Ahora que se saben cuáles son los planteamientos que tiene el presidente Abelardo de la Espriella para regular las protestas y el marco en el que puede actuar la Fuerza Pública cuando se presenten desmanes, en el país político se abrió un fuerte debate por sus alcances.
Una de las razones es que la izquierda que ahora es oposición quiere que las calles sean de nuevo un epicentro del debate electoral, por lo que ya notificó que hará presencia en marchas estudiantiles y sindicales para promover su proyecto de cara a las elecciones regionales de 2027.
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Y en ese contexto es que el Ejecutivo determinó, entre otras cosas, que la Policía haga presencia constante a por lo menos cuatro metros de una manifestación, estableció que el diálogo no impide el uso de la fuerza disuasoria y estableció la individualización de personas si hay sospecha de violencia o porte de armas o artefactos explosivos. Todo está en un borrador de decreto del Ministerio del Interior que reveló El Espectador.
“El proyecto es respetuoso de la protesta social”, precisó Rodrigo Lara, jefe de la cartera política, quien agregó que “ni un derecho menos para quien marcha. Ni un espacio más para quien destruye. El trancón no es violencia. La incomodidad no es violencia. Agredir, portar armas, retener personas o impedir una ambulancia, sí. El diálogo no se cierra: sigue con quien marcha y, a la vez, se actúa contra quien agrede”.
De hecho, el funcionario recordó que el documento está en consulta pública hasta el próximo 4 de octubre, por lo que aún se pueden realizar modificaciones en su contenido si hay consenso y necesidad jurídica.
Todo esto, por supuesto, abrió un debate sobre los alcances de una medida de esta naturaleza. En efecto, desde sectores académicos y centros de pensamiento hubo varias opiniones, pero donde realmente se dará la discusión de fondo es en el ámbito político. Y no solo porque las calles son el escenario de debate que quiere promover la izquierda –el expresidente Gustavo Petro las convocó de nuevo este miércoles tras conocerse estas medidas–, sino porque en el seno del Congreso surgieron voces en torno a que ajustes de esa naturaleza deberían pasar por el Capitolio.
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Gabriel Rondón, exviceministro del Interior y promotor de la reorganización del denominado progresismo, aseguró que –desde su óptica– al Gobierno supuestamente “no le interesa la participación ciudadana y mucho menos el debate democrático, por lo que entre todos debemos defender la democracia”. Esta postura la respaldó el representante del Pacto Histórico Camilo Torres, quien aseguró que “el derecho a la protesta no se negocia ni se recorta”.
Desde la otra orilla, la del Centro Democrático, la senadora María Clara Posada afirmó que “la intervención de las protestas violentas por parte de la Fuerza Pública no podía estar condicionada a eternos diálogos mientras destruyen las ciudades”. Y su par del Partido Liberal Héctor Olimpo Espinosa advirtió que se debe analizar que “no sobrepase los límites reglamentarios del Gobierno, porque buena parte de la reglamentación de un derecho fundamental y constitucional, como el de la protesta, pasa la competencia del Congreso”.
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En este contexto también se pronunció el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, quien advirtió que “las normas dejaron desamparados a los ciudadanos porque el ejercicio del derecho a la protesta no es una patente para ejercer violencia, destrucción e intimidación; por eso, hay que también proteger a quienes no protestan”. Reporteros de este diario fueron informados que en la oposición se alista una presencia más fuerte en las calles para movilizar su campaña hacia las regionales de 2027, por lo que –en paralelo– se preparan demandas para intentar tumbar estas disposiciones. Y en la derecha, en especial la que lidera actualmente la Casa de Nariño, el objetivo es defender el contenido pleno del borrador de decreto y ponerlo en práctica en el menor tiempo posible.
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