Subió el tono entre ramas del poder con un plazo de cinco días para el “decretazo”

El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez; el mandatario Gustavo Petro; y la cabeza del Congreso, el senador Efraín Cepeda.

Foto: Corte Constitucional / Juan Diego Cano / Partido Conservador

A cerca de cinco días de que se venza el plazo que se puso el gobierno de Gustavo Petro para firmar el decreto que convocará la consulta popular, el choque de versiones de las ramas del poder en Colombia subió el tono e insistió en la versión de un “golpe” contra la democracia. Pero aun con un documento ya creado, el Ejecutivo tendrá que tomar una decisión final —entre llamados de sus exaliados para “reflexionar con calma”— sobre si presentar o no ese texto.

En línea con esas advertencias que ya había lanzado desde este martes, cuando el mandatario anunció el “decretazo”, el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), desde el evento de Asobancaria —al que Petro fue invitado, pero no asistió— , se fue contra la Casa de Nariño y señaló al jefe de Estado de “agitar a los suyos, vigilar a los demás, imponer una consigna ideológica”. En sus acusaciones, en las que lo igualó a figuras como Daniel Ortega (Nicaragua) y Hugo Chávez (Venezuela), dijo que, para Petro, “la justicia solo es válida si le da la razón, el Congreso solo es legítimo si legisla como se le ordena desde Palacio”.

Y a esos señalamientos por el “lenguaje de la humillación” como “herramienta de Gobierno” se sumó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, el presidente de la Corte Constitucional a la que el Gobierno instó a decidir sobre la viabilidad de la consulta popular. En el mismo evento, recordó que “las autoridades están constituidas para defender como lo ordena la Constitución, los principios y los valores fundamentales de la sociedad”.

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“La obligación de las autoridades es mantener, conservar, y restablecer el orden público, inclusive cuando fuere turbado. Las autoridades están constituidas para garantizar la convivencia pacífica y el normal funcionamiento de las instituciones. No lo están para llamar al odio, ni a la división de la sociedad civil”, agregó.

Sus palabras no son menores en medio del clima de agitación política que vive el país, que, además del “decretazo”, se enfrenta a dos movilizaciones por parte de orillas opuestas. La primera está convocada para el 11 de junio y el presidente ya notificó que llegará a las calles de Cali para hacer eco de su propio llamado a respaldar el proyecto político del “Gobierno del cambio”.

Y está pendiente la citación que hará la oposición para lo propio, que también se medirá en las calles para señalar al mandatario de un “golpe de Estado”. En todo caso, a esa orilla se han unido figuras que se ubican en el “centro” político: tanto el exsenador Humberto de la Calle como el expresidente Juan Manuel Santos han hecho llamados al exmandatario Álvaro Uribe para un frente común contra el posible decreto.

¿Qué vías analiza el Congreso para el “decretazo”?

Lo cierto es que ni siquiera en el Ejecutivo están seguros de que ese texto salga a la luz. El propio ministro del Interior, Armando Benedetti, ha dicho que es posible que, de aprobarse en la plenaria del Senado la reforma laboral con lo concertado en el texto que venía desde Cámara, esas advertencias podrían caerse.

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Con eso mente, la cámara alta está citada de lunes a viernes de la próxima semana para sacar ese articulado lo antes posible y así pasar a la conciliación, donde podría verse complicada la negociación. Todo esto, teniendo en cuenta que el aprobado de la Comisión Cuarta del Senado no tiene el visto bueno del presidente ni de su bancada, que anunció que presentará una ponencia alternativa a la que se construya con base en ese texto.

En esa semana, además, se analizan las posibilidades de votar esa segunda consulta popular que fue presentada por el Gobierno, con cuatro preguntas extra sobre salud. Por el momento, eso está en segundo plano en medio de las confrontaciones de lado y lado.

A eso se suma que el decreto saldría con base en la primera solicitud y se sustenta en que el Senado no se pronunció sobre eso en específico. Si bien desde la Casa de Nariño han argumentado que, aunque la votación haya ocurrido, habría al menos seis violaciones al trámite que derivaron en que esta fuera inexistente en términos jurídicos.

Eso fue rebatido, incluso, por el procurador Gregorio Eljach, quien fue elegido como secretario del Senado en al menos 12 ocasiones antes de encabezar el ente investigador. Este mismo viernes, advirtió que la Procuraduría someterá a acción disciplinaria a todo servidor público “que se salga de los carriles, de la legalidad, de la constitucionalidad”.

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“En el Congreso de la República está representada la legitimidad. Allí se discute, allí se confronta, allí hay desacuerdo, pero los mecanismos de la Ley 5° de 1992 también ofrecen las posibilidades de solucionar esos trancones, esos enfrentamientos (...). Se negó formalmente y así está establecido, y no cabe discusión jurídica alguna. La posibilidad de la primera solicitud [de consulta] del señor presidente de la República de que el Senado de la República diera un concepto favorable: no lo dio, no existe", apuntó.

Mientras el procurador hizo el llamado para que se dejara al Consejo de Estado decidir sobre la validez de este argumento —pues una demanda contra la votación ya fue aceptada en ese alto tribunal—, el Gobierno ha mirado para otro lado: la Corte Constitucional. Pues aunque se trate de un decreto, un acto administrativo que generalmente llega al primero, desde la Casa de Nariño han señalado que es un “proceso constitucional”, por lo que quien deberá tomar la decisión es, a sus ojos, el segundo.

En la noche de este viernes, el presidente Petro respondió, a través de su cuenta de X, a varios de esos pronunciamientos. “Lo que hay es que llamar al pueblo a decidir como en cualquier democracia moderna. La independencia de los poderes tienen una base común; la soberanía popular. Así se escribió en la Constitución y ese es nuestro verdadero acuerdo de paz”, dijo sobre el mensaje de Ibáñez.

Y también se volvió a ir de frente contra Efraín Cepeda, esta vez por la denuncia que este interpuso ante la ONU por el decreto de la consulta. Piensa que es una amenaza que el pueblo decida. “Como no. Las leyes que ha hecho siempre han ido en contra de los intereses del pueblo”, le respondió.

El tiempo sigue corriendo, tanto para el fin de esta legislatura, que es el 20 de junio, como para la fecha límite del Ejecutivo para sacar ese decreto. En el entretanto, de lado y lado alistan estrategias para consolidar sus apuestas en las calles y, a mediano plazo, una campaña política que ya se adelantó.

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