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Al mismo tiempo que la izquierda alimenta el relato de sus bases para impulsar movilizaciones que permitan mantener la relevancia en el debate electoral –y que la derecha enfila baterías para que las regionales del próximo año sean un escenario de consolidación–, el Gobierno delineó los puntos con los que quiere que se atiendan las protestas durante el próximo cuatrienio.
Aunque esas tres escenas no tienen una conexión directa, la coincidencia de tiempo y propósito político sí las unen. La Casa de Nariño dejó claro que respeta y respalda la movilización pacífica, sin violencia y sin bloqueos; pero la oposición quiere que las calles sean ese otro escenario de debate que les sirva para consolidar su proyecto. Y es ahí, en esas dos posturas, que los 24 artículos de un borrador de decreto permean estas diferencias.
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El Espectador reveló este miércoles en su versión digital el contenido de una iniciativa que ya tiene el aval del presidente Abelardo de la Espriella y en la cual, entre otros asuntos, plantea un acompañamiento permanente de la Policía a las movilizaciones, la posibilidad de individualizar personas si existen indicios de hostigamientos violentos o porte de armas o explosivos, el uso de la fuerza disuasoria más allá de si hay o no un diálogo abierto y la obligatoriedad de hacer balances públicos oficiales tras cualquier protesta.
Concretamente se trata de un ajuste al Decreto 003 de 2021, el cual establece los protocolos que dan sustento jurídico al “Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana”. El grueso de los planteamientos es vía adiciones a ese documento, las cuales se han construido bajo el liderazgo del Ministerio del Interior que lidera Rodrigo Lara.
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Para llegar a ellos, de acuerdo con información recogida por reporteros de este diario, se realizaron al menos seis reuniones entre el 1° y el 23 de septiembre pasados. En esos espacios estuvieron delegados del Ministerio de Defensa de Jorge Mora, de la Defensoría del Pueblo de Iris Marín, más de 40 personas en representación de la sociedad civil y, entre otros, voceros de gremios y de entidades nacionales y extranjeras.
“La Policía Nacional dispondrá de un dispositivo de acompañamiento a la manifestación pública, el cual deberá estar ubicado a una distancia mínima de cuatro metros, este dispositivo tendrá como finalidad garantizar el ejercicio pacífico del derecho a la protesta y proteger tanto a los participantes como a las personas que no forman parte de la manifestación”, dice en el artículo 12 del borrador de decreto que se construyó a partir de todos esos encuentros.
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Otro de los ítems que surgió a partir de esos diálogos, lo que no significa que se comparta por completo entre los participantes, se relaciona con los momentos en que la Fuerza Pública puede actuar. Esto es clave para la Casa de Nariño, pues el actual Ejecutivo ha dicho públicamente que sus antecesores en el poder –la izquierda que de nuevo es oposición– debilitaron el accionar de los uniformados a nivel urbano y rural; se habla, incluso, de una parálisis tácita.
Eso en parte derivó en que, de acuerdo con datos del Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría –citados por el Gobierno–, “los eventos de protesta y conflicto manifiesto” aumentaron en el periodo del expresidente Gustavo Petro. En efecto, según las cifras, ese tipo de hechos pasaron de 1.427 en 2022 a 4.039 en 2025; además, en ese último año, los casos se registraron en 536 municipios de los 32 departamentos y Bogotá. “El bloqueo o corte de ruta fue el principal mecanismo de protesta, con el 41% de los casos”, se aseguró desde el Ejecutivo.
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En esta parte de la ecuación es cuando entran en juego las claridades sobre cuándo podrá actuar la Fuerza Pública. Y si bien se mantiene el diálogo como canal principal para solventar las manifestaciones, se deja claro que ese camino no es un freno ni un requisito previo para que los procedimientos disuasorios se pongan en marcha. Incluso, es explícito el interés de individualizar a quienes sean promotores de actos violentos o estén armados.
“Frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto, y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia”, quedó consignado en la parte inicial del borrador de decreto.
Aquí, además, se conjuga la declaración del presidente De la Espriella en torno a la intervención dentro de las universidades –en especial las públicas– cuando desde los campus se gesten actos que alteren el orden público o se afecten los derechos de quienes no están en las concentraciones. Eso despertó polémica en su momento por una posible violación a la autonomía universitaria, pero la Casa de Nariño se mantuvo en su postura.
Por eso, dentro de este protocolo que está en consulta pública hasta este domingo para determinar si se mantiene tal cual o se modifica, se estableció que si se identifican personas con determinadas conductas se podrá actuar directamente sobre ellas sin que se tenga que dar la fase de diálogo. La razón, de acuerdo con el Gobierno, es salvaguardar los derechos de las personas que no están en ninguna de las etapas de una protesta, pero que al final se ven afectados por la misma.
