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Parece que nada pudiera sacarlo de casillas. Permanece inmutable. La mañana en que sucede esta conversación ha tenido que salir de nuevo a aclarar públicamente una afirmación que hizo horas atrás. Dijo que el hecho de que el ELN se atribuyera su autoría en el atentado que dejó dos policías y una mujer muertos en Tibú en la última semana de mayo era un gesto de responsabilidad. De nuevo, el aluvión de críticas arreció. Ahora graba desde un café en el barrio La Soledad de Bogotá un video en el que trata de ajustar lo que anunció. “Hay que andar prevenido, uno no sabe si esta expresión que diga va a generar quién sabe qué problemas y distorsiones”, explica luego de grabar la pieza aclaratoria.
Danilo Rueda nunca acude solo a una cita. “Siempre voy con alguien”, asegura, porque siempre necesita a un testigo. Sea un encuentro con un vocero de una disidencia de las extintas FARC en el Catatumbo o con un mando de los paramilitares en la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí siempre hay o un miembro de la comunidad internacional o alguien de la Iglesia. Da dos razones: “Porque quiero que el otro, que desconfía del Gobierno, empiece a tener confianza, que le da el hecho de que haya un testigo de lo que vamos a conversar”. Pero la otra, fundamental, para evitar trampas o acusaciones de que algo se está haciendo por debajo de la mesa. Que esos testigos, “en un momento dado puedan decir -así sea en un círculo privado porque hay inmunidades diplomáticas y no van a tener posibilidad de comparecer en un tribunal judicial-: ‘Sí, yo escuché, yo vi esto’”. Es su garantía.
Sin embargo, esta mañana en la cafetería parece un comensal común y corriente, pese a que está sentado en una mesa con diplomáticos del más alto nivel. Una cosa lo delata: el puñado de camionetas blindadas que lo aguardan afuera.
En las redes se multiplican las voces desde algunos sectores que piden que dé un paso al costado o que el presidente se lo haga dar. El episodio en que la disidencia del Estado Mayor Central asesinó en Putumayo a tres menores indígenas que se negaron a ser reclutados lo puso contra las cuerdas. Ocurrió apenas días antes de que se instalara formalmente esa mesa. Dice que pasó como el dicho popular, cuando en la puerta del horno se quema el pan. Acababa de salir de reunirse con un mando de ese grupo armado, al otro lado del país, ultimando detalles para la mesa, cuando supo lo que había pasado. Todo quedó en pausa. El cese al fuego se rompió.
Está tranquilo, dice. Lo mismo señaló recientemente ante el Congreso que lo citó a debate: “Que me investigue la Corte Suprema, que me investigue la Fiscalía”. Tampoco parece probable que el presidente Petro -con el que se ve mínimo una vez a la semana- lo vaya a reemplazar: el proceso con varios de los grupos está tan adelantado, que cambiarles al vocero del Estado podría romperlo todo.
Pero hay otros con los que Rueda no está bien parado. No es popular entre los excombatientes de las antiguas FARC que firmaron el Acuerdo de Paz. Federico Montes es representante del partido político de la exguerrilla en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, donde se trata todo lo relacionado al cumplimiento del Acuerdo. “Si bien el hombre ha intentado avanzar en la construcción de procesos de diálogo con los diferentes actores armados, ha hecho falta dejar con mayor claridad las líneas rojas frente a las hostilidades contra la población civil y, dentro de ella, los que somos firmantes, que hemos entrado precisamente a ser parte de la sociedad civil”. Dice que los ataques del Estado Mayor Central contra colectivos de exguerrilleros en zonas donde ese grupo tiene presencia se han incrementado. Recientemente, un grupo de excombatientes tuvo que salir desplazado en Mesetas, Meta.
La preocupación por la implementación del Acuerdo de Paz ha sido una de las críticas recurrentes a la labor del comisionado de Paz, que en este Gobierno absorbió esas funciones. Lourdes Castro, directora del Programa Somos Defensores, que monitorea la situación de líderes sociales en el país, señala uno de los principales puntos que para su organización ha quedado descuidado: “Lo que tiene que ver con los dispositivos para seguridad en los territorios que se consagraron en el Acuerdo: la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el Programa Integral de Seguridad en los Territorios, son cosas a las que nos parece que no se les ha puesto el acelerador”.
La disputa por la implementación fue tal que llevó a una cumbre en Cartagena entre la plana de la paz del actual Gobierno, los negociadores de la paz del gobierno de Juan Manuel Santos y los líderes de la antigua guerrilla de las FARC. De allí salió que esa función saldría de la esfera de Rueda, tendría nivel de alta consejería y llegaría una nueva cabeza. Más de dos meses luego de la cumbre el asunto sigue en veremos.
Tras 10 meses de su gestión, el balance parece resumirse al corazón del asunto: si han servido o no sus acercamientos con los grupos armados para reducir las cifras de la violencia en Colombia. Sobre todo durante los primeros meses de 2023, en los que en teoría estuvo vigente el cese al fuego con el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y hasta mediados de marzo con las AGC o Clan del Golfo. Rueda lo ha dicho una y cien veces: los compromisos que deben asumir quienes quieran entrar a esta apuesta son básicos. No torturar, no matar, no desaparecer.
