
El presidente Abelardo de la Espriella busca empoderar a la figura del jefe de Estado y ya se lo notificó al Congreso a través de tres proyectos de ley y otros dos que todavía están en borrador. Aunque no es el primero en buscar la aprobación del Legislativo para asumir “facultades extraordinarias”, el mandatario llegó a la Casa de Nariño con el objetivo de “reformular” la relación con el Capitolio y eso pasa por la necesidad de mostrar resultados rápidos sin tener que entrar a negociar todos los puntos de su programa de gobierno.
Y una de sus promesas más ambiciosas —la reducción del Estado— está en manos del Congreso en medio de la discusión del “rescate fiscal” que se radicó el pasado 29 de octubre. De la Espriella prometió recortes a la estructura estatal y desde antes de su ascenso al poder aseguró que eso tendría como objetivo pasar de 18 ministerios a 13. Ahora, eso puede materializarse con el artículo 7 de esa iniciativa, que le daría al mandatario “poderes” por un plazo de seis meses para “suprimir, fusionar y escindir ministerios y departamentos administrativos”, con vía libre para “determinar o modificar su denominación, objetivos, estructura orgánica y orden de precedencia”.
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“Modificar la estructura orgánica y las plantas de personal de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades y organismos de la administración pública nacional, incluida la supresión de empleos y vacantes”, se lee en un apartado de ese artículo. Allí también se explica que el mandatario podrá “crear las entidades u organismos que se requieran para desarrollar los objetivos que cumplían las entidades u organismos que se supriman, escindan o fusionen, cuando a ello haya lugar”, así como “realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión que demande el cumplimiento de las funciones asignadas” a estas entidades.
Sobre ese punto, la discusión es sencilla para el oficialismo que hoy debate el articulado: aprobarle las facultades extraordinarias que están en la ley de “rescate fiscal” son la única forma para que el Ejecutivo haga realidad su plan para reducir el Estado y que avale, incluso, proposiciones que han llegado desde bancadas como el Centro Democrático en esa vía. En las discusiones que se están dando en las comisiones económicas —como le confirmaron a este diario integrantes de esas células legislativas— es un hecho que ese punto pasará con la aprobación de los partidos de la coalición.
“Es la única manera que el Gobierno pueda cumplir lo que todos le estamos pidiendo”, le dijo el senador uribista Carlos Meisel a El Espectador. Y reafirmó que son “medidas urgentes” que contienen un mensaje claro para los organismos de financiación internacional. Por su lado, el presidente del Senado, Honorio Henríquez (Centro Democrático), aseguró que insisten en “en la reducción del Estado” y “la austeridad”.
Es algo que comparte la Casa de Nariño. En el momento de la radicación, el vicepresidente José Manuel Restrepo fue claro en que ese proyecto tendría como punto principal que esta administración se “ajustara el cinturón”. Las medidas que incluye el “rescate fiscal” dejan claro que la supresión, fusión y reorganización de las carteras ocurriría de la mano con medidas para evitar la colisión de competencias y duplicidad de funciones.
La cosa cambia para discusiones que vendrán de acá en adelante. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) —cuyas bases se dieron a conocer el viernes pasado ante el Congreso— incluye unas facultades extraordinarias que tienen otro tipo de peso en el Legislativo. En ese texto, de cerca de 500 páginas, esos “poderes” serían pedidos de manera precisa y pro tempore para que, en el marco del “Plan Destrabe”, se puedan “suprimir, reformar, racionalizar y simplificar, en todos los sectores de la administración pública, trámites, procesos, procedimientos, requisitos, funciones y regulaciones innecesarios, redundantes o desproporcionados”.
“Reducir de manera efectiva la carga que el Estado impone a la ciudadanía y al tejido productivo, para así pasar de un Estado sobrerregulado y fragmentado a uno más ágil, eficiente, tecnológico y cercano”, se lee en el reporte que plantea las bases del PND.
