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El pulso de poder entre Barranquilla y Puerto Colombia se sigue agitando y golpea directamente a la actividad en el Congreso de la República. Esa histórica contienda que hoy tiene en el centro de la discusión a las estructuras políticas de los Char, los Torres y a la que entró el presidente Abelardo de la Espriella, tendrá sus primeros movimientos en el Legislativo, la instancia que podría finalizar un litigio de más de un siglo.
Y es que ese pulso por 1.402 hectáreas de tierra que comprenden uno de los sectores más exclusivos del norte del Atlántico entró en una etapa en la que la postura del Congreso será clave y que, tras el pronunciamiento del jefe de Estado, puede decantar la balanza de poder. Es por ello que ya se iniciaron los primeros movimientos en este expediente clave para esa región y en la que, además de ese poderío político también está en juego una importante tajada de recursos que hoy recibe Puerto Colombia. En concreto se juegan algo más de COP 100.000 millones en esta puja que corresponden a tributos que hoy ingresan a ese municipio y que podrían recaer en Barranquilla.
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El caso reposa en la Comisión de Ordenamiento Territorial. Tanto en Senado como en la Cámara la responsabilidad estará en filas del Centro Democrático, pues los presidentes de esas salas son el senador Carlos Meisel y el representante Daruin Castellanos. Este caso tiene una fecha límite, pues tras su llegada al Congreso, tiene un año para su aprobación o el concepto remitido por el Instituto Geológico Agustín Codazzi (Igac) quedará en firme. Ese documento señala que de las 1.402 hectáreas en disputa, al menos 1.036 pasarán a tributar en Barranquilla.
El pleito, sin embargo, se encuentra en una fase prematura en el Legislativo y según supo El Espectador, su primer movimiento será con la convocatoria de audiencias públicas a desarrollarse en Barranquilla. La primera sesión de este llamado la realizó el Senado y tendría fecha para el próximo 23 de octubre en la capital del Atlántico. Sin embargo, en la Cámara también habría movimiento del caso y allí se estarían ultimando detalles para definir mesas técnicas y nuevas audiencias. El común acuerdo de las dos corporaciones es el de una amplia participación ciudadana y agotar todos los términos posibles previo a emitir un concepto en el Congreso. Muchas de estas actividades también tendrán su desarrollo en Puerto Colombia.
El presidente Abelardo de la Espriella se fue de frente contra una de las estructuras más fuertes del Atlántico. Está en juego un pulso de tierras en una exclusiva zona de la región. Sin embargo, la última palabra la la tiene el Congreso que ya se inclinó mayoritariamente hacia… pic.twitter.com/XgEPK8dCZW
— El Espectador (@elespectador) September 25, 2026
Esas audiencias buscan la participación plena de ciudadanos de las zonas en disputa, representantes tanto de la alcaldía de Barranquilla como de Puerto Colombia, topógrafos y expertos con los que se pueda establecer un criterio único para dar veredicto en el procedimiento.
Y es que este no es un proceso menor. En esas 1.402 hectáreas en disputa hay tres sectores importantes para la Costa Caribe. El primero es el corredor universitario en el que se ubican varias de las más importantes universidades del Caribe y un grueso de los colegios privados más reputados de esa zona del Atlántico. Asimismo hay centros comerciales y hospitales que dependen de la definición del caso para establecer cómo serán sus mecanismos de tributación desde 2027.
Los otros dos sectores son Villa Campestre y Ciudad Mallorquín, complejos residenciales donde el valor del metro cuadrado puede superar los COP 6 millones. Censos regionales y públicos calculan que ya hay más 35.000 habitantes en un área que, según los congresistas que conocen del tema, puede identificarse con “alto potencial de crecimiento”.
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