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El contrato por COP 10.000 millones para la defensa internacional del presidente Gustavo Petro tras su inclusión en la lista Clinton ha generado una serie de reacciones que van desde la defensa por parte del Gobierno, investigaciones de entes de control y críticas de la oposición.
El contrato firmado el pasado 9 de enero con la firma de abogados Amadeus Consultancy Limite, que tiene sede en el Reino Unido, busca defender al Estado colombiano en asuntos relacionados con las sanciones financieras internacionales, por un periodo de cuatro meses.
Conozco a detalle el tema: Polémica por contrato de COP 10.000 millones para la defensa internacional del Gobierno
Por su parte, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), entidad que suscribió la licitación, la defendió al asegurar que no obedece a intereses personales ni está enfocada en la defensa del presidente Gustavo Petro o de algún funcionario. En cambio, indicó que se trata de una decisión de “carácter financiero”.
“El contrato no tiene como objeto la defensa personal del Presidente de la República ni de ningún funcionario o particular, sino el fortalecimiento de la capacidad del Estado colombiano para analizar, anticipar y gestionar riesgos derivados de regímenes internacionales de sanciones financieras, cuyos efectos pueden impactar de manera grave y transversal al país en su conjunto”, afirma la entidad en el comunicado que fue compartido por el presidente en su cuenta de X.
COMUNICADO OFICIAL
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 19, 2026
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE
Bogotá D. C., [fecha]
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) se permite aclarar a la opinión pública que la contratación reciente de servicios…
Para la entidad gubernamental, las medidas adoptadas por autoridades extranjeras como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) no corresponden a procesos penales ni judiciales, sino a decisiones administrativas de carácter financiero que, de no ser abordadas con rigor técnico y oportunidad, pueden afectar el sistema financiero, las relaciones internacionales y la confianza en el Estado colombiano”.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, respaldó esa postura y afirmó que el contrato sería consecuencia de las comunicaciones entre la oposición colombiana y el Gobierno de Estados Unidos, durante las visitas de varios opositores a ese país.
“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, aseguró en su cuenta de X.
Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles . Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no se cuántas cosas más , apátridas. https://t.co/ejx8xVOvlh
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 17, 2026
Por su parte, la Procuraduría abrió una indagación previa por un presunto detrimento patrimonial en este contrato. El ente de control advirtió que la licitación contempla un esquema de pagos muy elevados, concentrados en un corto periodo de ejecución, “sin que se observe una justificación técnica suficiente que explique la urgencia de la contratación ni la imposibilidad de acudir a capacidades institucionales del Estado, cooperación interinstitucional o expertos nacionales, lo cual genera serios cuestionamientos frente al principio de planeación”.
A esto se suma que el acuerdo no contempla garantías de cumplimiento, pese a involucrar recursos públicos. Esta indagación se originó a partir de una denuncia presentada por la representante Katherine Miranda, en la que se alertó sobre un eventual uso de recursos públicos para atender asuntos de carácter personal del jefe de Estado.
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La firma del contrato se realizó dos días después de la llamada entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, donde anunciaron una reunión en la Casa Blanca. Y ha generado una ola de críticas, como la realizada por la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), quien lo catalogó como un proceso personal del presidente, que no tiene que ver con la institución.
“Otra farsa del gobierno Petro. Mientras el abogado de Petro decía que su defensa internacional sería “pro bono”, la Presidencia firmó un contrato por $10.000 millones de pesos con AMADEUS Consultancy (UK) para su proceso ante la inclusión en la lista OFAC", aseveró Cabal.
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