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La construcción del decreto base de la conmoción interior que el presidente Gustavo Petro decretó por la ola de violencia que el ELN desató en El Catatumbo, Norte de Santander, duró en construcción varios días para poder establecer la ruta jurídica que se necesita para que esta media extraordinaria pase los controles constitucionales y legislativos.
De hecho, de acuerdo con información emitida desde el Congreso, la plenaria del Senado ya fue citada para el próximo martes, 28 de enero, para analizar los decretos del Gobierno; lo propio hará la Cámara de Representantes. La razón de esto es que a lo largo de este fin de semana se conocerán los demás folios sobre recursos, pie de fuerza y atención humanitaria.
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Pero en medio de toda esta discusión se definió que la aplicación de la conmoción se debe dar en zonas específicas, incluyendo áreas de dos departamentos y una ciudad capital.
En efecto, y pese a que Arauca hace parte de los análisis y se menciona en las 19 páginas del decreto base, la conmoción quedó circunscrita a 19 municipios de Norte de Santander y Cesar, al igual que sobre dos resguardos indígenas.
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“Declarar el estado de conmoción interior, por el término de noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, en la región del Catatumbo, ubicada en el nororiente del departamento de Norte de Santander, la cual está conformada por los municipios de Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San. Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, y los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, así como en el área metropolitana de Cúcuta, que incluye al municipio de Cúcuta, capital departamental y núcleo del área, y a los municipios de Villa del Rosario, Los PatIos, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”, se lee en el documento firmado por Petro y todo su gabinete ministerial.
De acuerdo con los estudios que se han realizado en la Casa de Nariño, y que incluyen citas con la cúpula militar y policial, estas regiones fueron claves para el tránsito de las grupos criminales de la región y que desataron la violencia por la guerra entre ELN y la disidencia de las Farc que comanda alias Calarcá Córdoba; de hecho, hay riesgo inminente de que entre en esa escena ilegal el Clan del Golfo.
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“Que el Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los Grupos Armados Organizados residuales (GAOr) Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, y el Grupo Delincuencial Organizado (GDO) conocido como los “Pelusos” hacen presencia en la región del Catatumbo, y el grupo armado organizado Clan del Golfo intenta ingresar a la misma. Que los municipios de Río de Oro y González están ubicados al sur del departamento de Cesar y constituyen una de las puertas de entrada a la región del Catatumbo, siendo utilizada por el ELN para el tránsito de sus estructuras, víctimas de secuestro, rentas criminales, así como la comercialización y transporte de servicios, bienes e insumos utilizados para el financiamiento de sus actividades. Asimismo, en esos municipios se registra la influencia de redes de apoyo al ELN”, se agregó en el decreto como justificación.
En toda esa zona se calcula, según cifras oficiales, que hay más de 43.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito. Además, la crisis desatada hace ya nueve días deja más de 40.000 desplazados y más de 80 personas asesinadas.
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“El accionar del ELN ha escalado de manera imprevisible a una magnitud que desborda la capacidad ordinaria del Estado e impacta de manera grave la prestación de servicios de salud en los primeros niveles de atención en los municipios afectados”, se enfatizó en el decreto.
En todo caso, a lo largo de este viernes y durante el fin de semana, se expedirán los otros decretos que incluyen nuevos impuestos, movilidad de tropas, inversión en asuntos sociales y medidas adicionales para blindar la frontera con Venezuela, ya que el régimen de Nicolás Maduro –con el cual el gobierno Petro mantiene una relación– ha protegido a criminales del ELN, las disidencias y otras estructuras narcoterroristas que, incluso, hacen parte de las mesas de diálogos de la llamada paz total.
Este es el decreto de conmoción:
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