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Por considerar contrario al deber constitucional de proteger las riquezas naturales de la nación y el derecho a un medio ambiente sano para los colombianos, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra uno de los apartes del Código Minero.
De acuerdo con esta norma, si un agente minero que opera sin título inicia su proceso de legalización, la Fiscalía no puede ejercer acciones penales en su contra hasta que la autoridad ambiental resuelva dicha legalización, como tampoco podrán las autoridades administrativas locales tomar medidas para suspender la actividad minera y proceder al decomiso de materiales en esos complejos que operan sin el lleno de los requisitos legales.
Así las cosas, la norma permite que las minas sin título funcionen sin control, favoreciendo la explotación, transporte, aprovechamiento y comercialización de materiales sin las condiciones mínimas de seguridad, y al margen de las disposiciones ambientales, laborales, de seguridad industrial y salud ocupacional pertinentes.
Pese a las cerca de 5 mil visitas de fiscalización, seguridad y salvamento reportadas a comienzos de este mes por la Agencia Nacional de Minería, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, dijo que la ausencia de controles que permite la norma durante el proceso de legalización, termina autorizando actividades mineras sin la adecuada implementación de medidas de mitigación y prevención de riesgos.
Para la Defensoría del Pueblo, el artículo 165 del Código viola los principios de protección a los recursos naturales y al medio ambiente, y resulta contrario al deber del Estado de garantizar un orden justo, máxime cuando según cifras oficiales a mayo pasado, hay cerca de 3 mil complejos de extracción que aún están en proceso de formalización, y que por lo anterior constituyen un escenario de riesgo ante posibles accidentes, contaminación de fuentes hídricas y presencia de grupos ilegales.
“La actividad minera que se ejerce sin el lleno de los requisitos legales genera altísimos costos para la naturaleza, la seguridad de los ciudadanos y los deberes relacionados con la prevención de daños ambientales y ecológicos”, manifestó el defensor Otálora tras radicar la demanda.
La Defensoría espera que con el ejercicio de esta acción se habilite a la Fiscalía y a autoridades locales para ejercer acciones contra la minería ilegal, de tal manera que contribuya definitivamente a detener este fenómeno que ha causado lamentables tragedias ambientales y humanas en el país.