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Mediante una carta dirigida al presidente Iván Duque, el directorio nacional conservador y sus bancadas de Senado y Cámara manifestaron su compromiso con la consolidación de la paz. Sin embargo, la colectividad de gobierno también manifestó su preocupación por la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, ya que según la colectividad, está no “podrá responder a los beneficiarios del Acuerdo de Paz; a la sociedad y en especial a las víctimas” en materia de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación”.
En ese sentido, el conservatismo explica que en la norma aprobada por la Corte Constitucional ve un alto riesgo de que las víctimas no vean sanciones contra sus verdugos y que crímenes de lesa humanidad no sean debidamente castigados porque sus perpetradores no sean considerados los máximos responsables. “Mucho tiempo ha pasado desde que los horrores del conflicto comenzaron a dejar sus peores heridas, y somos conscientes de que los límites de la justicia no van más allá de lo imposible, pero sí debemos impedir que se renuncie a la posibilidad de alcanzar esa verdad y esa justicia para las víctimas bajo el argumento de su irrelevancia o por ser un caso aislado que no representa el impacto suficiente. ¡No vamos a permitir una burla más contra las víctimas del conflicto!”, señala la carta.
El partido de gobierno advirtió que la existencia de una jurisdicción especial de paz provocará un enfrentamiento con la denominada justicia ordinaria. “Ciertamente la existencia de dos jurisdicciones que operan simultáneamente va a generar que una, la prevalente, asuma privativamente la competencia de las investigaciones que la otra, en este caso la ordinaria, venía adelantando desde antes. Sin embargo, mientras que la jurisdicción que en definitiva habrá de juzgar los hechos toma el conocimiento, es lógico que la jurisdicción ordinaria tenga la posibilidad de continuar con tales indagaciones en procura de la verdad, sujeta a unas limitaciones, claro está”, anotó la colectividad que, a la vez, pidió que se permita la acción de la Fiscalía mientras la JEP avanza en sus investigaciones.
De igual manera, el Partido Conservador le expresa al presidente su preocupación por el juzgamiento de los denominados delitos de ejecución permanente, es decir, de aquellos que se extendieron después de la firma de la paz. “El Acuerdo de Paz no definió con claridad qué jurisdicción sería la competente para conocer los delitos de ejecución permanente, dejándole al legislador la tarea de establecerlo tal y como en efecto se hizo por parte del Congreso de la República, quien determinó que aquellos delitos cometidos antes del 1º de diciembre de 2016 la competente es la JEP, pero los delitos cometidos con posterioridad el competente será la jurisdicción ordinaria”, añade.
Y concluye el conservatismo: “Para finalizar, queremos enfatizar nuestro reconocimiento a los enormes avances en el objetivo de terminar con este conflicto que de tantos años atrás venimos enfrentando, por eso nuestro compromiso con la Paz, pero también debemos ser conscientes de nuestro deber de consolidarla y conservarla, construyendo una sociedad y, especialmente una institucionalidad libre de cimientos de impunidad bajo sus pies. Conforme a los puntos señalados anteriormente y siendo defensores de la necesidad del acuerdo de paz, le solicitamos que objete parcialmente el Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP en los aspectos referidos, para que, en el Congreso de la República, podamos seguir defendiendo el acuerdo de paz con las garantías mencionadas y promover los ajustes necesarios en aras de garantizar los principios y postulados de una paz duradera”.
Por -Redacción Política
