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Consideraciones del CPNAA sobre la eliminación de las tarjetas profesionales

Enrique Uribe Botero*
28 de agosto de 2020 - 11:22 p. m.

En mi calidad de director ejecutivo del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares (CPNAA), el artículo Tarjeta profesional: necesaria para avalar idoneidad? es para mí de cabal importancia. Estos son unos comentarios que también representan a quienes presiden este consejo: el delegado del ministro de vivienda, el presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, el representante de las Facultades de Arquitectura y un representante de las profesiones auxiliares.

Fragmento del artículo: No hay examen ni un proceso para certificar las competencias adquiridas en cinco años de preparación.

No tiene por qué haberlo, puesto que en ningún momento la matrícula profesional pretende certificar idoneidad, eso solamente lo puede hacer la universidad que expide el diploma.

El registro en los consejos profesionales, la matrícula profesional, lo que hace es garantizar a un cliente, público, privado, persona natural o jurídica, que el profesional a contratar puede ser objeto de una investigación en caso de ser denunciado por el ejercicio indecoroso de la profesión.

Fragmento del artículo: …quieren dar una solución a la población estudiantil que, a su juicio, encuentran “barreras burocráticas y financieras para acceder al mercado laboral y al primer empleo”.

En el Consejo Profesional de Arquitectura y profesiones Auxiliares (CPNAA) el trámite se hace a través de nuestra página web y el pago es por una sola vez en la vida profesional de una persona que puede superar los 35 años de ejercicio, como una inversión. Estos costos son destinados al fomento, la promoción, el control y la vigilancia del ejercicio de nuestras profesiones. Ahora bien, es claro que invertir en la vigilancia y control del desempeño ético de nuestra profesión, es una acción que beneficia en primera instancia a nosotros, los profesionales, pues nada más perjudicial para un profesional que colegas ejerciendo en el país nuestro oficio de manera indecorosa. En aras de prevenirlo, estamos dispuestos a pagar el valor de la matrícula por una sola vez en la vida.

Fragmento del artículo: … crea el Registro Único de Profesionales, Técnicos y Tecnólogos, con el fin de certificar los estudios y la idoneidad a través de un sistema abierto y gratuito para su consulta, así como recoger información relacionada con sanciones y suspensiones disciplinarias impuestas por los colegios y consejos encargados de inspeccionar, vigilar y hacer control.

En cuanto al registro que prevé el proyecto de ley para los y las nóveles profesionales, ya existe en nuestros consejos y se puede consultar en cualquier momento vía internet de manera gratuita. Igual sucede con lo establecido en el sentido de que: “… dispondrá de la información relacionada con las sanciones profesionales, la cual será suministrada por los colegios o entidades que a su vez cumplan esta labor…” Información que, según lo previsto en el proyecto de ley, el Ministerio de Educación tendrá que mantener al día, un trámite a todas luces innecesario y, por supuesto, oneroso. Implica los costos en los que ya incurren los consejos y se les adicionarían los que tendrá que asumir el Ministerio.

Fragmento del artículo: Para los autores del proyecto y algunos académicos, este proceso no es más que una refrendación de lo que certifica el diploma de la universidad y, por lo tanto, lo consideran innecesario.

Aquí, la gran confusión. En ningún momento la matrícula profesional es una “refrendación de lo que certifica el diploma”; es una garantía de que los profesionales matriculados en nuestros respectivos consejos podemos ser objeto de una investigación y, dado el caso, de una sanción por el inescrupuloso ejercicio de nuestras profesiones.

Fragmento del artículo: El problema de fondo es la financiación de estos, pues su sostenimiento se basa en el cobro de la expedición del documento.

Aquí dos consideraciones: la primera, no se especifica con qué dineros trabajaría el Ministerio de Educación para administrar el registro que se propone, que, oportuno es repetirlo, ya existe en cada uno de los consejos profesionales. Se tendría que hacer una reestructuración al Ministerio para crear esta dependencia con su respectiva asignación presupuestal. Interesante sería consultar con los dos ministerios involucrados (Educación y Hacienda) que opinan a este respecto de la iniciativa.

Fragmento del artículo: … diseñar un proyecto que regule el precio o que aplique un valor diferencial para los recién egresados que se encuentran en una situación especial (becados, con créditos del Icetex y de estratos bajos.

Esa es una iniciativa que en principio nos parece oportuna, quedaría por definir el mecanismo mediante el cual se establece la tabla de subsidios, tema muy delicado pues hasta al más cuidadoso, estudiado y probado sistema de identificación de la pobreza en Colombia, el SISBEN, ha sido vulnerado y de él se han aprovechado personas que no lo necesitan. Adicionalmente, habría que establecer el mecanismo de traslado de estos recursos de subsidio a los diferentes Consejos pues, sin ellos, no podrían operar como lo vienen haciendo. Son dos puntos que, sin duda, deben ser incluidos en el proyecto de ley.

Fragmento del artículo: Es el caso del Consejo Nacional Profesional de Economistas (Conalpe) que, a juicio de los docentes Luis Carlos Reyes (U. Javeriana) y María del Pilar López y Francisco Azuero (U. de los Andes), está actuando en detrimento de la profesión en cuanto a que exige que la experiencia laboral solo se cuente a partir de la obtención de la tarjeta.

Que se cuente la experiencia profesional a partir de la fecha de la expedición de la matrícula, tiene todo el sentido, pues es la garantía que le da el Estado a los clientes de un determinado profesional de que este puede ser objeto de investigación o sanción, en caso del deshonesto ejercicio profesional. El diploma solo garantiza que estudió la carrera, pero no garantiza nada en cuanto a cómo ha ejercido la profesión.

Fragmento del artículo: … buscar una respuesta que equipare, como bien lo dijo el profesor Azuero, el principio de costo y beneficio.

La respuesta ya está dada. El costo es conocido y pagado una sola vez en la vida profesional de una persona y el beneficio es enorme en el sentido de sufragar los gastos de funcionamiento de un tribunal ético que nos proteja a los profesionales de personas inescrupulosas ejerciendo nuestras profesiones, amén de los dineros invertidos en el fomento de este ejercicio ético, mediante publicaciones, conferencias, foros y demás.

* Director ejecutivo del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura.

Por Enrique Uribe Botero*

 

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