticas públicas progresivas en el tiempo”, dice el Minhacienda.

Otra de las tensiones que ve esa cartera es que esta reforma “podría imponer al Estado la obligación de prestar este servicio de forma gratuita en su totalidad”, lo que desembocaría en un “impacto fiscal incuantificable”. “Para un hogar cualquiera se le subsidiaría, en promedio, $51.678 mensuales”, para todas las casas del país el costo sería de $6,5 billones, es decir, $4,7 billones adicionales a lo asignado para este tema en 2017.

“El ministerio considera inconveniente el proyecto del asunto…no prevé el origen de los recursos con los cuales se financiará la iniciativa, lo que podría sobrepasar la apropiación de los recursos públicos destinados al acceso, protección y conservación del agua”, puntualizó el Minhacienda.

Sin embargo, los autores del proyecto aseguran que éste no propone de ninguna manera que el servicio de agua será gratuito y que no regula el servicio público domiciliario de agua potable. “El presente proyecto no implica una afectación frente a la regulación existente para el servicio público domiciliario de agua potable (acueducto y alcantarillado). Es por ello que en ningún momento se incluye alguna alusión frente a este tema”.

Son tres aspectos que pretenden garantizar, según la senadora Claudia López, una de las autoras:

“La disponibilidad: El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. 

La calidad: El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre y, por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radioactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas.

La accesibilidad: El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado”.

Así mismo defiende que no habrá una “avalancha” de tutelas de ser aprobado este proyecto porque la Corte Constitucional ha sido enfática en resaltar que es necesario “estudiar a fondo las particularidades propias de cada caso”, para establecer si protege o no el derecho al agua. 

Los autores de la iniciativa son los congresistas: Claudia López, Jorge Prieto, Guillermo Santos Marín, Jorge Iván Ospina, Luis Fernando Velasco, Andrés Zuccardi García, Susana Correa, Iván Cepeda, Sofía Gaviria, Óscar Hurtado, Ana Cristina Paz, Inti Asprilla, Antenor Durán, Angélica Lozano, Óscar Ospina, Víctor Correa y otros.