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16 Dec 2021 - 6:50 p. m.

Definitivo: Senado también hundió “mico” contra la libertad de prensa

Tal como lo hizo la plenaria de la Cámara, de forma unánime el Senado sepultó el polémico artículo 68 de la Ley Anticorrupción, calificado por organizaciones no solo como un “mico”, sino una mordaza a la prensa.
El artículo establecía penas de hasta 10 años de cárcel y multas de hasta 1.500 salarios mínimos a quienes denunciaran actos de corrupción y además incluía sanciones como invalidar la personería jurídica a organizaciones y medios que publicaran o hicieran denuncias sin que existiese sentencia judicial en firme.
El artículo establecía penas de hasta 10 años de cárcel y multas de hasta 1.500 salarios mínimos a quienes denunciaran actos de corrupción y además incluía sanciones como invalidar la personería jurídica a organizaciones y medios que publicaran o hicieran denuncias sin que existiese sentencia judicial en firme.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En línea con lo hecho por la plenaria de la Cámara de Representantes, este jueves la plenaria del Senado hundió definitivamente el polémico artículo 68 que se coló en el proyecto de Ley Anticorrupción, al que sectores políticos, de la opinión pública y de los medios de comunicación, calificaron como un “mico” que buscaba censurar a la prensa.

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De forma unánime, el artículo fue excluido de la conciliación de la iniciativa. Aunque ese punto ya había sido eliminado en Cámara, era necesario que el Senado hiciera lo propio para que, de forma definitiva, quedara sepultado.

El controvertido artículo contemplaba penas de entre cinco y 10 años de cárcel y multas de hasta $1.359 millones contra quien profiriera injuria o calumnia contra funcionarios, e incluso, exfuncionarios públicos. Adicionalmente, se establecía que, en caso de que quien profiera la injuria o calumnia sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, se suspendería o cancelaría la personería jurídica de esta.

El artículo fue incluido en el informe de ponencia para segundo debate en Cámara de Representantes, a cargo del representante César Lorduy, de Cambio Radical. Ante ello, organizaciones como Transparencia por Colombia, Dejusticia, la Asociación de Medios de Información (AMI), Asomedios o la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) advirtieron que la iniciativa suponía amenazas para la libertad de expresión, así como para la libertad de prensa.

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En un primer momento, el proyecto que fue presentado por el Gobierno no tenía dicho artículo, así lo deja ver el texto radicado. Tampoco se agregó en la primera ponencia y en el debate en la Comisión Primera del Senado. Es más, para el debate en Plenaria, la segunda ponencia tampoco incluía este punto. Fue en las discusiones de esta instancia que se agregó el cuestionado artículo.

En la transmisión del debate se observa que el ponente, el senador Germán Varón Cotrino, dice que dicho artículo viene avalado y que su finalidad es establecer “una protección a los funcionarios que ejercen el tipo de actividades que la Contraloría va a recuperar bienes públicos. Se establece que cuando hay una sentencia condenatoria por injuria y calumnia contra un particular que hace este tipo de afirmaciones para evitar una investigación de carácter fiscal podrá perder la personería jurídica”.

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