La consulta popular sigue siendo el centro de la disputa entre el gobierno de Gustavo Petro y el Congreso. Esta vez, por la advertencia que hizo el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre la posibilidad de que se convocara esta figura por decreto el Senado no se pronuncia antes del 1 de junio.
En palabras del jefe de la cartera encargada de la política, la cámara alta “no se ha pronunciado sobre la primera consulta”, por lo que el Ejecutivo “llamará a elecciones”.
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“El Senado no se pronunció. Votaron sin haber leído lo que iban a votar. La Ley Quinta dice que todo lo que se vaya a votar debe leerse primero y no se leyó absolutamente nada, luego nosotros podemos convocar a la consulta si el Senado no se ha pronunciado”, aseguró en una rueda de prensa este martes.
El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, ya respondió a la advertencia. De acuerdo con él, la acción “representa un grave atentado contra el Estado de Derecho y la separación de poderes”. Punto y seguido, afirmó que el Gobierno estaría ignorando una “determinación del poder legislativo y [usurpando] funciones judiciales reservadas exclusivamente a la rama judicial”.
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“No permitiremos que se vulnere la Constitución ni que se empleen maniobras para desviar millonarios recursos públicos hacia intereses políticos y campañas electorales. El Senado, en ejercicio de sus facultades legales, rechazó la consulta cuya aprobación es un requisito indispensable para su viabilidad”, agregó.
En esa línea, precisó que si el presidente Petro llegara a convocar la consulta por decreto, lo que calificó de “inconstitucional”, recurrirán “a las instancias judiciales competentes para salvaguardar la democracia”.
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“No toleraremos actitudes autoritarias que pretendan engañar a los colombianos o pasar por encima del Congreso de la República y la Rama Judicial. El desespero no puede justificar el autoritarismo”, finalizó.
Otros políticos ya se pronunciaron ante las afirmaciones de Benedetti. El expresidente y la cabeza del Partido Liberal, César Gaviria, aseguró que “pretenden desconocer la decisión que se tomó por el Senado de negar la convocatoria de una consulta popular”.
“El Ejecutivo no es el juez del Congreso. El señor ministro no puede arrogarse la facultad de declarar inválida o inexistente una decisión del Senado de la República. El concepto desfavorable del Senado, emitido de conformidad con la Constitución y las leyes vigentes, se presume plenamente válido mientras la alta corte competente no diga lo contrario”, apuntó.
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