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A través de una carta, varias organizaciones de víctimas y víctimas a nombre propio llamaron la atención del Consejo de Seguridad frente a la supuesta petición del presidente Iván Duque para que la sociedad civil no pueda participar de la rendición de cuentas trimestral del acuerdo de paz colombiano, durante la sesión de esta célula de las Naciones Unidas.
Son más de 92 organizaciones las firmantes que advirtieron que la medida pedida por el primer mandatario colombiano pone en peligro la implementación del acuerdo de paz, pues desconoce el principio básico: “las víctimas del conflicto armado colombiano estamos en el centro del acuerdo de paz”.
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Las organizaciones de víctimas señalan con preocupación que se les estaría excluyendo de una sesión muy importante, ya que es una de las últimas del gobierno Duque y precisamente contará con la presencia del primer mandatario. De acuerdo con las víctimas, su participación es aún mas importante en es estos momentos, “en un contexto de guerra donde los testimonios de civiles son supremamente importantes y respetados”.
Según los redactantes de la carta, la determinación presidencial se debe a que las organizaciones de víctimas han hecho observaciones continúas de incumplimientos y violaciones al acuerdo de paz. Incluso estos resaltaron los informes que ha emitido la misión de verificación de la ONU en los que se evidencian el asesinato tanto de excombatientes en reincorporación como líderes sociales.
“La construcción de paz no debe estar exenta de los líderes sociales, los defensores de derechos humanos ni las víctimas del conflicto”, aseguraron los 92 firmantes del comunicado. Estos destacaron el contexto de violencia que actualmente hay en el país y que se evidencia en la muerte reciente tanto de exguerrilleros en incorporación como de líderes indígenas.
A renglón seguido, las organizaciones de víctimas volvieron a cuestionar la decisión de marginarlos de la sesión, ya que “nuestra voz debe ser escuchada y debemos estar representados (…) es imperativo que sigamos siendo los primeros beneficiarios de la implementación del acuerdo de paz y que podamos asistir a las sesiones”.
Por último, los autores de la misiva pidieron que esta carta sea entregada al resto de los presentes en el Consejo de Seguridad, para dar a conocer la determinación del mandatario colombiano. En este mismo sentido, las mismas organizaciones enviaron otra carta en la que denunciaron algunas de las supuestas omisiones del gobierno en la implementación.
Estos se centraron ante la supuesta negativa de las instancias gubernamentales para convocar la instancia especial con Pueblo Étnicos, desde octubre del 2020, y la instancia, y la instancia especial para el Enfoque de Género, convocada por última vez en abril de 2021. Supuestamente, según los firmantes, estos espacios debían ser convocados cada dos meses y no se ha hecho de tal manera.
En este mismo sentido cuestionaron en la segunda carta que en más de cinco años no se haya presentado la estrategia con la que el Estado planea desmantelar a los grupos armados por fuera de la ley, como lo establece el acuerdo de paz. “Son estos grupos los que vulneran diariamente nuestras comunidades, reclutan a nuestras niñas y niñas y buscan activamente asesinar a nuestros miembros”, concluyen.
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