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Por ahora, el Capitolio está enfocado en destrabar la discusión del “ajuste fiscal”, por lo que en los pasillos del Capitolio señalan que entrarán de lleno con ese otro texto, que plantea la hoja de ruta de De la Espriella en este cuatrienio, el próximo año. A su antecesor, Gustavo Petro, se le aprobó casi nueve meses después de su posesión —tres después de su radicación— y, al ser un proyecto de gran envergadura, es posible que lo mismo pase con el actual mandatario.
Ese “empoderamiento” que ha tratado de delinear el mandatario a su propia oficina ya tuvo un primer momento: la emergencia económica decretada tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Aunque esa medida ya no está vigente, sí le permitió movilizar con celeridad recursos para atender la crisis.
Pero el Congreso ya le ha negado este tipo de “poderes”. Uno, en la ley de sometimiento, con el que se contemplaban para la contratación en el Ministerio del Interior y el uso de gastos reservados o de contratación directa confidencial a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ese artículo lo tumbaron en los debates en el Legislativo.

Otro, aunque fue tumbado en plenarias, sí terminó siendo avalado. Con el presupuesto que salió por decreto —tras un error de trámite—, se le permitió al Gobierno mantener el apartado con el que el Minhacienda puede “reorientar los saldos no comprometidos disponibles en las entidades que hacen parte del Presupuesto, para destinarlos a la atención, recuperación, rehabilitación y reconstrucción” de los territorios afectados por sismo y con destino al Fondo Milagro.
En los pasillos del Capitolio entienden que la posibilidad de avalar las facultades extraordinarias también pasa por dejar de lado el diálogo con el Congreso. Por esa vía —y una “luna de miel” que no ha funcionado como era esperado— es que desde la bancada oficialista podría comenzar a ponerle freno a estas capacidades.
Otro texto que sigue en borrador también plantea esta figura: el estatuto antiterrorista. El exministro del Interior Rodrigo Lara estaba a cargo de ese articulado —avalado por el Consejo de Política Criminal—, que ahora está en manos de Alejandro Ordóñez y no ha sido radicado. En esas líneas, se solicita la aprobación del Congreso para expedir las normas que reglamenten el funcionamiento del Alto Comisionado contra el Terrorismo, cuyo despacho dependerá directamente del Departamento Administrativo de la Presidencia y su cabeza, elegida por el presidente.
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Sumado a eso está el establecimiento de “la acción de aprehensión preventiva abreviada” para que el Estado sea más expedito para que los bienes de organizaciones calificadas como terroristas pasen a sus manos, así como la posibilidad de entregar licencias para personas y firmas que trabajen con el control de criptoactivos. Pero estos puntos, como la misma creación de esa oficina contra el terrorismo, también tendrán que ser negociados y no pasarán tan fácilmente como los otros. Especialmente cuando tocan temas más técnicos que necesitarán el aval de los entes de control que actualmente supervisan estos procesos y una reorganización interna en la misma Presidencia.
El Legislativo reconoce que el diálogo con el Gobierno no ha fluido de la manera esperada. Y si bien el oficialismo está dispuesto a aprobarle las facultades extraordinarias con las que se quiere recortar el Estado, también lo hace con una negociación de fondo para que el Ejecutivo ceda en puntos clave en la ponencia del proyecto con el que se financiará ese presupuesto y lo mismo hará con las iniciativas que delinearán la hoja de ruta para los próximos cuatro años.
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luise(43869)•Hace 4 horasventa del pais y sus recurso, sin que nadie revise, avalué las empras a vender y lo que se deja de recibir en utilidades en un futuro cercano, pero uds. sólo publican sin revisar, mirar, preguntar o analizar, que tristeza ESPECTADOR, juguete más de losmpoderosos, cunato dolor estaría sintiendo GUILLERMO CANO si los pudiese ver, vendieron el alma al diablo y contatan periodistas de medio pelo. venció mi suscripción y no la renovaré, hoy uds. no merecen recibir dinero por su pauperrimo trabajo.