Los cuestionamientos contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde el Congreso no han cesado en medio de la discusión la disminución de sus recursos para 2027. En concreto, en Legislativo aprobó un recorte de COP 170.000 millones a ese tribunal para el próximo año, una decisión que ha sido cuestionada en varios sectores y por la que incluso, el presidente y magistrado, Alejandro Ramelli, acudió ante instancias internacionales denunciando la vulneración a la autonomía fiscal de la JEP.
En todo caso, ese debate se ha mantenido al rojo vivo, pues esta misma semana ese tribunal ha sido objeto de nuevos señalamientos en el Capitolio Nacional, donde se han pedido explicaciones sobre su funcionamiento y la gestión de los recursos de los que ha dispuesto tras su entrada en funcionamiento. De hecho, en las últimas horas sectores oficialistas han revelado algunas cifras que, bajo su concepto, hablarían de un uso de recursos que no contribuirían a los principios de reparación de las víctimas y la búsqueda de la verdad.
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Una de las principales figuras del Congreso que ha cuestionado al tribunal es la senadora María Clara Posada. La congresista del Centro Democrático ha señaló que resulta "inadmisible que los recursos de los colombianos se hayan utilizado para pagar la defensa jurídica del secretariado de las FARC. Esto es un gasto que bajo ninguna circunstancia encuentra justificación". La legisladora estimó que esa estructura no entregó "las rutas del narcotráfico, la reparación a las víctimas fue una payasada y, aún así, tuvimos que pagar $40.365 millones para proveerles abogados por culpa de las decisiones irresponsables de la JEP".
Sin embargo, su cuestionamiento más reciente sobre el funcionamiento del tribunal estuvo relacionado con el uso de recursos para viajes al exterior. Según denunció, "la JEP ha desembolsado COP 32.472 millones en viáticos y gastos de viaje para sus funcionarios y contratistas. Solamente entre 2022 y 2025 (Gobierno Petro) este último rubro creció 191 %". En ese sentido dijo que la JEP habría gastado cerca de COP 24.000 millones en tiquetes aéreos.
La senadora uribista remarcó que "el turismo judicial de este Tribunal, a nivel nacional e internacional, le ha costado al país $56.435 millones entre 2020-2026 e incluye destinos como Miami, Milán, Sevilla, Madrid, Denver, Chicago, Catania, Houston, Barcelona, Antofagasta y París". Pero, además, denunció que "mientras las víctimas han tenido que ver cómo las Farc caminan libres por el país y son premiados con curules 8 años en el Congreso, los funcionarios encargados de impartir justicia se han dedicado a acumular millas".
En sus revelaciones detalló que funcionarios de ese tribunal habrían realizado 75 viajes internacionales y cuestionó: "¿Qué tienen que estar haciendo los funcionarios de este Tribunal en ciudades turísticas como Miami, Milán, Barcelona, Paris o Chicago con los gastos cubiertos por el Estado?". Finalmente dijo que desde la JEP no debería existir cuestionamientos al manejo de recursos y que por lo contrario, lo magistrados y el tribunal "deberían explicarle al país qué gestión realizaron sus miembros en estos viajes y cómo benefició directamente a las víctimas".
Las reformas propuestas a la JEP
En medio de esos cuestionamientos las bancadas oficialistas han impulsado dos ajustes a la Constitución que tocan de lleno a la JEP. El primero fue realizado por el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, quien propone una iniciativa para finalizar con las funciones del tribunal. En efecto, la propuesta de esa colectividad busca que no haya prórroga en las labores de este tribunal de justicia transicional y que los procesos que sigan pendientes de sentencia pasen a la justicia ordinaria y sus respectivas instancias. Con ello, la JEP podría acabarse, según esta propuesta, en marzo de 2027.
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Y paralelamente el Centro Democrático llevó al Capitolio una propuesta que, de hecho, ya había transitado esa instancia. Se trata de una iniciativa que propone el traslado de las sentencias contra militares en la JEP a instancias de la Justicia Penal Militar. Según argumentaron desde ese partido, se busca defender a las Fuerzas Armadas en este tipo de casos que haya sido juzgados.
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