9 Jun 2017 - 8:00 a. m.

Congreso suspende a subsecretario Saúl Cruz

Sin embargo, la Procuraduría ejerció el poder preferente y dejó sin potestad al Legislativo para hacer efectiva la medida cautelar por tres meses, mientras se profiere una sanción en el caso del Subsecretario del Senado quien fingió ser agredido por un camarógrafo de Noticias Uno.

Redacción Politíca

Saúl Cruz, subsecretario del Congreso, viajó a Cancún (México) a pasar unos días de vacaciones.  / Archivo
Saúl Cruz, subsecretario del Congreso, viajó a Cancún (México) a pasar unos días de vacaciones. / Archivo

El pasado 1 de junio, mientras se surtía la votación para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional -de la que resultó electa la abogada Diana Fajardo-, el recinto de la plenaria del Senado de la República se conmocionó con un relato revelado por uno de los funcionarios más antiguos del Capitolio: el subsecretario del Congreso, Saúl Cruz, afirmó haber sido golpeado, en dos ocasiones, por un camarógrafo de Noticias Uno.

Los ciudadanos que han seguido de cerca este episodio, pudieron comprobar que los congresistas, en su mayoría, se solidarizaron con el reclamo de Cruz por el supuesto ataque del que había sido víctima, incluido el propio presidente del Congreso, Mauricio Lizcano. Tanto así, que varios de ellos exigieron una explicación y hasta pidieron vetar la entrada al Capitolio del camarógafo así como del periodista que estaba con él.

Sin embargo, tres días después, el mismo noticiero reveló que el supuesto ataque resultó ser una farsa y, con un video de seguridad, demostró que, en realidad, fue el subsecretario el que fingió el golpe, embistiendo a la cámara de Noticias Uno.

Al día siguiente, es decir, el 5 de junio, la Presidencia del Senado decidió abrir una investigación de oficio para determinar si Cruz –quien ya se encontraba fuera del país- había cometido alguna falta disciplinaria de la que ya se conocen los primeros resultados.

El Espectador tuvo acceso a todo el expediente que abrió el Grupo de Control Interno Disciplinario de la División Jurídica del Senado y que suma unas 50 páginas, entre pruebas testimoniales y documentales de lo ocurrido. Y la decisión que adoptó en las últimas horas el Senado fue la de suspender de su cargo a Cruz, por tres meses, mientras avanza la investigación disciplinaria en su contra.

El documento conocido por este diario indica que el Control Interno Disciplinario de la División Jurídica del Senado ha tomado la decisión de “ordenar la Suspensión Provisional del señor Saúl Cruz Bonilla, en su condición de Subsecretario General del Senado de la República, por el término de tres (3) meses sin derecho a remuneración". La falta disciplinaria por la cual se le sancionaría de manera definitiva sería, explícitamente, “proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público o contra las personas que intervienen en los mismos”, según reza el artículo 35 de la ley 734 de 2002.

Y es que para las autoridades del Congreso que adoptaron el caso de Cruz, las faltas cometidas por el funcionario son tan graves, al punto que contra la decisión no podrá interponerse ningún recurso. Más aún, podrá ser prorrogable el término de la sanción.

Sin embargo, ocurrieron dos hechos con los que no contaba el Congreso de la República. El primero, tuvo que ver con el periodo de vacaciones que solicitó el subsecretario a la Dirección Administrativa del Senado, que coincidió con el episodio con Noticias Uno. Eso significó un retraso en la toma de decisiones sancionatorias, dada la imposibilidad de suspender a Cruz estando en vacaciones, mientras se adelantaba una investigación por lo ocurrido. Es decir, hasta que no regrese de Cancún, no podrá ser suspendido.

Y lo segundo, el poder preferente que adoptó la Procuraduría General de la Nación para conocer de los hechos y que, dicho sea de paso, deja sin efectos la resolución de suspención contra el funcionario Cruz Bonilla, emitida por el Senado. ¿Por qué? Porque cuando ocurren este tipo de episodios, quedan abiertos dos procesos paralelos y, en este caso, el Congreso estaba obligado a informar al Ministerio Público lo sucedido en el recinto de la plenaria, para que decidiera asumir su facultades sancionatorias contra funcionarios del Estado.

De ello, consta una carta que envió el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, enviada el pasado 5 de junio que indica que se tomó la decisión de “informar a la Divisón de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, en el caso de que curse una investigación disciplinaria ante esta entidad y, eventualemnte se estudie el ejercicio del poder preferente”.

Ayer, precisamente, llegó la Procuraduría al Capitolio a recolectar todas las pruebas que el Senado tiene en su poder para tomar una decisión en los próximos días, en el caso de Saúl Cruz. Para ello, solicitó una copia de todo el expediente –con las decisiones tomadas hasta este momento- para trasladarlas al despacho del procurador segundo delegado para la Contratación Estatal, que está en manos de Andrés Mutis Vanegas. La solicitud vino, particularmente, del viceprocurador general, Juan Carlos Cortés.

Ahora, y concluida la investigación que adelantó el Congreso que, no obstante, quedó sin decisiones en firme por cuenta de la decisión de la Procuraduría de tomar el caso, resta esperar un fallo definitivo que reposa, desde este momento, en el Ministerio Público.

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