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Al primer paquete de proyectos legislativos que radicó el gobierno Duque en el Congreso ya le salieron varios ‘peros’. Este lunes, la representante de la Alianza Verde, Juanita Goebertus, denunció un supuesto ‘mico’ en una de las iniciativas que llevó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, relacionada con hacer pública la declaración de renta por parte de los funcionarios del Estado.
El proyecto de acto legislativo del uribismo busca reformar, concretamente, el artículo 122 de la Constitución Política, el mismo que fue modificado en 2017 en aras de acelerar la implementación del Acuerdo de Paz. En ese entonces, se incluyó que los excombatientes (guerrilleros o paramilitares) que hayan suscrito con el Estado un acuerdo para la terminación del conflicto y no hayan vuelto a delinquir, entre otras condiciones precisas, podrán ser contratados como servidores públicos o trabajadores oficiales.
“El gobierno Duque estaría eliminando la incorporación de excombatientes. La pregunta es si es un descuido o se trata de un ‘mico’. En el proyecto radicado por el gobierno Duque para poder obligar a los funcionarios públicos a presentar su declaración de renta y actualizarla de manera periódica, al mirar en detalle uno se da cuenta de que el proyecto busca eliminar el último parágrafo del artículo 122 de la Constitución”, fue la denuncia que hizo la legisladora de la Alianza Verde quien hizo parte de la delegación técnica de las conversaciones de La Habana.
De hecho, recordó que a raíz de esa reforma, varios excombatientes se sumaron a los procesos de desminado humanitario en distintas regiones del país e, incluso, exparamilitares pudieron ser reincorporados a la vida civil, prestando servicio de atención sicosocial en la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN). El parágrafo que fue omitido en el proyecto presentado por la jefe de la cartera política también se extendía a los miembros de la Fuerza Pública con responsabilidad en el conflicto armado que se sometan a la Jurisdicción Especial de Paz “quienes podrán ser empleados públicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado, cuando no estén efectivamente privados de su libertad”, señala el texto aprobado en 2017.