Hace 15 días, un documento de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mostró que ha servido. Durante 2022 resultó herido o muerto un miembro de la Fuerza Pública cada 34 horas por efectos del conflicto armado. En los cuatro primeros meses de 2023, con cese al fuego vigente, la intensidad disminuyó y pasó a ser cada 65 horas. Durante este mismo lapso, los incidentes armados atribuidos al Clan del Golfo respecto al mismo período de 2022 pasaron de registrarse en 15 municipios a ocho; los del Estado Mayor Central pasaron de 27 municipios a 10, y no se registraron incidentes con la Segunda Marquetalia. El mismo estudio resaltó otro hecho sin precedentes: conjugó un conflicto que parecía intratable y calmó la guerra entre el frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera entre Putumayo y Caquetá.
Los asesinatos de líderes sociales, según las dos principales fuentes que monitorean el asunto, han bajado. Los datos de Indepaz indican que entre enero y mayo de 2022 fueron asesinados 88 de ellos. En el mismo lapso de 2023 la cifra bajó a 69 casos, lo que significa una disminución del 22 %.
Las cifras de Somos Defensores, que verifica caso a caso, indican que entre enero y marzo de 2022 fueron asesinados 53 líderes sociales, mientras que en el mismo lapso de este año fueron 31, una disminución del 41 %. Sin embargo, el mismo reporte evidenció que las agresiones en general contra esta población no bajaron: 254 en el primer trimestre de 2022 y 258 en el mismo lapso de 2023.
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Desde que se convirtió en el comisionado de Paz de Gustavo Petro, Danilo Rueda solo ha tenido dos domingos sin agenda. Dice que al final eso es lo que realmente ha cambiado en su vida. Reunirse con comandantes de grupos armados ilegales en los rincones del país no le mueve los cimientos: era lo que venía haciendo años antes de que Petro lo escogiera. En el Urabá su nombre es bien conocido. Su fórmula, sentar en la misma mesa a enemigos que alguna vez trataron de matarse. Y ponerlos frente a sus víctimas. Pocos saben, pero una de las iniciativas que impulsaba cuando dirigía la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz era, precisamente, la universidad de la paz. En marzo de 2019 lanzaron su primera sede desde Cacarica, una comunidad de Chocó embestida con fuerza por militares y paramilitares.
Ubaldo Zúñiga es un antiguo comandante guerrillero de las FARC en esa zona que en guerra llamaban Pablo Atrato. Ha participado en varios de los encuentros en los que Rueda lo ponía frente a paramilitares y víctimas suyas. Hoy habla así del comisionado: “Es una persona que tiene bastante claro el tema del conflicto en Colombia. En lo que a mí respecta, el hombre tiene condiciones para llevar adelante este proceso. Otra cosa es que infortunadamente hay mucha gente que todavía se opone a que la paz sea realmente una condición que tengamos que vivir en este país”. Cree que Rueda ha trabajado en esto realmente por convicción, por tratar de cambiarle las condiciones de vida a la gente.
Pero, precisamente, haber hecho esto toda su vida puede jugarle en contra, porque es distinto hacerlo desde una organización de la sociedad civil y otra hacerlo a nombre del Estado.
Una fuente de una organización que monitorea la situación humanitaria en el país, pero que prefiere omitir su nombre, califica como “errático y precipitado” el manejo que el comisionado ha dado a algunos asuntos. “La ‘paz total’ inició como una apuesta ambiciosa con un gran respaldo social, un fuerte respaldo de la comunidad internacional, porque era una apuesta audaz que necesitábamos, pero los afanes, los anuncios equivocados, la falta de metodología ha llevado a dilapidar ese capital político”.
-¿Qué error no volvería a cometer?
-Volver a escribir por Whatsapp sin trazabilidad.
Lo dice luego de uno de los episodios por los que más lo han arrinconado sus opositores y los medios de comunicación. Luego de enterarse que el EMC había asesinado a los tres menores indígenas en Putumayo, envió al comandante del grupo, Iván Mordisco, una carta a través de esa red de mensajería con uno de los facilitadores. El grupo la hizo pública en su cuenta de Twitter. La carta no era otra que la comunicación de un comisionado de Paz a un grupo con el que trata de negociar. Le recriminaron frases como “hemos reconocido siempre sus compromisos con la vida”, “sus quejas y reclamos (…) han sido tramitados” o el hecho de que se refiera a la masacre de los menores indígenas como una “ejecución de niños”.
Era clarísimo que el carácter era confidencial, señala el comisionado. Sin embargo, sostiene que nada de lo que dice la carta es cuestionable.
Ahora tiene de nuevo la mesa con ese grupo ad portas de abrirse. El Gobierno sentará entre cinco y siete voceros para el diálogo, que ya están designados. Rueda revelará los nombres hasta que se haga el anuncio oficial. Sobre ellos dijo que “el presidente se toma muy en serio los nombres que aparecen”.
La semana pasada, en Itagüí, instaló la mesa con las bandas que han operado por décadas en Medellín y el Valle de Aburrá. Del proceso con la Segunda Marquetalia adelanta poco, porque los avances son reducidos. “Han tomado medidas internas conforme a situaciones que se han venido presentando en los territorios que ponen en cuestionamiento su disposición a la paz”, asegura.
Este jueves el comisionado tendrá una victoria para mostrar, que es lo que le han pedido muchos. El Gobierno y el ELN firmarán en La Habana un cese al fuego bilateral por seis meses. Nunca esa guerrilla había firmado un cese de esa duración. El hecho no tiene precedentes.
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