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Pasada casi una semana desde que la Corte Constitucional tumbó el plan ambiental para usar glifosato en los cultivos de uso ilícito, este martes nuevamente el presidente Iván Duque se refirió al asunto y, al insistir en la necesidad para combatir el narcotráfico, alegó que “no podemos seguir viendo un aparato judicial que limita constantemente la capacidad de enfrentar este fenómeno”.
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Justo el pasado miércoles, el alto tribunal dejó sin efecto el Plan de Manejo Ambiental que expidió la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) como uno de los requisitos para usar el glifosato en los cultivos de coca. La decisión obedece al estudio de una tutela que presentaron organizaciones de derechos humanos y ambientales aduciendo que la ANLA vulneró su derecho a la participación, al expedir un documento que ordenaba realizar audiencias virtuales para abordar el uso del químico.
Frente a ello, en desarrollo de un foro, el mandatario aseguró que Colombia enfrenta hoy una gran amenaza por cuenta del narcotráfico y, al señalar que entre 2014 y 2018 los cultivos ilícitos pasaron de 50.000 hectáreas a más de 200.000, defendió que en su gobierno se implemento un plan de choque “que logró contener el crecimiento exponencial”. Sin embargo, sostuvo que para atacar la problemática se requiere una “visión integral”, que abarque erradicación, sustitución, desarrollo alternativo y “la aspersión con precisión donde corresponda”.
“Frente a todos esos discursos que se escuchan en materia de legalización hay que decir que para poder dar un debate sensato se necesitaría que todo el planeta estuviera alienado ahí. Ese discurso no se puede convertir en una forma de eludir el reto que tiene esta criminalidad en nuestro país y no podemos seguir viendo un aparato judicial que limita constantemente la capacidad de enfrentar este fenómeno”, declaró el jefe de Estado.
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Según Duque, se trata de un asunto de primer orden si se tiene en cuenta que “detrás de los crímenes y el asesinato de líderes sociales” están los narcotraficantes, precisando que “son los grupos armados organizados los que se nutren del narcotráfico y están asesinado a personas en proceso de reincorporación”.
“Necesitamos la aspersión con precisión donde corresponda, porque tenemos situaciones de campos minados o de francotiradores al servicio de carteles que ponen en riesgo la vida de quienes están tratando de enfrentar un fenómeno que no solamente afecta la seguridad, sino que además es ecocida: por cada hectárea de coca que se siembra se están destruyendo alrededor de dos hectáreas de bosque tropical húmedo”, precisó.
El pasado jueves, conocido el fallo de la Corte, Duque instó a “hacer una reflexión pensando en el país”, señalando que el narcotráfico debe enfrentarse “con todas las herramientas que tengamos a disposición” e insistiendo en un combate integral y con “las herramientas de aspersión con precisión”.
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La decisión de la Corte Constitucional deviene de un cúmulo de peticiones de comunidades ubicadas en los seis núcleos pensados por el Gobierno para realizar la tarea, que abarcan 14 departamentos y 104 municipios. El expediente en todas las instancias ha resultado favorable para las comunidades, las cuales reclaman garantías para discutir qué irá o no en el Plan de Manejo Ambiental. Todo porque el proyecto contó con distintas reuniones en 2020, en pleno auge del COVID-19, lo cual imposibilitó la participación plena de quienes firmaron la tutela. Problemas de conectividad, resaltaron.