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“La obligación de privilegiar el diálogo (…) no pospone ni condiciona las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten los actos señalados”. ¿Cuáles son esos actos? “Cuando desde el inicio de la reunión o manifestación se identifique o determine el porte o empleo de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios; o la retención de personas contra su voluntad; o la agresión contra terceros no participantes, servidores públicos, personal uniformado, misiones médicas o misiones periodísticas; o la destrucción de infraestructura pública o privada”, responde el Ejecutivo.
¿Y qué pasa en esos casos? En el borrador de decreto asegura que “la Policía Nacional actuará, sin dilaciones innecesarias, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios de prevenir, contener y hacer cesar las conductas punibles o los actos de violencia”.
Todo esto, por supuesto, abrió un debate sobre los alcances de una medida de esta naturaleza. En efecto, desde sectores académicos y centros de pensamiento hubo varias opiniones, pero donde realmente se dará la discusión de fondo es en el ámbito político. Y no solo porque las calles son el escenario de debate que quiere promover la izquierda –Petro las convocó de nuevo este miércoles tras conocerse estas medidas–, sino porque en el seno del Congreso surgieron voces en torno a que ajustes de esa naturaleza deberían pasar por el Capitolio.
Gabriel Rondón, exviceministro del Interior y promotor de la reorganización del denominado progresismo, aseguró que –desde su óptica– al Gobierno supuestamente “no le interesa la participación ciudadana y mucho menos el debate democrático, por lo que entre todos debemos defender la democracia”. Esta postura la respaldó el representante del Pacto Histórico Camilo Torres, quien aseguró que “el derecho a la protesta no se negocia ni se recorta”.
Desde la otra orilla, la del Centro Democrático, la senadora María Clara Posada afirmó que “la intervención de las protestas violentas por parte de la Fuerza Pública no podía estar condicionada a eternos diálogos mientras destruyen las ciudades”. Y su par del Partido Liberal Héctor Olimpo Espinosa advirtió que se debe analizar que “no sobrepase los límites reglamentarios del Gobierno, porque buena parte de la reglamentación de un derecho fundamental y constitucional, como el de la protesta, pasa la competencia del Congreso”.
Reporteros de este diario fueron informados que en la oposición se alista una presencia más fuerte en las calles para movilizar su campaña hacia las regionales de 2027, por lo que –en paralelo– se preparan demandas para intentar tumbar estas disposiciones. Y en la derecha, en especial la que lidera actualmente la Casa de Nariño, el objetivo es defender el contenido pleno del borrador de decreto y ponerlo en práctica en el menor tiempo posible. Hay expectativa por el desarrollo de esta discusión.
Vea aquí el borrador de decreto completo:
Vea aquí la memoria justificativa:
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Pipo Solarte(exbqo)•Hace 1 minutoCon la pugnacidad y agresividad promovida por Abelardo, todo indica que regresaremos a las épocas de grandes manifestaciones y sacadas de ojos por parte de los proyectiles arrojados por la fuerza pública.
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conrado(xybxp)•Hace 28 minutos"El policía y el soldado también es explotado,por eso marcha a nuestro lado". Estribillos de aquellas marchas,tiempos a…
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Brayan Tibocha(jbw8b)•Hace 6 horasSi actúan como las marchas que tuvimos los de la derecha contra petro, civilizadas, pacíficas y democráticas, no hay problema, pero si actúan con la salvajada típica de la izquierda, con los terroristas de la primera línea, pues que les caiga todo el peso de la ley y la mano dura del estado para proteger a la sociedad.
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Mar(60274)•Hace 2 horasLa izquierda respetó las marchas de la derecha, cosa que la derecha no hace.
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Edgard(56726)•Hace 7 horasLos organizadores de las protestas deberán solicitar el permiso donde en el se les indica que serán responsables por las demandas civiles y penales que puedan derivar de perder el control de una protesta pacifica, con eso veremos como se les quita el hipo a esta parranda de desocupados que no hacen un culo por el pais. Ahora como ya no habra tanta platica y como les daran duro para que se eduquen, veremos como se arregla el problemita…. duro con estos vagabundos, pero mas duro con los jefes de
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Brayan Tibocha(jbw8b)•Hace 6 horasTotal apoyo don Edgard.
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Luis(71001)•Hace 8 horasEs decir, regresan los asesinatos, las mutilaciones de ojos y la violencia sobre quienes protestan, a manos de la policía y de la gente de bien con pistola al cinto, como ya vemos en la exhibición del tigre.
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JUAN CARLOS(90619)•Hace 8 horasEs un peligro este proyecto de decreto, una interpretación tan amplia de violencia es una puerta abierta al abuso, la represión y la intimidación sobre quienes protestan.