A poco más de un mes del fin del periodo legislativo, el Congreso continúa con la discusión del proyecto de ley de jurisdicción agraria, a la que el Gobierno busca ponerle el acelerador al impulsar su debate con un mensaje de urgencia.
Para la plenaria de este martes, el primer punto de discusión será la propuesta. Aunque la creación de la jurisdicción agraria fue aprobada, el proyecto que hoy está en el Capitolio resulta clave toda vez que se encarga de definir el alcance de la nueva jurisdicción. Sin embargo, y pese a que se habían alcanzado acuerdos, su discusión se ha empantanado por las denuncias de la oposición de que con el proyecto, supuestamente, se impulsaría la “expropiación exprés”.
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“Por el bien del interés general y de la justicia en el campo, esperamos que todas las bancadas contribuyan al inicio de la discusión de este proyecto histórico, que solo espera la aprobación en las plenarias de ambas cámaras”, afirmó el representante Gabriel Becerra (Pacto Histórico).
Por otra parte, para la semana también hay debates de control político agendados. Este martes, a las 10 de la mañana, está citado el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, para que “explique los resultados de la ejecución presupuestal vigencia 2024 - 2025, y los alcances del Presupuesto General de la Nación, radicado por el Gobierno Nacional”. Fue citado por, entre otros, la senadora Laura Fortich y Claudia Pérez (Liberal), Richard Fuelantala (Aico), Enrique Cabrales y Carlos Meisel (Centro Democrático), Aida Avella (Pacto Histórico), y Angélica Lozano (Alianza Verde).
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En todo caso, en el Congreso no avanzan dos proyectos que son claves para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por un lado, en la Comisión Séptima del Senado se detuvo la discusión de la reforma a la salud, ante la acusación de varios congresistas de esa célula legislativa de que el proyecto no tendría aval fiscal, pese a lo dicho por el Ministerio de Salud. Ante este freno, el jefe de Estado volvió a hablar de “bloqueo institucional” y dijo que implementará la reforma a través de un “plan B”: vía decreto.
Además, en las comisiones Tercera y Cuarta de Cámara y Senado no se ha agendado el proyecto de ley de financiamiento con el que el Ejecutivo espera recaudar unos COP 16,3 billones para fondear el presupuesto de 2026, aprobado por COP 546 billones. Sin embargo, distintas voces insisten en que no hay ambiente para aprobar el proyecto.
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