La designación de Indalecio Dangond como nuevo ministro de Agricultura fue acompañada de una petición por parte de un bloque de congresistas para la revisión y derogación de algunos resoluciones expedidas por el gobierno saliente de Gustavo Petro en el que se definen las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA).
Y es que luego de su nombramiento por parte del presidente electo, Abelardo de la Espriella, la senadora electa Sara Castellanos (Salvación Nacional) y los representantes electos Daniel Briceño (Centro Democrático) y Carol Borda (Salvación Nacional) pidieron la revocatoria de los ordenamientos con los que se definen esas figuras y que prohíben el uso de tierras para otros fines diferentes a la producción alimentaria.
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Estas medidas están sujetas al artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, el Plan Nacional de Desarrollo de la administración Petro con las que el gobierno central definió el uso de tierras en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, La Guajira, Tolima, Córdoba y Santander. Según aseguran los tres congresistas electos, “esto atropella la autonomía de los concejos municipales, el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa”.
La medida que ha tomado fuerza con Martha Carvajalino como ministra de Agricultura ha tenido numerosos choques con administraciones regionales, en especial con la Gobernación de Antioquia de Andrés Julián Rendón. Y es que la implementación de las APPA y las ZAPPA limitó la actividad económica del suroeste antioqueño, según dice el gobernador, región con un alto potencial minero, pero que tuvo que ser limitado y enfocado en la producción agrícola.
En la misiva dirigida a Dangond, Briceño, Castellanos y Borda señalan que “ese artículo convirtió una ley que solo debía durar cuatro años en una herramienta permanente que le da al Ministerio de Agricultura el poder de decidir, por su cuenta, cómo deben usarse las tierras de departamentos, municipios y el destino que deben darle sus propietarios”. Asimismo argumentaron que “miles de predios rurales quedan con prohibiciones para el desarrollo de actividades como comercio, industria, turismo, minería o la construcción de vivienda, sin que exista una ley que autorice estas restricciones ni estudios técnicos serios que las respalden”.
En ese sentido señalaron al menos 24 actos administrativos de esos seis departamentos, que en su mayoría recaen en suelo antioqueño. Además, en esa petición también piden la revisión del Decreto 1147 de 2024 que “faculta a la Agencia Nacional de Tierras para fijar límites a la propiedad privada dentro de las Zonas de Reserva Campesina”.
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Los tres congresistas, que integrarán filas del oficialismo de Abelardo de la Espriella a partir del próximo 20 de julio, manifiestan que “los perjuicios de esta política ya son verificables” y sustentan que “la Contraloría General de la República advirtió riesgos legales, fiscales y de gobernanza en la forma como se han implementado las APPA. La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 32″.
La solicitud presentada al futuro ministro de Agricultura se enmarcó en la misma jornada en la que el senador Iván Cepeda pidió desde Sucre una defensa de la Reforma Agraria del gobierno Petro y que comprende precisamente el uso de estas figuras para la producción alimentaria. Cepeda aseguró en su discurso que esa iniciativa ha permitido a miles de colombianos “salir de la pobreza”. Además señaló que presentará el próximo 20 de julio un nuevo proyecto de jurisdicción agraria, siendo el último paso necesario para la implementación integral de esa reforma.
En la misma jornada también se anunció que la saliente administración también llevará al congreso un proyecto de ley con el que se busque la prohibición del fracking en Colombia. La iniciativa será presentada por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente. Según el Gobierno, el proyecto busca proteger “la vida, el agua y los ecosistemas” y está sustentado en evidencia científica que advierte sobre los riesgos ambientales, sociales y para la salud pública asociados al fracking.
Pero en respuesta, desde el Centro Democrático el senador electo, Juan Espinal, señaló que buscará bloquear la iniciativa. “Cuantas veces el Pacto Histórico radique el proyecto para prohibir el fracking en Colombia, cuantas veces lideraré su archivo en el Congreso”, dijo Espinal. El congresista manifestó que “es hora de dar un debate con argumentos técnicos, evidencia y rigor, no con posturas ideológicas que ponen en riesgo la seguridad energética, la inversión y el desarrollo del país. Colombia necesita decisiones responsables, no prohibiciones basadas en dogmas”.
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